El avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) es un desafío a nivel mundial que busca fomentar la prosperidad, el bienestar humano y un planeta saludable. Desde el año 2020, la pandemia generada por el Covid-19 ha afectado distintas dimensiones del desarrollo, y el avance hacia el cumplimiento de los ODS se ha ralentizado dado que, la máxima prioridad de los gobiernos sigue siendo el manejo de la pandemia y la reactivación económica.

Los países América Latina y el Caribe (LAC) comprometidos con el desarrollo de la Agenda 2030, se enfrentan actualmente al reto de mitigar las consecuencias generadas por el Covid-19 y de continuar avanzando hacia el logro de las metas ODS. Según cifras del Sustainable Development Report 2021 (SDR2021)[1], las naciones con mejor desempeño en la región son: Chile, Uruguay, Cuba y Costa Rica (al registrar las posiciones 30, 41, 49 y 50 respectivamente, entre 193 países del mundo). En contraste, Haití, Guyana, Venezuela y Guatemala presentan las mayores oportunidades en el avance hacia la búsqueda de la equidad y el desarrollo sostenible.

En el marco de la celebración internacional de Semana de la Paz, en esta nota dedicamos espacio a las cifras que reflejan el panorama actual de los países Latinoamericanos y del Caribe, frente al cumplimiento a metas del ODS16, mediante el cual se busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Esto teniendo en cuenta que, a nivel mundial el avance en puntos porcentuales desde 2015 en este objetivo es de 1.3, mientras otros presentan mejor performance, por ejemplo, el ODS9 (Industria, innovación e Infraestructura) ha avanzado en 8.6 puntos porcentuales.

El panorama actual de las metas del ODS 16 en América Latina:

Construcción de paz, accesibilidad a la justicia y constitución de instituciones sólidas

Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Por ello, entre de las metas del ODS16, se hace seguimiento a indicadores como: Homicidios, Índice de Acceso y asequibilidad de la justicia, Índice de percepción de la corrupción, e Índice de libertad de prensa, cuyas cifras se presentan a continuación, en perspectiva comparada entre países.

Tendencia de Homicidios (por 100.000 habitantes)

El Salvador, Jamaica, Honduras, Belice y Venezuela presentan actualmente una tasa de más de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo los países de la región con mayores oportunidades de mejora en términos del fomento de la seguridad y el respeto por la vida.  Con mejores perspectivas, Chile, Cuba, Argentina y Surimane son los países de mejores desempeños en este índice.

Colombia, que se observa actualmente con una tasa de 25.3, se ha planteado la meta de reducir este indicador a 16.4 en 2030[2] y, por tanto, el diseño de estrategias para el fomento de la seguridad y la convivencia pacífica continúa siendo una prioridad a nivel gubernamental. En igual sentido, en el ámbito de las acciones de cooperación internacional que buscan fomentar el respeto de los derechos humanos y la reducción de las formas de violencia, se trabaja por reducir los homicidios que ocurren en un contexto de violencia organizada.

El área de Paz del PNUD desde distintos frentes, en el trabajo con iniciativas de reincorporación y justicia local, apoya estrategias para fomentar la convivencia pacífica y la reconciliación en territorios donde históricamente el conflicto armado ha dejado secuelas por causa de un alto número de homicidios. Adicionalmente, apoya instancias que facilitan el acceso a mecanismos de reparación integral entre las familias víctimas del conflicto, que han sido afectadas por este hecho. Según cifras de la UARIV[3], entre los 11.636.904 de hechos victimizantes reconocidos actualmente en Colombia, aproximadamente el 10% (1.163.304 eventos) corresponden a homicidios.

Acceso y asequibilidad de la justicia (peor 0-1 mejor)

En el reporte SDR2021, se presentaron los resultados del indicador de acceso y asequibilidad de la justicia (AAJ), desde información compilada por el Proyecto de Justicia Global (World Justice Project)[4], en un esfuerzo mundial por analizar datos comparables sobre las necesidades legales y el acceso a la justicia civil a escala mundial, que representen las voces de más de 100.000 personas en 101 países. Los países latinoamericanos y del caribe que presentan los mejores índices AAJ son Uruguay, Argentina, Barbados y Costa Rica. Colombia, se ubica en una posición intermedia, reflejando la necesidad de continuar trabajando en promover el estado de derecho y el acceso a la justicia para todos.

Por ello, las acciones que realiza el PNUD para garantizar la participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y para apoyar la garantía de derechos de las víctimas en la Justicia Transicional y mecanismos de implementación del Acuerdo de Paz, buscan mejorar el panorama de Colombia frente al logro de esta meta del ODS16.

Índice de percepción de la corrupción (peor 0-100 mejor)

El índice de percepción de la corrupción (ICP), se calcula internacionalmente para buscar cuantificar el uso indebido del poder público para beneficio privado y se mide en una escala de 0 a 100, donde mientras más cercano a cero sea el puntaje, mayor corrupción. Entre los aspectos que se consideran en este índice, se analiza el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación de fondos, la subvaluación o hipervaluación de precios, los escándalos políticos o financieros, el fraude electoral, la compra de información en medios de comunicación, entre otros.

En la región LAC, los países con menores índices ICP en 2021 son Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Entre 25 países, Colombia ocupa la posición 15 y Uruguay, Chile, Barbados y Costa Rica, registran las mejores percepciones.

En Colombia, específicamente, las formas y manifestaciones que toma la corrupción en distintas regiones del país constituyen una amenaza para la construcción de paz porque dificultan la reconstrucción del tejido social  promovida desde la firma del acuerdo de paz, y generan desconfianza en las instituciones que, como el PNUD, apoyan las acciones de paz con procesos transparentes.

Índice de libertad de prensa (mejor 0-100 peor)

Para terminar esta nota, es preciso discutir frente a las perspectivas del Índice de Libertad de Prensa (ILP) porque a través de acciones que promueven el acceso público a la información, se protegen las libertades fundamentales.

Colombia se perfila entre el grupo de los cinco países de la región LAC con mayores oportunidades en el avance hacia la transparencia de la información, estando antecedido por Cuba, Honduras, Venezuela y México. En el país, el impacto de las dinámicas propias de los contextos de violencia organizada, como los desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos, la violencia sexual y otras formas de violencia basada en género, históricamente han restringido la manifestación libre y sin prejuicios, de percepciones frente a la realidad del país y sus territorios.

Por ello, el PNUD apoya a las personas dedicadas al liderazgo social, en el conocimiento y acceso a rutas de protección, y en lo colectivo, a comunidades y organizaciones líderes que deseen expresar su vos en instancias de diálogo político, procesos territoriales de garantías y veeduría ciudadana. Con ello se busca fomentar la participación libre, articulada y coordinada, entre los diferentes actores que historicamente han hecho parte del conflicto armado en el país.

Conclusión:

Desde las cifras presentadas en esta nota frente al panorama actual de las metas del ODS 16 entre los países de América Latina y El Caribe, se reflejan los grandes retos de la región para continuar priorizando la construcción de paz. Estos desafíos teniendo en cuenta el impacto del Covid-19 y las prioridades de recuperar la economía de las naciones, deben articularse con acciones territoriales que permitan llevar a las naciones de la región, y en particular a Colombia, hacia una paz sostenible y duradera que faculte la superación de las brechas de pobreza e inequidad, y permita materializar mayores niveles de desarrollo sostenible.

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[1] https://dashboards.sdgindex.org/downloads

[2] https://www.ods.gov.co/es

[3] https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

[4] https://worldjusticeproject.org/