Nora C. Luzi (1)
“Desde el pueblo más pequeño hasta el escenario mundial, el estado de derecho es lo que separa la paz y la estabilidad de una lucha brutal por el poder y los recursos”  (2)
Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas (UNSC2023)

1.1. Estado de derecho y desarrollo

El vínculo entre derecho y desarrollo ha sido objeto de investigación académica por varias décadas. Comprender la naturaleza del rol del derecho en los procesos de desarrollo ha sido objeto de interés no sólo académico sino también de quienes tienen la responsabilidad de implementar reformas institucionales -entre ellas las legales- que promuevan el desarrollo sostenible.

Trudek y Galanter (1974), Snyder (1982), North (1991), Posner (1998) Dam (2006) han destacado distintos aspectos que hacen a la dinámica entre derecho y desarrollo, por ejemplo: el contexto, los condicionantes locales y la eficiencia en la implementación de los marcos legales e institucionales que impactan en los procesos de desarrollo económico y social (3).  Inclusive se ha avanzado hacia una Teoría General de Derecho y Desarrollo (4).  Estas consideraciones son sumamente relevantes al momento de adoptar e implementar estándares normativos contenidos en tratados y acuerdos internacionales.

Indagar sobre las razones que permiten que las políticas produzcan resultados que a su vez mejoren la calidad de vida de las personas en sociedades diversas y demandantes de bienes públicos es necesario si se busca alcanzar un desarrollo sostenible global.

La dimensión de gobernabilidad entendida como el proceso por el cual actores estatales y no-estales interactúan para diseñar e implementar políticas en un contexto de reglas formales e informales que dan forma y son a la vez afectadas por el poder, cobra importancia.

Consecuentemente, las instituciones desempeñan funciones clave para la efectividad de las políticas para el desarrollo: a) facilitan el compromiso creíble, b) inducen a la coordinación y c) fortalecen la cooperación. La voluntad política en la implementación de políticas, si bien es un insumo necesario no suele ser suficiente para el logro de los resultados propuestos ya que el equilibrio de poder en la sociedad puede condicionar los resultados que emergen del compromiso, la coordinación y la cooperación entre actores. En última instancia la efectividad de las políticas públicas depende no sólo de qué políticas se elijan sino de cómo son elegidas e implementadas (5).
  
La ley es un instrumento poderoso en el contexto de las políticas públicas y el desarrollo, puede dar nueva forma a preferencias y coordinar expectativas sobre el comportamiento de las personas, guiarlas sobre cómo actuar frente a varias opciones y servir de clara referencia entre visiones divergentes. Las personas pueden actuar conforme a la ley porque de esa forma se facilitan sus actividades sociales o económicas (6).

Y lo más importante, la aplicación sistemática e impersonal de la ley a gobernantes y ciudadanos por igual – estado de derecho-(7)  es necesaria para que un país desarrolle su potencial social y económico (8).

Si bien el debate sobre la relación entre reforma legal y desarrollo – a la luz de la evidencia empírica- presenta algunas ambigüedades, lo cierto es que ha habido aportes importantes como el del estudio “Governance Matters” (9)  que- desde un enfoque macro- institucional - muestra una correlación positiva entre una mejor gobernanza y mejores resultados de desarrollo (10) . Así por ejemplo se ha logrado demostrar que la calidad institucional posee una fuerte correlación positiva con aspectos importantes del desarrollo, por ejemplo, en la mortalidad infantil y educación (11) .

Más aún, la investigación académica ha avanzado en análisis micro- institucionales que -sobre la base de indicadores objetivos- proveen evidencia empírica sobre el vínculo entre reforma institucional y desarrollo (12).  En este sentido destacan en materia de reforma legal y judicial los aportes de la jurimetría (13), y las contribuciones de autores como Buscaglia y Stephan a esta disciplina.

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1) Abogada, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Magister en Estudios Legales Internacionales. LLM. Washington College of Law. American University. Coordinadora de Gobernabilidad Democrática. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Las opiniones aquí vertidas son personales y no representan al PNUD, a su Junta Ejecutiva ni a sus Estados Miembro.  
2) Traducción propia.“From the smallest village to the global stage, the rule of law is all that stands between peace and stability and a brutal struggle for power and resources”
3) Para una visión sobre la relación entre Ley y desarrollo ver: “The relationship between law and Development: Optimists vs Skeptics” K Davies y M.Trebilock, 2008, recuperado el 2 de agosto del 2019 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124045
4) Lee, Y.S., General Theory of Law and Development (December 28, 2017). Cornell International Law Journal, Vol. 50, No. 3 (2017), 415 - 472. Recuperado el 2 de agosto del 2019; https://ssrn.com/abstract=2951317
5) World Development Report 2017: Governance and the Law. World Bank Group. Pags 1-7. 
6) WDR op.cit. pags. 13-14.
7) El impacto positivo del estado de derecho en el bienestar económico ha sido objeto de profusa investigación y evidencia e incluye tanto a la aplicación de reglas formales e informales como a su interpretación y aplicación de manera consistente y predecible. En este sentido ver: Hayek (1973), Buscaglia Edgardo (1994) Buscaglia y Dakolias (1999)
8) WDR op.cit. pag. 14. 
9) D.Kaufamnn, Aart Kraay y Pablo-Zoido-Lobaton, “Governance matters”. World Bank Policy Research Working papers N2116.  Para una comparacion de la evolución de indicadores en Argentina ver: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
10) El análisis se basa la recolección de datos que incluye más de 300 indicadores -la mayoría de percepción- compilados de una amplia variedad de fuentes lo que permitió crear un índice de gobernabilidad compuesto que abarca seis dimensiones, a saber: voz y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, control de la corrupción y estado de derecho.
11) D.Kaufmann, Governance Redux: The empirical Challenge 14 (2004)
12) E. Buscaglia. “Objective indicators vs. Perceptional Biases: a Governance -Based Approach to Judicial 13) Corruption” International Review of Law and Economics.Nº21-2 (2001)
 La jurimetria ha sido definida como “Un conjunto de técnicas estadísticas dedicadas a describir y a analizar las características de gobernabilidad y de gobernanza en la elaboración y aplicación de normas jurídicas a los Estados y a las Sociedades” (E. Buscaglia 2019)