
El agua es vital para los procesos agrícolas y, en consecuencia, para la seguridad alimentaria y la salud de las personas. Guatemala, un país rico en recursos naturales, depende en gran medida de la agricultura y de los procesos productivos y económicos relacionados con esta. El sector agrícola y ganadero emplea a una cuarta parte de la población y desempeña un papel importante en la economía del país (CATIE, CGIAR, 2024). En 2022, el sector contribuyó aproximadamente con el 9.3 % del PIB, y la ganadería representó cerca de una cuarta parte de esta contribución (World Bank, 2024).
Esta dependencia impacta aún más a las poblaciones rurales, que encuentran en los recursos naturales su principal fuente de alimentos y medios de vida. Esto evidencia la importancia y urgencia de mejorar los procesos de gestión, administración, almacenamiento y distribución de este recurso.
Además, el cambio climático y sus efectos se presentan cada año con mayor intensidad y frecuencia, lo que representa un doble obstáculo para las sociedades (MARN, SGCCC y PNUD, 2021). En primer lugar, la presencia de riesgos como sequías, tormentas e inundaciones reduce la cantidad y calidad del agua. En segundo lugar, la falta de seguridad hídrica aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, lo que subraya la necesidad de adaptarnos al cambio climático utilizando la gestión hídrica como un instrumento imprescindible.
La seguridad hídrica se define como "la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico; para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con este recurso, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política" (UN WATER, 2013).
La escasez de agua o su mala calidad afectan negativamente la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y las oportunidades de desarrollo de las familias, especialmente de aquellas que viven en áreas rurales.
Trabajo colaborativo
Para abordar esta problemática, en 2020 se creó la Alianza por el Agua en Guatemala, promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), The Nature Conservancy (TNC), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Instituto de Cambio Climático (ICC).
La Alianza se concibe como una plataforma que facilita el intercambio de información, la reflexión, el análisis y el pronunciamiento de diversos sectores y actores de la sociedad, comprometidos con la construcción de un escenario nacional que fomente la gestión integral de los recursos hídricos.
Entre los logros alcanzados se incluyen:
- Presentación de informes técnicos sobre aguas subterráneas.
- Organización del II Congreso Nacional de Recursos Hídricos 2023.
- Capacitaciones a diputados y asesores del Congreso de la República, del gobierno anterior, sobre la crisis hídrica y la necesidad de una legislación adecuada.
- Promoción de políticas públicas para la gestión integrada de los recursos hídricos.
El trabajo de la Alianza por el Agua busca fortalecer la cooperación multisectorial para enfrentar los desafíos que presenta la crisis hídrica.
Después de una pausa, la Alianza por el Agua en Guatemala se ha reactivado y ha realizado su asamblea de miembros con el propósito de presentar el nuevo modelo de gobernanza y coordinar conjuntamente las actividades planificadas para los próximos meses.
Acción colaborativa:
La Alianza reúne a diversos actores del gobierno, la academia, el sector privado y la cooperación internacional, con el objetivo común de promover y alcanzar la seguridad hídrica.
Durante la primera asamblea, el viceministro del Agua, Jaime Carrera, participó y presentó información relevante sobre la gestión del agua, los principales retos y los mecanismos de colaboración impulsados por el Gabinete Específico del Agua.
Asimismo, Víctor López, asesor del proceso de diálogos por el agua, expuso la ruta de trabajo para el desarrollo de la propuesta de la Ley de Aguas.
Esta asamblea representó un espacio clave donde los socios identificaron diversas rutas de acción para guiar el trabajo colaborativo y consolidar una visión compartida.