Las necesidades de financiamiento para la recuperación económica han puesto en evidencia la estrechez fiscal en los países de la región. En América Latina y el Caribe, luego de una contracción económica de 6.7%[1] en 2020 y pese a los esfuerzos en los países para forjar una ruta hacia la recuperación económica, la CEPAL anticipó una desaceleración del crecimiento de la economía en la región, que pasaría de un 6,3% en 2021 a no más de 2,1% en 2022[2]. Sin embargo, dadas las repercusiones del conflicto en Ucrania, esa tendencia anticipada se ha acentuado, lo que ha llevado a una revisión en la baja de las estimaciones, que presentan un crecimiento anual promedio del 1,8%[3] a mayo de 2022.

Bajo este contexto, recuperar lo avanzado en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiere una mayor movilización de recursos, sobre todo de flujos privados. En consecuencia, el principal desafío para los gobiernos consiste en canalizar los recursos privados de manera complementaria a los recursos públicos e impulsar programas y proyectos orientados a la generación de impactos en el desarrollo sostenible. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la brecha de financiamiento de los ODS asciende a entre $us5 y 7 billones por año. Esta cifra se traduce en un desafío de financiamiento para los países de ingresos bajos e ingresos medios.

Al reto de la movilización de recursos, públicos y privados, de manera conjunta para alcanzar los ODS, se suma la necesidad de tener en cuenta los cambios acaecidos en el panorama del financiamiento para el desarrollo en la última década. Estos cambios están relacionados con la importancia creciente de los nuevos actores y fuentes de financiamiento para el desarrollo, entre los que figuran donantes que no son países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo, organizaciones no gubernamentales (ONG), fondos para el clima, mecanismos de financiamiento innovadores e iniciativas de cooperación Sur-Sur. Asimismo, el capital privado se ha erigido en una importante fuente de financiamiento, con un conjunto diversificado de instrumentos.

Importancia de la movilización de los flujos de recursos privados.

La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe se ha recuperado de la caída inducida por la pandemia y ha crecido un 56% hasta alcanzar los $us134 mil millones en 2021, según un último informe sobre las inversiones en el mundo de la UNCTAD. El repunte en 2021 se vio impulsado por un número récord de 317 proyectos nuevos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en toda la región, sin embargo, este crecimiento también fue importante en las industrias tradicionales, como la fabricación de automóviles, la electricidad y los servicios financieros y de seguros, así como en las industrias extractivas[4]. Asimismo, la movilización de recursos a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta recibida representa 0,28% del PIB regional.

Bolivia, pese a la complejidad del contexto global y regional, de acuerdo a los últimos informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, mejoró la proyección de su crecimiento económico de 3,9% (a junio de 2021) a 4,1% para el cierre de 2022.  De igual manera a agosto de 2021 presentó una tasa de inflación de 1,62%, que se estima llegará a 4,2% interanual para finales de 2022.

Respecto a la movilización de recursos privados, Bolivia registró un impulso de la inversión extranjera directa en 2021, donde se alcanzó a $us1.048 millones de inversión bruta y $us594 millones de inversión neta recibida respectivamente. Los sectores que capturaron los mayores flujos de inversión directa fueron la industria manufacturera, la minería e hidrocarburos. Según país de origen, el flujo de capitales provino principalmente de Suecia ($us286 millones), Perú ($us250 millones) y España ($us159 millones)[5]. En relación a la Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida esta representa 0,93% del PIB del país.

Soluciones innovadoras: Financiamiento combinado

Dado el desafío para la región de recuperar los avances en el logro de los ODS, es de vital importancia explorar métodos innovadores para cerrar las brechas de desarrollo que enfrentan los países. Una solución innovadora es el del financiamiento combinado o “Blended finance”, que se define como el uso estratégico de recursos públicos para movilizar capital privado en mercados emergentes. El financiamiento combinado permite: el apalancamiento de capitales, incrementar los impactos, atraer a inversionistas privados y lograr una rentabilidad de la inversión ajustada a los riesgos.

Uno de los modelos más conocidos y confiables para el financiamiento combinado son las Asociaciones Público-Privadas (APP); este mecanismo no solo ofrece una forma innovadora de acceder a los fondos, sino que también responde a ciertas ineficiencias en la inversión pública. Otra alternativa son los bonos verdes, sociales y sostenibles, los cuales son emitidos por inversionistas privados con el objetivo de generar impactos ambientales o sociales; es importante que su estructuración sea concordante con principios internacionales, las mejores prácticas y marcos regulatorios integrales establecidos en los paises.

El PNUD, consciente de la importancia de promover modelos innovadores que contribuyan a cerrar las brechas y desequilibrios en el financiamiento para el desarrollo, promovió diversas iniciativas e instrumentos en los paises de la región, entre los que podemos destacar: la emisión del primer bono soberano ODS en México y la emisión del bono soberano vinculado a la sostenibilidad en Uruguay, ambos ejemplos fueron diseñados bajo estándares internacionales, con el apoyo de la plataforma SDG Impact.

El financiamiento para el desarrollo precisamente se preocupa de analizar la evolución de los flujos de financiamiento señalados anteriormente, con los que cuenta una economía para atender sus necesidades de gasto en consumo e inversión, incluyendo la movilización de recursos domésticos y recursos externos, tanto de origen público como privado. El hecho de que flujos de financiamiento puedan catalogarse como “financiamiento para el desarrollo” implica que la asignación de estos recursos sean potenciales generadores de impactos en el crecimiento económico, la equidad social y el medio ambiente.