Como parte del trabajo de apoyo a la gobernanza y empoderamiento de los pueblos indígenas, el pasado 12 de agosto se presentaron tres protocolos de acción producidos con comunidades Leco, Tacana, Tacana Cavineño, Chimán y Esse Ejja  del Norte Amazónico y que fueron impulsadas por el proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza efectiva para el nuevo ciclo político en Bolivia” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con la Red Paz Integración y Desarrollo (PAZINDE) y la Defensoría del Pueblo.

A través del componente denominado “Prevención de conflicto para la justicia ambiental en Bolivia”, se ha impulsado un trabajo de construcción colectiva de esos protocolos con los pueblos indígenas sobre una temática fundamental en la coyuntura actual: La gestión de conflictos relacionados al medio ambiente y la promoción de la justicia ambiental.

Los documentos presentados son el “Protocolo para la gestión integral del agua”, “Enfoques y cosmovisiones de la justicia ambiental boliviana” y “Rutas de denuncia para la gobernanza y acceso a la justicia ambiental”, aportes importantes para trabajar casos de contaminación hídrica, gobernanza ambiental y procedimientos de justicia ambiental.

Durante la presentación oficial de los protocolos, la Representante Residente Adjunta de PNUD en Bolivia, Marta Vallejo, señaló que el potenciamiento de una red de promotores de derechos humanos y justicia ambiental, uno de los resultados que complementan la edición de los protocolos, es muy significativa y aporta al empoderamiento de los pueblos indígenas.

“La justicia ambiental es un pilar esencial para garantizar que las comunidades, especialmente las más vulnerables, tengan acceso equitativo a los beneficios y protecciones del desarrollo sostenible. En el contexto de Bolivia, la justicia ambiental no solo aborda la resolución de conflictos ambientales, sino que también promueve la participación activa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de los recursos naturales”, destacó..

Por su parte el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó el trabajo que se quiere impulsar en materia de justicia ambiental que privilegie el enfoque de acceso y participación en la toma de decisiones en temas ambientales de los directos involucrados, los pueblos indígenas.

En la elaboración de los protocolos participaron las comunidades de Carmen Alto (TIOC Tacana Cavineño), Bella Altura (Pueblo indígena Tacana), Capaina (Pueblo indígena Tacana / Chimán Mosetene) , Eyiyoquivo (Pueblo indígena Esse Ejja) con un participación de 203 mujeres y varones.