Los retos y beneficios de la urbanización son bien conocidos. Uno puede experimentar la ciudad desde un lugar de privilegio y disfrute de sus amenidades, o desde un lugar de privación y supervivencia. Sin embargo, independientemente de la clase social, es responsabilidad de los gobiernos locales a) garantizar que todos/as sus residentes puedan acceder a las comodidades y servicios de la ciudad de forma eficiente y asequible; b) que esos servicios coloquen al centro a los ciudadanos; y c) que sus voces sean escuchadas e incluidas en los procesos de toma de decisiones locales.  

Uno de los problemas más críticos a los que se enfrentan las ciudades del mundo en desarrollo es que, a medida que se consolida la expansión urbana, persisten los problemas de gobernanza local, sobre todo en las zonas socioeconómicamente desfavorecidas. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe (ALC), hay una mayor demanda pública de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, al tiempo de un continuo declive de la confianza ciudadana en los gobiernos de toda la región debido a, entre varios factores, la insatisfacción colectiva por la escasa participación.

La buena gobernanza es fundamental para una democracia sana. Aunque su significado y alcance es tema de amplio debate, para fines de trabajo, defino gobernanza como el espacio de poder compartido y de negociación entre las instituciones de gobierno y los gobernados, en busca del bien colectivo. Más concretamente, para el PNUD "la gobernanza local comprende el conjunto de instituciones, mecanismos y procesos a través de los cuales los ciudadanos y sus grupos pueden articular sus intereses y necesidades, mediar sus diferencias y ejercer sus derechos y obligaciones a nivel local".  

Gobernanza comunitaria y la política del liderazgo local

La desigualdad social y débiles mecanismos de participación contribuyen a generar una gobernanza local disfuncional. Con frecuencia, los estratos más bajos de una sociedad son los que menos poder de negociación tienen para hacer oír su voz. El PNUD ha prestado atención considerable a la urbanización y la desigualdad, argumentando en un informe que la "gobernanza urbana pro pobres" es un requisito esencial para que ciudades y comunidades sean habitables. Por ejemplo, investigaciones muestran que es en las zonas urbanas más desfavorecidas económicamente donde más sobresalen la violencia y la disfunción social.  

Una buena gobernanza puede nutrir un espacio para el compromiso cívico local que resulte en un cambio positivo. Sin embargo, el conflicto social y la lucha por recursos limitados pueden poner en riesgo el intento de una comunidad de encontrar puntos comunes de compromiso. En ese sentido, nuestro trabajo etnográfico en Santo Domingo ha sido revelador sobre las complejidades de la gobernanza local. Aunque existen instrumentos formales de gobernanza (ej., juntas de vecinos, organizaciones de base, reuniones con las autoridades municipales), los/as líderes y organizadores de la comunidad suelen quejarse de que sus voces no se escuchan, que los compromisos del gobierno no se cumplen y que las luchas políticas internas entre los líderes locales impiden que las comunidades muestren un frente unido en cuestiones importantes.  

Además, la ausencia de un sólido mecanismo institucional para el cumplimiento de normas y leyes en los barrios marginados debilita el espacio de gobernanza. En efecto, la cohesión e interacciones sociales pacíficas pueden ser difíciles cuando debido a la pobreza, la falta de planificación urbana, el hacinamiento y la precariedad son algunas de las características predominantes de la vida comunitaria. Cuando surgen conflictos, incluyendo la violencia física, se socava la integración comunitaria y se dispersa el capital social disponible. La desorganización social debilita los lazos de solidaridad y cohesión. Como sostiene A. Portes, los ecosistemas sociales particulares de los tugurios son perfectamente racionales para las personas que viven en la marginalidad.  

Nuestro argumento es que los acuerdos socioculturales y el repertorio de prácticas psicosociales y de comportamiento entre los/as líderes comunitarios y otros actores influyen en la gobernanza y en las formas en que se reproduce el ecosistema sociopolítico de una comunidad. Los individuos tienden a actuar en función de lo que les permiten los recursos y las prácticas institucionales. No obstante, en nuestra experiencia, muchos miembros y líderes de las comunidades marginadas trabajan incansable y generosamente por el bien común. Sin embargo, sus esfuerzos se ven a menudo comprometidos por el limitado capital social y los débiles vínculos del espacio de gobernanza de sus comunidades.