La legislación estipula que, con algunas excepciones, todo trabajador y los miembros de sus familias estén cubiertos por una red de protección social que se financia con contribuciones de empleadores y trabajadores. Esta legislación, en una gran medida se incumple y en otra medida tiene excepciones. Como resultado, la mayoría de los trabajadores no gozan de protección social contributiva. La demanda por tal protección es entonces satisfecha por otros medios: las familias y el estado. Sin embargo, cuando el estado provee protección social para quienes no la obtuvieron formalmente en el mercado laboral introduce distorsiones: los incentivos para contribuir a una protección social que provenga de las relaciones laborales se reducen. Esto es especialmente relevante en los empleos de baja productividad.