La justicia es una dimensión esencial del contrato social, un factor determinante para no dejar a nadie atrás en un mundo que enfrenta una crisis global. Según los datos del Reporte Justicia para Todos, 5.1 mil millones personas (dos tercios de la población mundial), se encuentran privadas de justicia, de los cuales 1,5 mil millones tienen problemas de justicia que no pueden resolver y 4,5 mil millones están excluidos de las oportunidades sociales, económicas y políticas que brinda la ley.

Las brechas de inequidad en el acceso a justicia, si bien globales, necesitan ser estudiadas y comprendidas en los contextos nacionales y locales, a fin de proponer herramientas de intervención exitosas que permitan hacer realidad los compromisos de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Con el objetivo de entender la vinculación entre el acceso a la justicia y la pobreza, PNUD Argentina propuso al Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina una asociación estratégica que permitiera avanzar en la compresión de la dimensión de acceso a justicia en contextos de creciente desigualdad social, aumento de la pobreza y de múltiples vulnerabilidades sociales.

Los resultados que aquí se reflejan son el producto de una visión compartida sobre la naturaleza multidimensional y a la vez integral del desarrollo humano. La inclusión de un módulo de acceso a justicia en la Encuestas de la Deuda Social Argentina – Serie para la Equidad –, con una trayectoria anual de más de una década, ha permitido testear por primera vez el indicador global de acceso a justicia civil de la Agenda 2030 (ODS16.3.3) que indaga sobre la existencia de problemas legales y el acceso a instituciones, formales o informales, para resolverlos.

Más aún, este reporte señala los condicionantes socioeconómicos y las diferencias sociodemográficas que inhiben el acceso al sistema de justicia por parte de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. A su vez, analiza en profundidad el vínculo entre la justicia y las desigualdades sociales desde una perspectiva de derechos, recoge la construcción de conocimiento nacional en materia de necesidades jurídicas insatisfechas y toma los acuerdos y prioridades de la comunidad de práctica global en materia de acceso a justicia.

Este proyecto fue posible gracias al apoyo del Programa Global de Estado de Derecho y Derechos Humanos de PNUD y se espera que los hallazgos contribuyan al debate y propuestas de mejora de las políticas públicas en materia de justicia social. El ejercicio inédito de testeo del indicador de acceso a justicia previsto en el ODS 16.3.3 cobra relevancia en un país en donde cuatro de cada diez personas se encuentran en situación de pobreza.

El Secretario General de la ONU ha interpelado a la comunidad internacional al concluir su informe “Nuestra Agenda Común” que muchos sistemas de justicia cumplen solo para unos pocos”. Esperamos que este Estudio aporte a la construcción de un sistema de justicia para todos, sin dejar a nadie atrás, como sabiamente aspira la Agenda 2030.

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