Imaginar la democracia sin elecciones o sin la legitimidad que brindan los procesos electorales que emanan de la representación popular y la elección ciudadana es, en el siglo XXI, inaceptable. En Bolivia, estos procesos son liderados por Órgano Electoral Plurinacional (OEP), cuya existencia y funcionamiento es parte constitutiva del sistema democrático intercultural.

La institución electoral es garante del ejercicio de la democracia: asegura mediante procesos electorales transparentes e inclusivos, la efectiva participación ciudadana que confiere de legitimidad a la formación y ejercicio del poder político.

Desde la creación del organismo electoral, primero como Corte Nacional Electoral (CNE) en 1956 y luego como OEP en 2009, el objetivo fue lograr una institucionalidad independiente e imparcial para celebrar, de manera continua, elecciones limpias y ejercer los derechos políticos, individuales y colectivos.

El diseño institucional del OEP fue quizás la apuesta más avanzada e innovadora que emergió de la Asamblea Constituyente: al dotarle de estatus de poder público e instituirlo como un Órgano del Estado Plurinacional, el OEP se configuró desde su creación como un órgano estatal independiente. Además de concentrar funciones básicas, que buscan garantizar el ejercicio y desarrollo pleno de la democracia, tiene un rol central de afianzar y promover la cultura democrática basada en los principios y valores de la democracia intercultural y paritaria. A más de una década de funcionamiento, el OEP aún recorre el camino de la consolidación como órgano público independiente.

Los desafíos institucionales enfrentados por el OEP no son menores. Ello es evidenciado por la inestabilidad y sacudidas internas provocadas por renuncias periódicas de vocales de sus directivas colegiadas tanto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). Desde su creación en 2009, en ningún caso las salas plenas del TSE concluyeron su mandato de seis años de gestión. Sin duda, el peor momento fue la crisis política de 2019, que puso en vilo la democracia boliviana socavando directamente la legitimidad del OEP y, con ello, la confianza ciudadana en los procesos electorales.

Fue un gran acierto político de bolivianos y bolivianas restablecer la senda institucional de la democracia para resolver la crisis y los diferendos mediante el voto. Un primer paso fue la oportuna decisión de recomponer el OEP y dotarle de nuevas autoridades con condiciones de credibilidad, confianza e idoneidad. Fueron esas autoridades y el funcionariado electoral quienes, en un escenario de conflictividad latente y alta sensibilidad política, encauzaron la crisis por los senderos institucionales y pacíficos que establece el sistema democrático.     

Los indicadores que dan cuenta de la apuesta ciudadana por la democracia boliviana son múltiples: (i) un alto índice de participación ciudadana en los comicios (que supera el 90%, muy por encima de la participación promedio regional: allí donde el voto es voluntario es de 68%, y donde el voto es obligatorio 80.7%); (ii) operaciones electorales minuciosas para elegir a más de 5,000 autoridades ejecutivas y legislativas, sin conflicto violento; (iii) la elección directa de representantes de pueblos indígenas a instancias legislativas nacionales, departamentales y municipales; y (iv) la paridad y la alternancia de mujeres en la postulación a cargos legislativos, superando el 50% de asambleístas electas en 2020..

Este proceso de edificación institucional con avances y dificultades –como se verifica en cualquier poder estatal— exhibe una paradoja en torno al compromiso y la voluntad política de gran parte de las organizaciones partidarias, actores y liderazgos políticos y sociales de empujar, respaldar y acompañar a este organismo.

Desde distintas posiciones, el OEP es asediado y desacreditado, poniendo en vilo su desempeño institucional y a sus autoridades. Es cierto que, si bien una buena parte de la desconfianza sobre el trabajo del OEP proviene de la observación de las organizaciones políticas a la gestión de las atribuciones institucionales, hay pocos esfuerzos para lograr canalizar institucionalmente estos asuntos. El desarrollo institucional y la buena gobernanza precisamente se dirige a ello: ajustar y perfeccionar los roles y funciones de manera continua y generar predictibilidad en las actuaciones del organismo electoral.

En ocasiones, priman las percepciones parcializadas del OEP y valoraciones superficiales desconocedoras de los mandatos y funcionamiento el organismo electoral. En este sentido, es vital colocar el foco en algunos aspectos centrales: el grado de asimilación y extensión de los valores democráticos en la convivencia social; la percepción de la política partidaria que tiene la ciudadanía (que la mayoría de las veces es aún negativa y poco asertiva); el valor social que se atribuye a las instituciones políticas; la calidad del liderazgo social y político; o el modelo de gobernanza y decisiones. Todo ello supone un trabajo de corresponsabilidad y sinergia mutua entre las entidades estatales, las organizaciones políticas y la sociedad civil, para asentar y desarrollar el sistema democrático con contenidos basados en los valores de pluralidad, independencia, idoneidad y, sobre todo, transparencia.

Esto no se logrará únicamente exigiendo al OEP el cumplimiento de sus funciones, sino que se requerirá una mayor observancia, respaldo y acompañamiento a su labor por parte de todos los actores que construyen democracia en el país. El OEP es el garante de la democracia boliviana, y el tenor de la tarea debe estar a la altura del contexto histórico. Un blindaje estratégico del OEP respecto injerencias que busquen erosionar y desestabilizarlo es una responsabilidad colectiva que debe asumirse para proteger al garante de la democracia en Bolivia.