Nota: Este blog forma parte de Lustig, N. & Tommasi, M. (2020). El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables. UNDP. (Próximo a ser publicado)

La pandemia del COVID 19 en Argentina sorprendió a gobiernos y organizaciones de todos los niveles y expuso las dificultades de coordinación en tiempos o espacios de emergencia, donde y cuando más se requiere del apoyo del Estado

La pandemia de COVID 19 se propagó a través del mundo a gran velocidad, limitando el tiempo de reacción de gobiernos. Desde su origen en China, a través de Europa y luego a países latinoamericanos, gobiernos de todos los niveles tuvieron no más de 7 semanas para prepararse para lo que podía ocurrir con la nueva pandemia. El 23 de enero, el gobierno chino implementó una cuarentena en la ciudad de Wuhan, alertando por primera vez al mundo del riesgo de este nuevo coronavirus. Desde ahí, pasaron 6 semanas hasta que la región Italia declaró una cuarentena a nivel nacional, el 9 de marzo. Cinco días antes, el 3 de marzo, el virus ya había arribado oficialmente en Argentina, con el primer caso detectado en un paciente que arribó de Europa. El 8 de marzo, el país ya contaba con un fallecido a causa del coronavirus.

Además de la rápida propagación del virus, la respuesta de los gobiernos estuvo limitada por, en primer lugar, la subestimación del potencial de propagación del virus en América Latina y, luego, la veloz escalada con la que debieron implementar las medidas de mitigación. En Argentina, en la semana que se confirmaba el primer caso, el Ministro de Salud, Ginés Gonzales García, declaró que el dengue era más preocupante para la salud pública en el país que el nuevo coronavirus. Al mismo tiempo, científicos alrededor del mundo planteaban la posibilidad de que el clima más cálido en el hemisferio sur mitigase la propagación del virus. Sin embargo, solamente 12 días después de la confirmación del primer caso[1], el Presidente Alberto Fernández comenzó una escalada de medidas de contención que culminaron en la declaración de una cuarentena nacional, el 20 de marzo de 2020.

La rápida propagación del virus y la escalada de medidas de mitigación del gobierno nacional generaron un párate inmediato en la actividad social y económica en Argentina. El impacto nacional fue inmediato y se sintió aún más en gobiernos locales y en barrios vulnerables de todo el país. Se estima que, a más de 30 días de implementada la cuarentena, el movimiento de personas en centros de transporte en Argentina era 60% al habitual[2]. Gobiernos locales sufrieron caídas sustantivas en su recaudación[3], limitando aún más su ya acotado margen de acción para responder a la emergencia. Las medidas de limitación del movimiento también redujeron la disponibilidad de changas (trabajo informal) para habitantes de barrios vulnerables, potenciando aún más las dificultades económicas y exacerbando problemas preexistentes de corte familiar, educativo y salud, entre otros. Hacia principios de abril, se estimaba que la demanda de comida en comedores se había incrementado alrededor de 40%, pasando de 8 millones de personas a más de 11 millones.

En respuesta a este contexto, organizaciones de la sociedad civil y empresariales se organizaron en Seamos Uno, una campaña centralizada para responder a las necesidades alimenticias urgentes de barrios vulnerables

La campaña nacional Seamos Uno se lanzó a fines de marzo en Argentina para atender la urgencia alimentaria en barrios vulnerables de todo el país, uniendo esfuerzos de organizaciones religiosas con foros de los principales empresarios del país. La campaña nació por el vínculo entre un cura jesuita y el director de uno de los principales foros empresariales del país. La coordinación general de la campaña quedó a cargo de más de 5 organizaciones religiosas de todo el país[4]. Entre ellos, es notable la participación de la Asociación Cristina de Iglesias Evangélicas en Argentina, que tienen una penetración cada vez mayor en barrios vulnerables en Argentina[5]. Asimismo, participaron organizaciones tradicionalmente reconocidas por su acción social, como Cáritas, de la Iglesia Católica. A nivel de figuras públicas, contó con el respaldo de referentes como el Presidente de la Nación y el Papa Francisco. Las organizaciones del sector social se complementaron con empresas del sector privado. Por el lado empresarial, participaron las principales cámaras tanto locales – como el foro IDEA – e internacionales – como la Cámara de Comercio Americana-Argentina.

El objetivo de la campaña era la recaudación de donaciones monetarias para comprar alimentos que pudieran repartirse en forma de cajas de asistencia para familias en los barrios más vulnerables del país. El proceso se iniciaba con la recepción de donaciones tanto individuales como corporativas en cuentas auditadas por las cuatro principales empresas globales de auditoría. De ahí, se procedía al armado de cajas estándar con alimentos definidos de acuerdo con sus cualidades nutricionales. Luego del armado de las cajas en dos centros logísticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se procedía a repartir las cajas a familias identificadas a través de comedores, parroquias y organizaciones no gubernamentales (ONGs) en territorio. Según información de la organización, las cajas costaban $1,000 – 1,500 cada una, precios menores que los que se pueden conseguir a través de las compras mayoristas de alimentos.

La articulación de organizaciones religiosas y cámaras empresariales apuntó a apalancar las ventajas competitivas de ambos en la instalación y ejecución de la iniciativa. La participación de las organizaciones religiosas permitió disponer de organizaciones de base en barrios vulnerables, en forma de espacios - como parroquias y comedores - y recursos humanos - como curas y otros referentes sociales. Estos dos recursos permiten acelerar tanto la identificación de necesidades como la distribución de alimentos. Por un lado, permite apalancar el conocimiento previo de las redes sociales que los referentes barriales tienen en barrios vulnerables. Por otro lado, agiliza la distribución de alimentos, utilizando espacios de las iglesias como puntos de distribución y repartiendo a personas que ya interactuaban con estos espacios previo a la irrupción de la pandemia. En cuanto a la participación de cámaras empresariales, su rol estuvo enfocado en potenciar el alcance recaudatorio de la iniciativa[6] y aportar know-how y recursos humanos que optimicen procesos, tanto de recaudación de fondos como de logística de armado y distribución.

Seamos Uno es un ejemplo de coordinación de alto nivel con organizaciones de base facilitado por tecnología y puede servir de caso de estudio para fortalecer este tipo de políticas desde el sector público

La característica más distintiva de la organización de Seamos Uno fue la articulación de organizaciones empresariales y religiosas de alto nivel con con espacios físicos y recursos humanos en territorio en barrios vulnerables, sin mediar intermediarios. La participación de gobiernos provinciales y nacionales estuvo mayormente acotado a la priorización de barrios en donde se repartían los recursos. Más allá del peso simbólico de la participación de estas organizaciones en conjunto, sorprendió la velocidad con la que se armó la iniciativa. En menos de 4-5 semanas, se pasó del lanzamiento a la distribución de alimentos en el AMBA, en consonancia con un pedido del Presidente de la Nación de responder velozmente a la demanda de alimentos. Es posible que esta velocidad de respuesta haya sido consecuencia de la correcta conjunción de suficientes elementos de base – proveniente de las organizaciones religiosas - con el know-how operativo y logístico de coordinación del mundo corporativo.

Además de la correcta conjunción de actores, la campaña Seamos Uno apalancó correctamente herramientas digitales para impulsar la correcta ejecución y trazabilidad de las entregas. Así, una empresa tecnológica del sector privado construyó un Customer Relationship Manager (CRM) que listaba puntos de entrega con sus datos de contacto y cantidad de familias asistentes geo localizados. Adicionalmente, también se desarrolló una aplicación para permitir la verificación de entrega en el punto final a través de imágenes cargadas por los referentes barriales. De esta manera, la distancia física entre coordinadores de entrega y las organizaciones se reducía al mínimo a través de medios digitales. Adicionalmente, este tipo de herramientas permite mayor monitoreo sobre el estado de las entregas, planificación sobre futuras entregas y canalización de demandas.

Esta experiencia de coordinación de nivel central directa con el territorio suma a una serie de iniciativas de gobierno con similar metodología. Por ejemplo, la organización del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) del Estado Nacional contó con un área central de coordinación que articulaba directamente con organizaciones de base. El censo que permitió construir el registro se realizó apalancando recursos humanos de organizaciones sociales y utilizando tecnología móvil para la recolección de datos. La coordinación entre el Estado Nacional y las organizaciones de base permitió el armado del primer mapa de Barrios Populares en todo el país, la realización del primer censo integral de habitantes de Barrios Populares y la entrega de certificados de vivienda provisorios a miles de familias. La pregunta cabe sobre si esta política hubiese resultado de la misma manera si se hubiesen agregado capas de coordinación adicionales. Asimismo, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) de la Provincia de Buenos Aires articuló sus intervenciones en territorio a través de espacios propios instalados en los barrios más vulnerables del distrito.  Tomando la experiencia de Seamos Uno, el RENABAP y OPISU, la pregunta hacia radica en cuál es la forma óptima de coordinación en tiempos y espacios de emergencia.

[1] El 15 de marzo el Presidente Alberto Fernández anunció el cierre de las fronteras del país durante catorce días, una medida que luego se extendió al menos hasta la fecha de redacción de este artículo, el 26 de abril de 2020.

[2] Informes en base a aplicaciones móviles indican una caída de 61% de movimiento en centros de transporte aún a más de 30 días de iniciada la cuarentena, indicando una persistencia de la caída en movilidad.

[3] Se estima que la recaudación en los municipios con mayores niveles de ingresos en la Provincia de Buenos Aires (San Isidro y Vicente Lopez) cayó más de 60%.

[4]  Incluyendo organizaciones católicas, judías, evangélicas, entre otras. Ver listado completo en sitio Seamos Uno: https://www.seamosuno.com.ar/.

[5] La identificación con iglesias evangélicas entre personas sin estudios alcanza el 26.2% de las personas sin estudios en Argentina, versus 15.3% a nivel general, según la Encuesta Nacional sobre Actitudes y Creencias Religiosas en Argentina.

[6] Bancos en Argentina han anunciado donaciones del orden de ARS 20-50 millones (aproximadamente USD 200,000 a 500,000 a tipo de cambio paralelo) cada uno para la campaña.