Santo Domingo. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante inauguró la oficina regional este de la Defensoría del Pueblo y el Centro de Formación Defensor del Pueblo Dr. Manuel A. Tejada Florentino, para capacitar a profesionales en materia de derechos humanos.

En su discurso, Inka Mattila, representante residente del PNUD, indicó que esa edificación es una representación "de todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el 2018, junto a la Defensoría del Pueblo, apoyando el fortalecimiento de la institución, para poder desempeñar su loable llamado de ser guardianes de los derechos de la ciudadanía y velar por la transparencia en la administración pública".

De su lado, la doctora Zoila Martínez Guante, pronunció palabras de agradecimiento a las personas invitadas, entre ellas representantes de agencias internacionales, gobiernos locales, y legisladores. Agradeció también a la Dirección General de Pasaportes, en la persona de su actual directora, Aura Toribio, así como a Flavia García, exdirectora de Pasaportes, quien gestionó ese edificio, al ocupar la citada función.

En la actividad también estuvo presente el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien ponderó los servicios que ofrecerá este órgano constitucional para la garantía de los derechos de las personas. También, Cristina Lizardo, senadora de la provincia, quien afirmó que, con el establecimiento de la Defensoría del Pueblo en esa demarcación, se fomentará la cultura de garantías de los derechos de las personas y por tanto, se reducirán atropellos.

Sobre el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es una institución constitucional dotada de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, creado mediante la Ley 19-01, del primero de febrero de 2001, aunque empezó a funcionar en el año 2013, después que fue constitucionalizado en el 2010, al quedar establecida en la Carta Magna aprobada ese año, a través de los artículos 190, 191 y 192.

Este órgano tiene como función contribuir en la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas frente a la Administración Pública, los entes prestadores de servicios públicos, y la protección de los particulares en la medida que se afecten intereses colectivos y difusos.

En un momento en el que las personas más vulnerables han visto el acceso a sus derechos básicos afectados a causa de la pandemia, garantizar que instituciones como la Defensoría del Pueblo tengan todas las condiciones para hacer su trabajo por la buena gobernanza en medio de la incertidumbre es una prioridad.

El funcionamiento eficiente de todas las áreas del Estado es un componente indispensable para el desarrollo sostenible, y en este contexto, se ha hecho todavía más evidente la necesidad de contar con instituciones sólidas, que aboguen por una mirada de reconstrucción sobre la base de la inclusión, sostenibilidad, garantías y buena gobernanza.