En el marco del Decenio Internacional de Naciones Unidas para los Afrodescendientes 2015-2024 - proclamado por la resolución 68/237 de la Asamblea General, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica, destaca las contribuciones económicas, sociales, políticas y culturales de las y los afrodescendientes para el desarrollo de Costa Rica. Asimismo, reconoce las situaciones de discriminación que enfrentan y coadyuva el liderazgo del gobierno costarricense para el establecimiento de una sociedad libre de discriminación racial. Las personas afrodescendientes representan un 7.8% del total de la población (334.437) distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, según datos del Censo 2011.

Si bien el país, ha avanzado en la promulgación de acciones dirigidas a reducir las brechas en las condiciones de vida de la población afro costarricense respecto al resto de la población del país, tales como la creación de la oficina del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, el Plan Nacional para Afrodescendientes 2015-2018 y la Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025, aún quedan tareas pendientes por realizar para alcanzar una aplicación efectiva y plena de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros instrumentos jurídicos internacionales.

Para Alice Shackelford, Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente de PNUD Costa Rica, es preciso reconocer los aportes de las personas afrodescendientes al desarrollo de la sociedad y la riqueza cultural, así como proponer medidas específicas contra los prejuicios raciales, la xenofobia y toda forma de intolerancia. “Debemos garantizar su plena inclusión y promover múltiples oportunidades en las dimensiones: económica, ambiental y social. No hay y no habrá desarrollo sostenible en tanto poblaciones continúen siendo excluidas y sin acceso a trabajo profesional y educación de calidad”, señaló.

Según datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011, 334.437 personas se autoidentifican como afrocostarricenses (1,1 negros/as, 6,7 multatos/as). Según sexo, 52% son hombres y 48% mujeres. En cuanto a satisfacción de sus necesidades básicas, 30 000 de estos hogares viven en pobreza y 9 000 en pobreza extrema, teniendo un acceso limitado a servicios de salud, vivienda, educación y seguridad social.

Por otra parte, son el grupo poblacional con mayor secundaria incompleta (49,1 versus 45,4 de la población total) así como con menor universitaria completa (9,3 versus 15,2), con una escolaridad promedio en años de 7,7. Lo anterior, limita sus posibilidades de acceder a empleos de calidad. Es así como las personas afrodescendientes son el grupo con mayor desempleo abierto de todas las poblaciones - 2,3% con respecto al 1,7% del total general - y pese a contar con la participación neta más alta en el mercado laboral, los empleos a los que acceden son mayormente de baja calidad y mal remunerados, representando la menor cantidad de puestos profesionales y científicos.

Asimismo, al ser el grupo poblacional con mayor ocupación en labores no calificadas y empleos de baja calidad representan a su vez el grupo poblacional con menor acceso a seguridad social y pensiones. Un 18,7% de personas afrodescendientes no cuentan con seguro social en comparación con el 13,8% de blancos y mestizos y un 70,4% de las mujeres afrodescendientes mayores de 65 no tienen acceso a pensiones frente a 68,2% de mujeres blancas y mestizas.

De esta manera, los gobiernos tienen el reto de implementar políticas públicas y y acciones focalizadas e inclusivas para reducir estas desigualdades y neutralizar los

comportamientos discriminatorios. Entre ellas, definir metas específicas contra la discriminación y la inclusión de la población afrodescendiente en el Plan Nacional de Desarrollo; impulsar políticas públicas libres de discriminación racial que mejoren acceso a programas sociales y pensiones; asegurar la cobertura universal de salud y educación; promover el empleo de calidad y medios de vida dignos, especialmente para mujeres y jóvenes; promover campañas educativas y de promoción de derechos para luchar contra la discriminación e impulsar un diálogo nacional amplio sobre multiculturalidad, respeto y tolerancia.