Palabras de María Eugenia Di Paola,

Coordinadora del área Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD

A 25 años de la entrada en vigor del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, existen varios interrogantes que podemos hacernos, en función de los objetivos y metas que se plantearon en ese momento.

¿El Convenio está funcionando? ¿Cuáles son sus fortalezas y desafíos?

Estas preguntas son parte de un pensamiento crítico constructivo constante en el cual nos planteamos continuar con aquellas herramientas y prácticas valiosas, y mejorar y generar aquellas que sean necesarias en este contexto, de modo tal de no llegar tarde a la conservación de la diversidad biológica, y generar esquemas de conservación y sostenibilidad que vayan de la mano.

Sabemos que el Convenio de la Biodiversidad posee como tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Los niveles alcanzados son la diversidad genética, de especies y ecosistémica.

Sin lugar a dudas, la génesis del Convenio vino de la mano de la Conferencia de Río 92 en una mirada que combinó al desarrollo sustentable con el cambio de paradigma que involucró tres convenios coetáneos: el Convenio de Biodiversidad, el de Cambio Climático y el posterior de Lucha contra la Desertificación. Tres tratados con una mirada global de cambio, que deben nutrirse de medidas específicas, pero con la consideración de bienes globales fundamentales inescindibles, comunes a todos y vitales para la humanidad.  Asimismo el Convenio cuenta con dos protocolos de suma importancia, cuales son el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Vale la pena mencionar que, en Argentina, tanto el Convenio de Biodiversidad y el Protocolo de Nagoya fueron aprobados por el Legislativo Nacional, y por ende poseen una categoría superior a las leyes de acuerdo a lo indicado en la Constitución Nacional, a diferencia del Protocolo de Cartagena que no fue aprobado por el Congreso Nacional.

El trabajo previo de la sociedad civil y el ámbito académico fue clave para la construcción del Convenio de Biodiversidad, como ha sido el caso de la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza) que tuvo un rol fundamental en la antesala de su elaboración, y asimismo posteriormente a su adopción y entrada en vigor.

La información e investigación constituyen aspectos fundacionales y constantes en el seguimiento y la implementación del convenio, dada la estimación y los descubrimientos actuales vinculados  por ejemplo a las especies identificadas y por identificar, como así también en cuanto a aquellas amenazadas y en peligro de extinción. En este contexto resulta fundamental el trabajo que realizan las universidades, las entidades expertas, como así también el rol que posee el  IPBES (la Plataforma Científico- Política Intergubernamental en materia de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) establecida en el año 2012. Esta plataforma provee evaluaciones objetivas e información a los tomadores de decisión en la materia, y asimismo tiene un  esquema de gobernanza que se fortalece por la combinación e interacción entre los expertos y los diversos sectores.

Asimismo, en materia de toma de decisiones e información, no podemos desconocer la importancia de los principios clave que nutren el Convenio, cuales son los principios preventivo y precautorio, el enfoque ecosistémico y el manejo adaptativo como ejes de la protección de la biodiversidad. Porque es claro que la información e investigación son fundamentales para poder contar con evidencia para la toma de decisión, pero también es cierto que frente a la incertidumbre resultará crucial tender a la precaución ya que si no podremos encontrarnos en situaciones imposibles de remediar.

En cuanto a la desigualdad y la pobreza en el mundo, y en especial en nuestra región, la integralidad es la clave, y no podemos anteponer lucha contra la pobreza y protección de la biodiversidad, porque si no las soluciones a las que arribemos no serán tales. Esta es una falsa dicotomía que resulta de un esquema antiguo de crecimiento que es necesario revertir y que el Convenio de Biodiversidad, el Derecho internacional y la misma Agenda 2030 señalan como base a integrar. En este sentido  cobra relevancia el concepto de servicios que proveen los ecosistemas al planeta y a la humanidad y asimismo los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y su buen vivir, el rol de las comunidades locales y los necesarios beneficios de acceso a los bienes y recursos asociados (entre ellos los genéticos) que involucra la biodiversidad.

La Agenda 2030 aprobada en el año 2015 nos presenta la necesaria integralidad del desarrollo sostenible comprendiendo a la biodiversidad terrestre y marina en dos objetivos de desarrollo sostenible 14 y 15, con las respectivas metas asociadas. Respecto del Objetivo de biodiversidad marina y acuática, no podemos dejar de traer a colación los compromisos presentados el año pasado por la República argentina en la Conferencia Internacional de Océanos, como así también por diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil. Esta integralidad de conceptos también se presenta en vinculación a los Objetivos de pobreza y hambre cero, educación, género, producción y consumo responsable, acción climática, agua, energía, y otros,  y asimismo respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nro 16 de Paz e instituciones justas, que nos remite inevitablemente al recientemente aprobado Convenio Regional sobre Principio 10 de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental. Es que resultaría ficticio pensar en la conservación de la biodiversidad sin un involucramiento maduro del conjunto de la sociedad y la necesaria gobernanza transparente y virtuosa que permita que todos seamos guardianes de la misma.

En estos 25 años podemos considerar que se han dado pasos, varios ya mencionados, a los que podemos sumar el desarrollo de  una guía científica para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en todo el mundo, las estrategias y planes de acción de los protocolos del convenio, cabe en este sentido mencionar nuevamente al Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. Asimismo, con la adopción del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020  y sus Metas de Aichi, las partes están trabajando para el establecimiento de objetivos nacionales y regionales que promuevan la aplicación coherente y eficaz de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

La misión de dicho plan es «tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas tengan capacidad de recuperación y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza. A este fin, las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten en forma justa y equitativa; se proveen recursos financieros adecuados, se mejoran las capacidades, se transversalizan las cuestiones y los valores relacionados con la diversidad biológica, se aplican eficazmente las políticas adecuadas, y la adopción de decisiones se basa en fundamentos científicos sólidos y enfoque de precaución.»

El 25º aniversario de la Convención es una buena oportunidad para resaltar los logros del mismo, a nivel nacional, los que se suman a los alcanzados globalmente. Asimismo, nos sirve para mirar hacia el futuro, para hacer un seguimiento del plan.

Nuestro país posee una Estrategia Nacional de Biodiversidad, una Comisión Nacional de Biodiversidad (CONADIBIO) y una serie de herramientas normativas y de gestión, que se nutren del Derecho Internacional (se suman al Convenio de Biodiversidad y tratados y protocolos mencionados,  otros tratados de suma importancia como el de Ramsar- Humedales, la Convención de Derecho del Mar y CITES, entre otros), la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la legislación de bosques (que incorporó el concepto de servicios ecosistémicos), fauna, áreas protegidas, flora, y ecosistemas clave como los glaciares, la normativa provincial y municipal, y  las herramientas de gestión.

Asimismo, constantemente se plantean desafíos en torno a aspectos necesarios, tales como una nueva tipificación de delitos ambientales, una nueva normativa de presupuestos mínimos de protección en materia de biodiversidad, ordenamiento ambiental del territorio, evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental.

Las herramientas de planificación y de acceso a la información y participación también resultan fundamentales en su combinación para una gobernanza adecuada del ambiente y la biodiversidad.  Asimismo, la consideración de los cambios necesarios en la economía y la adaptación de las actividades productivas que afectan la biodiversidad, son troncales para que el cambio ansiado se concrete, por esa causa el trabajo con las comunidades y la puesta en valor de las economías regionales sostenibles resulta clave en este sentido.

Desde el PNUD y junto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, venimos trabajando con el gobierno y la comunidad en ejes que fortalezcan la gobernanza ambiental, la participación, las herramientas de conservación en materia normativa, económica, y de gestión ecosistémica que tiendan a un desarrollo sostenible (pueden ver las fotos que están aquí exponiéndose que muestran imágenes de dichos esfuerzos), y somos conscientes que los indicadores a nivel global en materia de pérdida de biodiversidad no son alentadores. Esto no significa que los esfuerzos no valgan la pena, pero si nos fuerza a una constante revisión y chequeo para poder lograr las metas de Aichi, con una mirada integral que tienda a una real conservación de la biodiversidad. Sabemos que se trata de una tarea compleja en la cual contamos con un acuerdo global de la magnitud del convenio, y sus planes y herramientas asociadas, teniendo en cuenta el horizonte de un mundo más justo y sostenible y la necesidad de generar alianzas positivas, en línea con el llamado de la agenda 2030.

Asimismo, quisiera hacerme eco del mensaje enviado hoy por el Secretario General de Naciones Unidas, en cuyo último párrafo señala: “Este año, las Partes en el Convenio comenzarán a trabajar en un nuevo plan de acción para velar por que, en  2050, la biodiversidad se valore, se conserve, se restaure y se use sabiamente en beneficio de todas las personas. El mundo entero debe sumarse a esta iniciativa. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, insto a los Gobiernos, las empresas y la población de todo el planeta a que actúen para proteger la naturaleza que nos sustenta. Nuestro futuro común depende de ello”.