El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, en colaboración con ONU Mujeres y el PNUD Guatemala, organizó el evento "Conversatorio para el Fortalecimiento de la Participación Cívica y Electoral de las Mujeres en el Proceso Electoral 2023", en el marco del Día de la Mujer. Este evento se enmarca en el proyecto "Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral", que tiene como objetivo la prevención y abordaje integral de la conflictividad electoral, incluyendo la violencia contra las mujeres en la política y la generación de espacios inclusivos de mujeres para la participación y la promoción de una cultura de paz en las diferentes fases del proceso electoral.

El evento contó con la participación de los Magistrados del TSE Guatemala y destacadas expertas en temas de género y participación política de las mujeres. Durante el evento, la Magistrada Presidente del TSE, la Sra. Irma Elizabeth Palencia Orellana, resaltó la importancia de equiparar el número de mujeres empadronadas con el porcentaje de mujeres electas en cargos públicos, y reiteró el compromiso del TSE Guatemala para reducir las brechas de participación política de las mujeres.

La violencia contra las mujeres en la política es un área de especial preocupación para el PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional, quienes trabajan juntos desde hace varios años en la iniciativa ATENEA, que proporciona una guía para implementar medidas para abordar la violencia contra las mujeres en la política. Las reflexiones se basan en diversas conferencias y acuerdos regionales, como las Conferencias de la Mujer de América Latina y el Caribe, las Conferencias de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. América Latina y el Caribe, especialmente a través de la OEA-CIM, el Mecanismo de Monitoreo de la Convención de Belém do Pará y algunos movimientos, organizaciones y redes feministas de mujeres y académicas, han realizado esfuerzos para adoptar o debatir marcos normativos u otros instrumentos destinados a conceptualizar violencia contra las mujeres en la vida política, estableciendo mecanismos de registro y seguimiento, denuncia, apoyo, acompañamiento y sanción. 

Bolivia y México son los países que más han avanzado en este sentido al tipificar el acoso y la violencia política de género a través de un marco legal que incluye ciertas normas normativas dirigidas a los partidos políticos y leyes para combatir la violencia de género, entre otras. 

Asimismo, para el caso de Guatemala, algunas investigaciones, al igual que el mecanismos ATENEA, recomiendan: primero, promover la adopción de instrumentos jurídicos y no jurídicos para su conceptualización e incentivar su reconocimiento desde el plano formal. También se debe diseñar instrumentos de medición y monitoreo de los actos de violencia contra las mujeres en su vida política para implementar políticas públicas basadas en evidencia empírica. En segundo lugar, se debe definir y analizar las competencias de acción de los órganos electorales y otras instituciones políticas frente a la violencia contra las mujeres en su vida política para establecer una dinámica institucional de prevención, atención, acompañamiento, sanción y erradicación de esta problemática. Tercero, se deben llevar a cabo acciones de política pública por parte de instituciones públicas competentes en la materia y sus articulaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el período electoral y no electoral. Por último, se debe trabajar con los medios de comunicación y las redes sociales para promover que presenten los acontecimientos políticos libres de estereotipos de género y se comprometan a no (re) producir actos de violencia de género contra las mujeres que participan en forma activa en la competencia política electoral en todos los niveles de gobierno. Además, se destaca la importancia de abordar la violencia contra las mujeres en la política en las redes sociales, que va desde el robo de identidad hasta el trolleo y el acoso en línea.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no son sólo derechos humanos; son también esenciales para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. La participación política de las mujeres es fundamental para alcanzar los ODS, y los partidos políticos están entre las instituciones más importantes para promover e impulsar dicha participación.