Autor:

Luis Villanueva Coordinador del Proyecto ARG16/019 Subsecretario de Políticas de Transparencia e Integridad, Oficina de Anticorrupción de la Argentina

Las agendas de derechos humanos y lucha contra la corrupción se desenvolvieron en forma paralela y progresiva. Tanto a nivel nacional, como internacional, se fortaleció, por un lado, el sistema de derechos humanos para su efectiva protección y, por otro, se desarrollaron esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción.

Existen implicaciones comunes a ambas agendas, tales como los recursos públicos que se desviaban por causa de la corrupción afectando los derechos humanos; los riesgos de investigar y denunciar estos hechos o el impacto que este fenómeno podría tener en materia de administración de justicia (en términos de respeto por las garantías constitucionales en los procesos para evitar la persecución política so pretexto de la corrupción).(1)
  
El proceso de convergencia más sustantivo es reciente. En los últimos años se comenzó a entender que no era posible abordar la defensa de los derechos humanos y la prevención de la corrupción sin establecer los vínculos necesarios entre ambas esferas. Sin embargo, aún queda mucho por trabajar para finalmente mitigar aquella mirada que percibe a dos fenómenos separados que se vinculaban entre ellos de manera indirecta o marginalmente.

Uno de los puntos esenciales de confluencia entre los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción es la necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional del Estado de Derecho y la democracia. La asociación exclusiva que, de manera generalizada, se hace del fenómeno corrupción con el sector público ha provocado a nivel nacional y regional que se alcen voces a favor de la reducción de las instituciones del Estado, es decir, de eliminar o reducir lo público como solución al fenómeno en cuestión. Sin embargo, y por el contrario, en la lucha anticorrupción necesitamos Estados más robustos y eficientes, con instituciones fuertes en ética, transparencia e integridad, capaces de garantizar los derechos humanos de sus poblaciones, en especial de los grupos que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Sobre este punto, es propicia una reflexión más profunda que implique también la interseccionalidad con el sector privado y las responsabilidades del mismo.

En este sentido, es importante deconstruir la idea de corrupción, salir de las visiones reduccionistas que se apoyan en la evaluación individual costo-beneficio para incorporar una mirada que incorpore una gramática del poder. Desde este enfoque, Christian Gruenberg (2) señala que la corrupción no se considera como un simple acto egoísta, racional y aislado, sino como una práctica profundamente arraigada a nivel social y económica, moldeada por nociones culturales acerca del poder, los privilegios y el estatus social, en donde el Estado y las empresas comparten responsabilidad.

De esta forma, se entiende a la corrupción como un fenómeno complejo, multidimensional, que debe ser históricamente situado, y que implica esencialmente una forma de abuso de poder. Por lo tanto, resulta clave analizar la relación entre las prácticas corruptas y las distintas formas en las que el poder opera en la sociedad; así como también, estudiar las relaciones desiguales entre corporaciones y ciudadanos/as, en donde el abuso del poder de las primeras encuentra un campo fértil para corromper y captar las decisiones del Estado.

A su vez, también está señalada la relación directa entre los niveles de afectación a los derechos humanos, los grados de afectación de los hechos de corrupción y el rol del sector privado en los mismos.  Sea como actor relevante a la hora de recrear un hecho corrupto como del blanqueo de sus posteriores beneficios económicos.
En esta línea, el documento que plasma “La posición común de las Naciones Unidas para abordar la corrupción global” del año 2021, sostiene que durante la última década, el mundo ha estado plagado de una serie de escándalos de corrupción complejos y multijurisdiccionales perpetrados por redes organizadas que involucran a los sectores público y privado. Estas redes a menudo operan simultáneamente en las esferas legal e ilícita, así como en los sectores formal e informal, y han alcanzado formas modernas de actuar a través de una variedad de entidades y profesionales del sector privado, incluidas instituciones financieras, empresas ficticias y facilitadores, como contadores o abogados que utilizan tecnología avanzada para desviar y lavar niveles incalculables de activos.

La Oficina Anticorrupción (OA), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (3), desde el 2020, lleva adelante un proyecto que vincula el fenómeno de la corrupción con los derechos humanos (haciendo un especial enfoque a la perspectiva de género) y los derechos medio ambientales. Para eso, se convocó a especialistas de diversas disciplinas provenientes de universidades de todo el país, que aportaron ideas y propuestas en este cruce innovador. Asimismo, se trabajó en la incorporación de este enfoque en las políticas públicas en las que venía trabajando la OA. Entre ellas, el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades (RITE).

Este proyecto (elaborado de un modo colectivo entre sectores público, privado y sociedad civil) e iniciativa de la Oficina Anticorrupción, consiste en el desarrollo de una plataforma digital dirigida a empresas y entidades (privadas, públicas, cooperativas, etc), de cualquier tamaño, interesadas en mostrar su compromiso con el desarrollo de acciones de integridad para mejorar la transparencia de sus operaciones. De esta forma, se pone en práctica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y se genera un espacio para dar cuenta sobre los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es que facilita la posibilidad de demostrar las acciones enmarcadas en los Programas de Integridad y se hace posible escalar hacia una integridad aumentada, que incorpore el cumplimiento con las reglas sobre derechos humanos, género o medio ambiente.
En resumen, un enfoque de lucha anticorrupción basado en derechos humanos respecto de las actividades y operaciones empresariales abre una nueva perspectiva a los esfuerzos por el respeto y garantía de tales derechos. En ese sentido, es fundamental, asegurar mecanismos efectivos para prevenir la corrupción y promover la transparencia e integridad no sólo desde la formulación de legislación y políticas públicas en cabeza del Estado, sino también en aquellos mecanismos y planes liderados por las propias empresas para identificar y enfrentar de manera más adecuada los principales desafíos y riesgos que existen para el respeto de los derechos humanos según las particularidades de cada contexto.

Es fundamental que la agenda de corrupción, derechos humanos y el sector privado se aborden de manera conjunta y no aisladamente. En ese cruce hay políticas públicas y privadas de derechos humanos que incorporan la perspectiva de transparencia e integridad para combatir la corrupción; y a su vez, existen políticas de transparencia para combatir la corrupción que deben incorporar una perspectiva de derechos humanos.
  
En el primer caso, las políticas incluyen mecanismos de transparencia activa y producción de información desagregada, participación afectiva de los actores involucrados, controles internos y externos, medidas de seguimiento, monitoreo y evaluación, compliance, gobierno corporativo, responsabilidad social empresaria, entre otros. En el segundo caso, las políticas públicas y privadas de integridad y transparencia que incorporan la perspectiva de derechos humanos no deben operar en el vacío, sino que deben contemplar el impacto desigual de la corrupción y la condición de las personas y los grupos sociales. Es decir, deben contener medidas para promover la igualdad, eliminar la discriminación, remover los obstáculos económicos, legales y políticos que le impiden a los grupos oprimidos organizarse y movilizarse, y evitar que los grupos concentrados de poder continúen favoreciendo las inequidades.

El proyecto que la OA y PNUD procuró impactar en las dos esferas, incorporando una mirada innovadora, amplia y disruptiva sobre integridad. En la reunión del 2022 de la Plataforma Regional para la Aceleración de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Allí la delegación Argentina, expuso esta mirada: una política anticorrupción debe proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad. Las representaciones asumieron el compromiso de incorporar la perspectiva de derechos humanos y género en todas las áreas temáticas identificadas como prioritarias, sus objetivos y actividades.

Sin dudas estos dos años de trabajo con PNUD permitieron que nuestro país logre un avance significativo en las políticas públicas que cruzan corrupción con derechos humanos. Que poder ver cómo este paradigma se asienta en la región es sin dudas otro logro que genera enorme satisfacción.

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 (1) Estas cuestiones fueron tratadas en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2019 al que puede accederse desde el siguiente link:. www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
 (2) Gruenberg, C. (2022). Corrupción, patriarcado y derechos humanos: el género del poder. Vol. Documento No1. Oficina Anticorrupción/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
(3) Proyecto PNUD “Cooperación para la implementación de políticas de transparencia y control de la corrupción aplicados en conjunto en gobiernos provinciales”