Cada año, partiendo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, activistas globales trabajan incansablemente durante 16 días para llamar la atención sobre los altos niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Durante las siguientes dos semanas, los activistas se vestirán de naranja, iluminarán edificios, convocarán reuniones y escribirán artículos como éste para encender la alarma acerca del flagelo que enfrentan las mujeres por la creciente violencia en sus hogares, en las calles, en las escuelas, los lugares de trabajo, la esfera pública e incluso en la política. También pedirán que se haga mucho más para abordarlo.

Estos esfuerzos son aún más urgentes a la luz de la crisis del COVID-19, que ha venido acompañada de una pandemia en las sombras: las ya inaceptables tasas de violencia contra las mujeres han aumentado en todo el mundo con la crisis, y pareciera haber pocas esperanzas de que disminuyan. En algunos países, las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda para casos de violencia doméstica se multiplicaron por cinco. Las restricciones a la circulación, el aislamiento social y la inseguridad económica han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en sus propios hogares.

Durante la última década, de manera alentadora, hemos visto avances en nuestra conciencia mundial sobre la magnitud de la violencia contra la mujer y sabemos mucho más sobre las causas fundamentales y las estrategias para prevenirla y abordarla. Movimientos poderosos como #MeToo y #BalanceTonPorc también están eliminando el estigma que enfrentan las sobrevivientes y situando la responsabilidad directamente dónde corresponde: en los perpetradores. No obstante, a pesar de la prevalencia mundial y los efectos perniciosos de la violencia contra las mujeres y las niñas, los esfuerzos para prevenirla y abordarla siguen siendo lamentablemente inadecuados, fortuitos y sub-financiados. De hecho, en algunos países se han desviado recursos desde las políticas que abordan la violencia contra la mujer hacia los esfuerzos de recuperación de la pandemia.

Antes que estallara la pandemia, a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres informó haber sufrido violencia física o sexual [1]. Una cuarta parte de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años que haya estado en una relación, habrá experimentado violencia por parte de una pareja íntima al llegar a los 20 años. En contextos de crisis, la proporción de mujeres que sufre violencia es superior al 70%, siendo la violencia contra la mujer una táctica de guerra de larga data. Las mujeres en medios expuestos a desastres naturales, tienen una mayor probabilidad de ser violadas, explotadas sexualmente y de padecer otras formas de violencia. UNICEF estima que durante la próxima década como consecuencia de la pandemia, 10 millones más de niñas estarán en riesgo de un matrimonio infantil. Si estas estadísticas no fueran lo suficientemente impactantes, imagine que las mujeres y niñas en situación de discapacidad sufren hasta tres veces más riesgos de violación, tienen el doble de probabilidades de padecer violencia doméstica y otras formas de violencia, y de experimentar abusos durante períodos más prolongados de tiempo.

En casi ningún otro ámbito de las políticas públicas existe tal consenso y preocupación en torno a un tema como en el de la violencia contra mujeres y niñas. Seamos realistas: nadie aprueba la violencia contra las mujeres de manera absoluta. Pocos políticos se levantarán y dirán públicamente que está bien golpear a su esposa o usar la violación como arma de guerra. Sin embargo, la mayoría de los delitos violentos contra las mujeres permanecen impunes incluso cuando se denuncian. Y la realidad es que hasta que acabemos con la impunidad de los perpetradores, poco cambiará.

A nivel mundial, es posible que estemos avanzando lentamente en la dirección correcta, con algunos esfuerzos notables como la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, de la que el PNUD es socio. Junto con nuestras agencias hermanas, los programas del PNUD en todo el mundo están trabajando para fortalecer la legislación sobre violencia de género y respaldar la capacidad policial y judicial con el fin de garantizar que las mujeres se sientan cómodas y confiadas de denunciar violaciones sabiendo que se hará algo al respecto. Lamentablemente, aún queda mucho por hacer.

En última instancia, la violencia contra las mujeres y las niñas mantiene el statu quo de la desigualdad de género, garantizando que las mujeres nunca se pongan al día y manteniéndolas con ello en un estatus social, económico y político desigual. Si, esperemos, logramos salir de la pandemia de COVID-19, hacemos un llamado a desenmascarar la pandemia oculta que enfrentan las mujeres y niñas en todas partes y a atacarla con el mismo vigor y los mismos recursos.

[1] Organización Mundial de la Salud, en nombre del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Estimaciones y Datos de la Violencia contra las Mujeres (VAW-IAWGED), Estimaciones de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, 2018 (Ginebra, 2021)