En Bolivia el año 2000, se reportaron más de 30,000 casos de malaria, cifra que fue reducida a 5,000 casos notificados en 2018. La malaria por P. falciparum, la más letal, ha sido eliminada. Sin embargo, el país no ha dejado de ser vulnerable al relacionamiento con los países vecinos y la transmisión por P.vivax, todavía se encuentra en una meseta estacionaria desde 2015. Aun así, los esfuerzos realizados por el Estado y los socios estratégicos prevén el cumplimiento de metas de los ODS´s.

Grandes esfuerzos y notables resultados

Ha transcurrido casi una década desde que en Bolivia se vienen desarrollando esfuerzos conjuntos entre el Ministerio de Salud y actores tales como el la OMS, UNICEF, UNFPA y el PNUD con el financiamiento del Fondo Mundial. Esta última alianza se traduce en el Proyecto "Bolivia Libre de Malaria", enmarcado dentro del Programa Nacional de Malaria, persiguiendo el objetivo general de reducir la morbilidad asociada a la Malaria en un 50%, objetivo que según datos oficiales se ha conseguido el año 2015.

Tras haber alcanzado este primer logro, se inició una segunda etapa del Proyecto denominado “Bolivia Libre de Malaria para Vivir Bien”, elaborado en el marco del Plan Estratégico Nacional de Malaria 2015-2019. Esta segunda etapa del proyecto ha considerado como actores fundamentales a la sociedad civil, poblaciones vulnerables y afectadas por malaria, así como la participación de programas regionales de Malaria.

¿Cuáles son las regiones afectadas?

En Bolivia, la mayor incidencia de casos de malaria se presenta en la Amazonía, en municipios de los departamentos de Pando, Beni y el norte de La Paz. Municipios con características principalmente rurales y de muy difícil acceso. Son vulnerables a inundaciones en época de lluvia, realidad que dificulta aún más la accesibilidad, además muchas de las personas que viven en estas comunidades, destinan parte del año a trabajar en la recolección de la castaña, actividad que los obliga a estar mucho tiempo viajando a través de los ríos y en sus orillas. Esta situación expone a esta población a recibir picaduras y contraer malaria.

Por lo anterior, es que la lucha por la prevención, diagnóstico y tratamiento temprano busca combatir estas situaciones que colocan a las personas en escenarios de vulnerabilidad. Si antes una persona debía viajar durante varias horas vía fluvial o terrestre para comprobar si tenía o no malaria, hoy un voluntariado nombrado por la propia comunidad ha sido capacitado en el manejo de Pruebas Rápidas para el diagnóstico. Asimismo, se cuenta con brigadas de prevención a las orillas de los ríos, para la prevención de la enfermedad.

Hacia un desarrollo integral para luchar contra la malaria

Los importantes logros alcanzados a través de programa de Malaria son indudablemente importantes. Sin embargo, existe otro factor que debe ser considerado para entender los niveles de incidencia de malaria en Bolivia; este factor es la pobreza.

La Amazonía de Bolivia, está compuesta por alrededor de 20 municipios, conformados por cerca de 50.000 viviendas, 8 de estos 20 municipios tienen entre el 80% y el 98%^[1]de su población viviendo en condiciones de pobreza por NBI^[2], todos ellos ubicados en el departamento de Pando.

Adentrándonos a la desagregación del índice, la carencia en materiales de construcción de la vivienda es elevada, la mitad de los municipios tiene entre el 60% y 90% de su población con condiciones precarias referentes al techo, paredes y pisos de la vivienda. Los materiales inadecuados en techo y paredes constituyen un factor de acceso del mosquito a la vivienda y por tanto un incremento en el riesgo de adquirir malaria.  A esta precariedad en los materiales de construcción se debe sumar la ubicación de las viviendas, como otro factor que incrementa la vulnerabilidad de los hogares, muchos de ellos cercanos a las orillas de ríos o acequias.

Por otro lado, y como elemento de riesgo en el contagio se debe tomar en cuenta el hacinamiento al interior de vivienda. Los 19 municipios donde el PNUD tiene incidencia a través del Proyecto “Bolivia Libre de Malaria para Vivir Bien” tienen a más del 70% de su población viviendo en condición de hacinamiento, en algunos municipios tales como El Sena, Nueva Esperanza o Ingavi esta cifra oscila entre el 85% y el 95%.

El abastecimiento y procedencia del agua junto al servicio sanitario conforman otra gran necesidad en estos municipios. La baja cobertura de este servicio obliga a las personas a acceder a pozos o ríos para obtener agua:Por otro lado, la baja cobertura de alcantarillado puede convertirse en un factor de riesgo, no solo para contraer malaria sino otro tipo de enfermedades. 

Nuevos desafíos del desarrollo

Con base en lo anterior, es es esencial seguir apostando y fortaleciendo modelos ya desarrollados como el del Programa Nacional de Malaria que involucra a miembros de las comunidades en la lucha contra la enfermedad, pero también es importante reconocer que es necesario trabajar en una nueva agenda para enfrentar los desafíos de cara a su eliminación.

La lucha contra la Malaria debe ir acompañada de otra serie de acciones tales como trabajar en la condición de sus viviendas y acceso a servicios básicos, en las condiciones de trabajo y acceso a salud. Es decir, trabajar en intervenciones integrales y multidimensionales que incidan no solo en contra de la enfermedad sino en la interrupción del ciclo de la pobreza de estas familias.

Bajo esa lógica, luchar de manera multidimensional contra la Malaria colocaría a las personas en un escenario con mejores oportunidades para desarrollar sus capacidades. Si mantenemos a las embarazadas libres de malaria, estas podrán traer al mundo bebes sanos; si las niñas y niños no se enferman, estos podrán ir a las escuelas; si las personas recolectoras y agricultoras no se enferman, estas podrán generar más ingresos para sus hogares.

[1] Los datos y mapas presentados presentan información del Censo de Población y Vivienda 2012 del Instituto Nacional de Estadística. INE.

[2] Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Estadísticas de pobreza asociados a un estado de necesidad, carencia o privación de los bienes y servicios que determinan la satisfacción de las necesidades básicas de una persona o un hogar, específicamente, se evalúan condiciones de infraestructura de la vivienda, insumos energéticos (acceso a electricidad y combustible para cocinar), niveles educativos y atención de salud de la población. Estos aspectos representan una medida de la pobreza estructural.