Argentina enfrenta grandes desafíos para garantizar el  acceso a justicia de todas las personas. La Agenda 2030 reconoce que para lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas, es necesario impulsar el estado de derecho y el acceso a justicia. La medición de dicho acceso en materia civil prevista en el Indicador -ODS16.3.3- y la metodología propuesta por la Iniciativa de Encuesta del ODS16, Manual de ejecución elaborado por el PNUD, ACNUDH y UNODC son herramientas que promueven una estandarización y comparabilidad internacional necesarias para medir los avances en materia de acceso.

En este sentido, los principales hallazgos en la medición del indicador de acceso a justicia civil en Argentina es que un 61,3% de las personas encuestadas se vio implicada en una controversia civil en los últimos dos años, presentando una preponderancia relevante de acceso a través de mecanismos formales, utilizado en el 75,3% de los accesos, situación que involucró al 80,8% de los casos. Por otro lado, los mecanismos informales y los casos de falta de información sobre el mecanismo utilizado representó el 24,6% de las respuestas. Así es que es posible afirmar que, 8 de cada 10 personas pudieron acceder a un mecanismo formal, y que solo 1 de cada 10 personas pudieron acceder a un mecanismo no formal.

La investigación que aquí se ha presentado constituye el primer testeo del indicador ODS16.3.3 en el marco de una encuesta de pobreza de alcance nacional que permite, además de medir el acceso a justicia civil, explorar vínculos entre la condición socioeconómica de las personas entrevistadas, los tipos de problema que enfrentan y  la comprensión de la dimensión legal de dichos problemas. Al diseñar e incluir un módulo de acceso a justicia en la encuesta que mide la deuda social Argentina, se operacionalizó la dimensión de capacidad legal y con ello los déficits vinculados al reconocimiento de la dimensión legal de los problemas que las personas experimentan, las razones de la inacción (déficit de acción) y el déficit que se vincula con capacidad que tienen las personas de accionar de manera conducente (déficit de gestión).

Los datos recolectados y la generación de información resultante de la investigación presentada serán insumos para el debate y la definición de políticas públicas en materia de acceso a justicia no penal, con énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad social. Ello así pues, el testeo del indicador de acceso a justicia en el marco de la encuesta de pobreza aportó evidencia sobre la situación más gravosa de falta de acceso a justicia en el caso de las personas pobres e indigentes.

Asi pues, los datos relevados confirman la hipótesis principal de este trabajo, la cual sostiene que “El acceso a justicia es una dimensión relevante para el desarrollo humano”. Así es que las prevalencias negativas que presentaron las condiciones sociales más adversas en las posibilidades de acceder a la justicia fueron contundentes. 

La existencia de factores socioeconómicos de carácter estructural potencian demandas de justicia y al mismo tiempo generan barreras de acceso. Esta doble función se hizo presente sobre todo al examinar la estructura social en términos económico-ocupacionales o según el estrato socioeconómico de los hogares, en ambos casos, quienes presentan mayores necesidades de justicia, alcanzan un menor acceso efectivo.

En contexto de pobreza extrema, las personas bajan sus demandas de justicia, al mismo tiempo que son muy bajas sus probabilidades de acceso a la misma.

Por el contrario, en el vértice superior de la pirámide social se ubica una población que, si bien registra menor búsqueda de mecanismos e instituciones de acceso a la justicia, alcanza logros casi plenos en materia de acceso.

Estos resultados fueron robustos en términos estadísticos, operando de manera independiente de otros factores intervinientes, los cuales también mostraron ser relevantes en ambos momentos del proceso.

Por ejemplo, las mujeres, las personas de mediana y mayor edad, y aquellas que viven en hogares con niños, tienden a tener más necesidades jurídicas, y en general (salvo las mujeres), consiguen un mayor acceso a la justicia. Se observó además que las personas en situación de inactividad o desempleo tienen una mayor probabilidad de demandar justicia, pero una menor chance de acceder a ella, en particular los jóvenes.

En cuanto al nivel educativo y la búsqueda de asistencia jurídica, quienes tienen al menos estudios secundarios completos son más propensos a buscar ayuda o asistencia jurídica, aunque este factor no resulta determinante a la hora de evaluar si efectivamente se consigue acceder a algún mecanismo formal o informal de resolución de conflictos. El hecho de tener un historial de trabajo en la informalidad está asociado con una menor demanda de justicia. Este factor, sin embargo, parece no estar asociado al hecho de conseguir acceder a mecanismos de resolución de conflictos.

El estudio también reveló la importancia de factores psicológicos y contextuales en el proceso de acceso a justicia. Por ejemplo: la creencia de control externo actúa como una fuerte (auto)barrera para el acceso a la justicia. La percepción de discriminación como motivador del problema influye de manera significativa. Quienes así lo consideran, tienen más probabilidades de demandar y acceder a la justicia. Por su parte, quienes consideran que su problema ha sido motivado por cuestiones de corrupción tienen una mayor probabilidad de demandar justicia, aunque este factor no parece afectar el acceso a ella.

La evidencia empírica obtenida en este estudio será sin dudas insumo para el debate y diseño de políticas públicas que fortalezcan el acceso a justicia, especialmente el de personas en situación de vulnerabilidad social y económica  en Argentina.

El desafío de garantizar el conocimiento sobre la dimension legal de los problemas y los modos de ejercer los derechos en función de los hallazgos de este estudio, abre camino al debate sobre cuáles son las mejores vías de implementación de políticas públicas eficaces.

El objetivo final es promover el empoderamiento y la autonomía de las personas para el ejercicio y goce de sus derechos.

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