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Hoy, Bolivia se encuentra en una encrucijada determinante en su camino hacia el desarrollo sostenible. El país, rico en recursos naturales, enfrenta desafíos ambientales cada vez mayores, exacerbados por el extractivismo, la crisis climática y la creciente desigualdad y pobreza. En este contexto, la justicia ambiental emerge como un pilar fundamental para garantizar un futuro equitativo y sostenible para todos los bolivianos, pero también como un desafío de fondo para un modelo de administración estatal que debe repensarse en la clave de las nuevas narrativas que definen la visión colectiva de las políticas públicas de desarrollo.
El auge de la conflictividad y el crimen organizado
La tradicional extracción de minerales en Bolivia se ha visto intensificada por el creciente interés en el litio y otros minerales críticos de mucha importancia para la transición energética. Esta situación ha generado una mayor conflictividad social, política y ambiental. acrecentando, en muchos casos, la economía gris.
Ante este panorama, es imperativo fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, como un aporte substancial a la arquitectura institucional existente y necesaria. Todo ello bajo el paraguas de los principios y mecanismos de la justicia ambiental y la gobernanza preventiva y anticipatoria.
Iniciativas para una gobernanza ambiental efectiva
En este sentido, se han implementado diversas iniciativas para promover la justicia ambiental en Bolivia, con un enfoque basado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la revalorización del diálogo, la participación ciudadana y el espacio público. El trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, en alianza con diferentes actores y/o contrapartes, ha sido bastante significativo en este sentido. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran:
Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo: A través de la implementación de la plataforma SIMAT (Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana), se ha mejorado la capacidad de la Defensoría del Pueblo para gestionar y prevenir conflictos socioambientales, identificando y analizando posibles conflictos de manera preventiva.
Promoción de un modelo de gobernanza preventivo e inclusivo: Se ha implementado una "Plataforma de Gobernabilidad Efectiva con Enfoque de Justicia Ambiental en la Región Amazónica", que fomenta el diálogo entre la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil, las comunidades, los pueblos indígenas y los jóvenes, garantizando la equidad de género.
Desarrollo del Sistema Paisaje Litio: Este sistema de toma de decisiones basado en evidencias, que utiliza inteligencia artificial y algoritmos integrales, permite comprender los impactos de la legislación y los procedimientos técnicos de extracción de litio en los sectores de agua, saneamiento y productivo, con proyecciones hasta el año 2080.
Asociaciones estratégicas: Se han establecido alianzas estratégicas con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y la Defensoría del Pueblo, quienes consideran a la oficina del PNUD en Bolivia como un socio clave.
El camino hacia un futuro sostenible
Estas iniciativas son un paso importante hacia la construcción de un futuro más justo y sostenible para Bolivia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Es fundamental seguir fortaleciendo las capacidades institucionales, promoviendo la participación ciudadana y garantizando el acceso a la información, haciendo materiales los principios de la justicia ambiental.
Asimismo, es también necesario abordar las causas estructurales de la conflictividad socioambiental, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y el debilitamiento de las instituciones. Solo así se podrá construir una sociedad más equitativa y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del cambio climático y proponer nuevas fórmulas de aprovechamiento de los recursos, para hacerlos medios de mejora del bienestar y, en definitiva, de sociedades más justas.
En suma, la justicia ambiental es un camino que requiere el compromiso de todos los actores: el Estado, la sociedad civil, las empresas y las comunidades. Juntos, podemos construir un futuro en el que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente vayan de la mano, garantizando el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
