El estudio del modo en el cual las desigualdades sociales y la pobreza económica impactan sobre el efectivo ejercicio de derechos y especialmente del derecho de acceso a justicia, requiere una mínima aproximación al contexto económico, social y ocupacional de la Argentina contemporánea. Sólo de esta forma se podrá dimensionar el esfuerzo de medición realizado y comprender los resultados que arroja la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) en materia de acceso a justicia.

En este sentido es importante introducir que, durante gran parte del siglo XX, los rasgos distributivos de la sociedad argentina destacaban por el nivel de integración y homogeneidad en su estructura social y mercados laborales, frente al resto de la región. A partir del último cuarto de siglo y hasta el presente,  - más de 50 años de historia, incluyendo 40 años de recuperación democrática- la dinámica político-económica ha llevado a un escenario muy distinto. Actualmente, se presentan desafíos importantes ya que el sistema económico evidencia problemas sistémicos al momento de  generar un crecimiento sostenido en el marco de  una estructura social altamente segmentada, con niveles crecientes de pobreza en materia de ingresos, integración social y recursos de desarrollo humano.

Los elevados niveles de pobreza monetaria, las carencias crónicas y las desigualdades sociales estructurales han resultado en la conformación de dos generaciones de nuevos pobres. La imposibilidad de generar políticas de crecimiento inclusivo y sostenido ocasionaron, por una parte, un deterioro significativo en las condiciones de vida de      los sectores históricamente más vulnerables y por otra, un brusco descenso social, material y simbólico, de clases medias tradicionales, revirtiendo los procesos de movilidad social intergeneracional.

En este marco, este apartado tiene como objetivo dar cuenta de algunos aspectos que caracterizan el escenario económico, social y laboral de la desigualdad contemporánea en Argentina, analizando tanto la evolución de la pobreza por ingresos como de la pobreza multidimensional durante el periodo 2010-2022. El análisis busca a su vez profundizar en indicadores de segmentación social, tales como son el nivel socioeconómico y el estrato socio-ocupacional y hacer un repaso por indicadores macroeconómicos de la economía argentina.

Según estimaciones del ODSA-UCA, a finales del 2022 el 43,1% de la población urbana estuvo afectada por privaciones económicas fundamentales (más de 17 millones de personas) y el 8,1% se encontraba en condiciones de  indigencia. Es por ello por lo que en lo que va del siglo XXI, la pobreza en la sociedad urbana argentina nunca ha estado –incluso en sus mejores momentos- por debajo del 25%, y la pobreza crónica actual gira en torno al 30% (16).

Al analizar la segunda década del nuevo siglo, se observa que las caídas de los índices de pobreza, que alcanzaron pisos de veinticinco por ciento en 2011-2012 y 2017, duraron poco. En el período siguiente el aumento del déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, y la aceleración de la inflación acelerada hicieron que la tendencia cambie.

En la última fase del período mencionado durante los años 2018 y 2019 se observa un incremento de las cifras de pobreza que alcanzan al 36% de la población. Con el advenimiento de la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efectos regresivos sobre la pobreza y la indigencia: la tasa de pobreza alcanzó el 44%. Ahora bien, pasado lo peor de la crisis económico-sanitaria, más allá de la reactivación económica, el porcentaje de población en situación de pobreza, luego de haberse estabilizado, superó nuevamente el 40%.

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(16) La identificación de la población indigente o pobre surge de comparar los ingresos totales del hogar durante una ventana de tiempo y el valor de una canasta básica alimentaria (para la medición de la indigencia) y una canasta básica total (en la identificación de los hogares/población pobre). Si no se llega a dicho umbral de ingresos necesarios, el hogar es definido como indigente o pobre, respectivamente. Los valores de la CBA y CBT los brinda periódicamente el INDEC, y tienen como parámetro los patrones de consumo de un hogar de clase media baja, y las mediciones de pobreza del ODSA adoptan esos mismos parámetros (Bonfiglio y Vera, Salvia (Coord.); 2022).