En la vida política, la ausencia de mecanismos de acceso a la justicia para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres es un obstáculo absoluto en la construcción democrática de un país. El libre ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos políticos de las mujeres, es aún deuda pendiente. Si bien la cantidad de candidatas y de mujeres electas en cargos de elección popular y en los órganos de dirección de los partidos políticos ha aumentado en la última década, el ejercicio de su participación en este ámbito no se produce bajo un escenario de equidad, ni de plena protección.

La cuota de género en las instancias electivas no ha resultado per se, ser una medida que en solitario elimine las barreras sociales y discriminatorias que enfrenta una mujer que entra en la vida política en El Salvador. En general, la falta de un sistema regulatorio de control articulado sobre la violencia política ejercida en contra de las mujeres es una barrera a su  entrada y permanencia en el sistema, debido al alto grado de indefensión y el costo en distintos ámbitos que implica para ellas lograr éxito en las contiendas electorales.

Hasta la apertura de listas para las elecciones por diputaciones en 2015 y la ejecución de las reformas sobre democracia interna en las comicios de 2018, ambas devenidas de sendas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el control sobre la elección de las candidaturas en contienda le correspondía a las dirigencias partidarias, por lo que solo se presentaban al electorado, partidario o no, las previamente consensuadas entre integrantes de los órganos de dirección.

Con la apertura de listas, cambió el escenario político electoral, volviéndose altamente competitivo interna y externamente, especialmente en algunos tipos de elección y circunscripciones, donde la violencia política se convierte en una herramienta que busca desmoralizar e inhabilitar por paralización a quienes representan a grupos minoritarios dentro de cada partido, a las mujeres víctimas de violencia basada en género o a las que antes de enfrentar un alto nivel de violencia política, prefieren asumir como candidatas suplentes o en cargos de menor visibilidad.

Esto se profundiza aún más en las candidaturas no partidarias,  habilitadas desde 2012 y en las que solo una mujer inició el proceso de recolección de respaldos para inscribirse como propietaria, sin poder lograr su participación.

Los presentes fundamentos teóricos sobre los procesos electorales, la intervención política de las mujeres y sus mecanismos de protección permiten a operadores del sistema tener los elementos suficientes para la adecuada aplicación de la GUÍA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LOS PROCESOS ELECTORALES.