En el Foro de Alto Nivel sobre liberalización de patentes y consideraciones de propiedad intelectual, organizado en días recientes por el Ministerio de Relaciones Exteriores junto al South Centre, PNUD y la UPEA, y con la participación técnica de la OPS, surgió un consenso importante y urgente en torno al concepto de equidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19: se trata de un imperativo moral asegurar que todas las personas, en todos los países sin distinción, cuenten con acceso a vacunas.

La evidencia es contundente: el 86% de las vacunas han ido hasta el momento a países de ingresos altos. Este acaparamiento de vacunas hace poco probable que muchos países de ingresos medianos y bajos puedan vacunar completamente a sus poblaciones antes de 2023. Y la situación se agrava por mutaciones del virus SARS-CoV-2 que potencialmente podrían hacer que las vacunas de primera generación sean ineficaces en menos de un año.

Existe un vínculo estrecho y causal entre el acceso a las vacunas y la capacidad de las economías de recuperarse de los impactos devastadores de la pandemia. Es decir, las campañas universales de vacunación son una condición necesaria para la recuperación socioeconómica.

El Subsecretario General y Director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Calva, explicó que América Latina continúa siendo la región más afectada por la pandemia, sin signos de desaceleración, y que en países como Bolivia la pandemia ha generado aumentos de pobreza, mayores niveles de vulnerabilidad en estratos medios y caídas en las tasas de empleo. Agregando a la complejidad del panorama actual, las campañas de vacunación en algunos países costarán más que el presupuesto completo del sector salud: solo tomando en cuenta el precio de las vacunas para la población mayor de 15 años, se necesitarán al menos 20 mil millones de USD (15% del gasto total en salud en la región) si se asume un valor de USD 20 por dosis (el rango de precio observado recientemente va de USD 2 a 40).

Para incrementar el acceso a las vacunas y tratamientos, es preciso priorizar el suministro a través de esfuerzos multilaterales como COVAX y el Acelerador de Acceso a Herramientas COVID-19 (ACT) liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios. Ello conlleva fomentar en forma urgente la donación de cantidades masivas de dosis a COVAX[1] para que aquellos países rezagados puedan comenzar a vacunar a sus sectores de salud y grupos vulnerables. La OMS también ha pedido a los productores de vacunas que concedan licencias de sus tecnologías a otros fabricantes y transfieran conocimientos para acelerar el proceso de provisión.

Bolivia ha planteado la necesidad de adoptar medidas prontas y oportunas de flexibilización y racionalización de los estándares internacionales que protegen la propiedad intelectual.  Se unió a la iniciativa de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha articulado en diversos foros la necesidad de liberar patentes e información no divulgada de vacunas, diagnósticos y medicamentos para facilitar a los países en desarrollo un acceso real y sin excepción a esos productos. Y en días pasados, el gobierno de Bolivia anunció un acuerdo alcanzado con una compañía canadiense para la producción y exportación al país de vacunas mediante el mecanismo de licencia obligatoria que, de concretarse, será un antecedente histórico de utilización del Artículo 13 bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC.

Notando que incluso en ausencia de patentes existen varias barreas de acceso a la producción de vacunas (como datos clínicos previos, o insumos de alto costo), la propuesta de varios países de apoyar la exención propiedad intelectual a vacunas contra el COVID-19, incluyendo a los Estados Unidos y la Federación Rusa, se basa en la noción de que las empresas han podido recuperar rendimientos razonables de su inversión y por tanto es hora de que los beneficios de dicha innovación alcancen a todo el mundo (en cualquier caso, la financiación adecuada de la inversión no pude ser a costa del acceso a las vacunas en los países con más necesidad). Los Estados han financiado en gran medida la investigación y el desarrollo de las vacunas para el COVID-19 y garantizado la compra, por lo cual la propiedad intelectual no debería constituirse en una barrera para la expansión de la capacidad de manufactura global que garantice el acceso irrestricto a las vacunas en los países actualmente postergados.

Para detener esta pandemia se requiere, más que nunca, de una respuesta global que asegure un acceso igualitario a las vacunas. La suspensión temporal de la propiedad intelectual sobre las vacunas y la transferencia de conocimiento y tecnología para escalar la producción de vacunas en países en desarrollo pueden ser la vía para asegurar un acceso masivo.

[1] COVAX buscaba suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante a nivel global durante 2021. En esta primera ronda de asignación de vacunas, todos los países participantes en COVAX recibirán dosis para vacunar entre el 2.2% y el 2.6% de su población. Según la primera ronda de asignación de COVAX para Bolivia, se prevé recibir 672,000 vacunas de Astra-Zeneca y 92,430 de Pfizer-BioNtech hasta mayo de 2021.