El mes del orgullo LGBTI+ es un llamado a la visibilidad, la celebración de la diversidad de ser y amar, así como un llamado a poner fin a las desigualdades sociales que enfrentan las personas LGBTI+ en sus países.

Lograr el ODS3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades, así como el ODS16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, solo será posible si todas las personas tienen garantizado el ejercicio pleno del derecho a la salud y la justicia, incluyendo las personas LGBTI+.  Esto solo será posible si abordamos el estigma y la discriminación asociados a la orientación sexual e identidad de género de las personas.  

Según los datos de la Encuesta Nacional LGBTI 2020, el 96.7% de las personas encuestadas dijo haber sido víctima o presenciado alguna forma de violencia. Sin embargo, la denuncia de los hechos de violencia sufridos es poco común entre las personas que participaron de la encuesta, casi nueve de cada diez (88.7%) dijo no haberlo hecho.

Las razones por las cuales las personas LGBTI que llenaron la encuesta y presenciaron o fueron víctimas de un hecho violento decidieron no denunciar los hechos son variadas.  Sin embargo, el motivo más señalado para no denunciar fue el considerar que las autoridades correspondientes no harían nada; otras personas señalaron que sentir pena o vergüenza les desmotivó. 

Con respecto al acceso al derecho a la salud, la Encuesta Nacional LGBT 2020 señaló que los hombres gays y mujeres trans encuestadas refieren que el personal sanitario suele asumir que los síntomas que comunican durante consulta de salud invariablemente están relacionados con la seropositividad por VIH, y no toman en cuenta otras condiciones, como las enfermedades no transmisibles, problemas de salud mental u otras condiciones crónicas, limitando el acceso de estas poblaciones a servicios de salud integral.

La Encuesta Nacional LGBTI 2020 es un esfuerzo histórico en la región para recolectar información estadística sobre la realidad de las personas LGBTI+ en el Caribe. Su realización contó con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID, la Embajada del Reino Unido, el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como con la participación de organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos de las personas LGBTI+.

Sus resultados revelan que, si bien se han realizado avances importantes, todavía es imprescindible continuar abogando por el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBTI+, abordando de manera integral los determinantes socioeconómicos, políticos y psicosociales que les impiden vivir una vida digna y en pleno ejercicio de sus derechos. Al respecto, la Encuesta tiene cinco recomendaciones clave basado en los datos recolectados:

1. Desarrollar e impulsar políticas públicas integrales a favor de las personas LGBTI+.
2. Eliminar las brechas del sistema de salud en la atención de las necesidades de las personas LGBTI+.
3. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el estándar de debida diligencia en la prevención, investigación efectiva, pronta e imparcial, sanción y reparación de la discriminación contra las personas LGBTI, en el sistema de justicia
4. Reforzar el sistema de justicia para que incluya el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI.
5. Integrar a las personas LGBTI y las organizaciones de personas LGBTI en el desarrollo, investigación y elaboración de la legislación y las políticas que afectan a sus derechos y fomentar su participación y representación en los procesos legislativos.

Seguimos apoyando esfuerzos nacionales para seguir avanzando la inclusión y fortaleciendo las capacidades de la sociedad para proveer servicios integrales para las personas LGTBI+. Por ejemplo, en el mes de marzo, junto al Ministerio de Salud, Amigos Siempre Amigos y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), capacitamos a 40 profesionales de la psicología, dotándoles con herramientas y recursos para proveer tratamientos afirmativos, desde una perspectiva de género y respeto a los derechos humanos y promoviendo bienestar y salud integral para las personas LGBTI+.

Igualmente, en alianza con Trans siempre Amigas (TRANSSA), el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans de República Dominicana y el Voluntariado GLBT se elaboró la cartilla sobre ‘’Seguridad para todos desde el enfoque de diversidad’’ y un Manual de Seguridad Ciudadana y Autoprotección para Población LGBTI en la República Dominicana.  Ambos documentos son herramientas prácticas para informar a las personas LGBTI+ y activistas de derechos humanos sobre los pasos necesarios para asegurar el acceso a la justicia en caso de ser objeto de violaciones a derechos humanos. 

También hemos trabajado con el Poder Judicial en la elaboración de políticas internas que aseguren el acceso a la justicia sin discriminación de personas LGBTI+, migrantes y personas con discapacidad.  El desarrollo de las capacidades locales también es prioritario en materia de justicia, por lo que se han apoyado actividades de capacitación sobre derechos humanos de personas LGBTI+ para fiscales de la Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud y otras instituciones públicas con responsabilidades en la garantía del acceso a estos derechos.

Teniendo claridad sobre las dificultades que existen para que las personas LGBTI+ accedan efectivamente a la salud y a la justicia, desarrollar mecanismos para desmontar las barreras que sustentan el estigma y la discriminación hacia las personas LGBTI+ es el siguiente paso y el gran reto.  En la medida en que se incorpore a la sociedad civil organizada y a las personas LGBTI en estos esfuerzos por abordar los determinantes socioculturales y económicos que sustentan estas inequidades, más sostenible será la respuesta del país y, por tanto, más sostenible también su desarrollo.