Esta investigación se alinea con el Plan Estratégico del PNUD y muy especialmente con  el Programa Global de Estado de Derecho y Derechos Humanos del PNUD. A nivel regional el PNUD destaca al Estado de Derecho como condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática efectiva y avanzar en la consecución de las metas previstas en la Agenda Global del Desarrollo.  

Lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas requiere una mejor comprensión de los fenómenos sociales y económicos y de las barreras de acceso a las instituciones para que todas las personas puedan ejercer sus derechos.
 
El acceso a justicia es clave para la existencia del  Estado de Derecho y es la lente para analizar la brecha entre el derecho en los libros y el derecho en la práctica.

Bajo esta mirada, la conceptualización circunscripta del acceso a justicia como el acceso a los tribunales y cortes de justicia ha quedado atrás. Incluso la propia configuración interna del sistema de justicia formal en sentido amplio avanzó en revisiones críticas de la propia organización del poder judicial, las estrategias de empoderamiento legal comunitario y las políticas de administración de justicia en sentido estructural.

Definir o delimitar el alcance conceptual del derecho de acceso a justicia es una tarea compleja, por tratarse de un derecho que tiene una integración múltiple,  virtualiza el principio de Estado de Derecho permeando todo el ordenamiento jurídico, a la vez habilita el ejercicio de todos los derechos. El derecho internacional de los derechos humanos  consagró el acceso a justicia como un derecho humano fundamental que le da contenido material a la igualdad formal y a la no discriminación, y por ello íntimamente relacionado con las obligaciones de respetar y garantizar.

Por ello, la efectivización del acceso a justicia requiere del establecimiento de canales institucionales que sean adecuados para la efectiva gestión de los derechos. Por ese motivo el desafío para su realización es doble. Por un lado, se deben implementar y poner en acción herramientas efectivas que resuelvan los obstáculos que padecen las personas que no pueden acceder a la justicia. Por otro lado, se debe prestar especial atención para resolver las desigualdades estructurales que impactan sobre las personas en situación de  mayor vulnerabilidad social.

Esta conceptualización requiere la identificación de barreras multidimensionales que impactan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad: cuáles son las condiciones sociales de la desventaja, definir cuáles son los procesos institucionales que  impactan positiva o negativamente en el ejercicio de  derechos;  cuál es la capacidad efectiva de las respuestas formales e informales que permiten superar las necesidades jurídicas, etc.

El alcance del derecho de acceso a justicia presenta al menos tres componentes centrales para que la garantía de acceso igualitario a justicia pueda realizarse, que  están en relación constante y deben desplegarse como un ciclo de refuerzo mutuo. Correlativamente, la falla en cualquiera de ellos impacta negativamente también en los otros:

1. Las personas reconocen sus necesidades jurídicas: La posibilidad efectiva de las personas para comprender y reconocer en su vida cotidiana la dimensión legal de un problema personal, familiar o social que atraviesan, para identificar sus derechos y responsabilidades y comprender sus opciones para resolverlo con equidad.

2. Las personas tienen capacidad y apoyo para actuar y superar sus necesidades jurídicas: La posibilidad efectiva para ponerse en movimiento de manera conducente para resolver el problema o conflicto en el marco institucional, y mantener la acción hasta su resolución efectiva.

3. El sistema institucional es efectivo para procesar y resolver conflictos y necesidades jurídicas: La capacidad de los canales y procesos desplegados por los actores y agentes del sistema de justicia para la gestión y solución equitativa y oportuna de las necesidades y problemas legales de la comunidad.” 

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