El desarrollo es un proceso desigual, acompañado de resultados heterogéneos entre sectores, entre regiones y entre grupos de ingresos. Dicho proceso, como fue elegantemente establecido por Albert Hirschman hace más o menos 60 años, genera tensiones frecuentes y exige la retribución de recursos y poder. En este sentido, el conflicto es inherente al desarrollo.

Los resultados en el largo plazo, en términos de prosperidad, equidad y paz siempre dependerán de la forma en que dichas tensiones se procesen. De hecho, como se resuelven tales tensiones depende de la forma en que los actores interactúan; depende de una gobernanza efectiva. Si las tensiones se resuelven mediante la exclusión sistemática de algunos grupos, es más probable que la inequidad y la violencia caractericen a las sociedades. En América Latina y el Caribe, ciertamente vemos la violencia se ha convertido en un mecanismo de adaptación a estas tensiones y en una manera de procesar conflicto.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano” mostró la manera en las cuales la delincuencia y la inseguridad comprometen el desarrollo en América Latina y el Caribe. El crimen deteriora en bienestar de los ciudadanos y frena el crecimiento económico (Enamorado et al, 2013). A pesar de recientes progresos en la seguridad ciudadana y disminuciones marginales en la violencia, ALC continúa siendo la región más violenta en el mundo. De hecho, un informe publicado recientemente por el Instituto Igarape indica que, si bien Latinoamérica es el hogar del 8 por ciento de la población mundial, el 33 por ciento de todos los homicidios se cometen en dicha región.  Además, 17 de los 20 países con las tasas de homicidio más altas del mundo se encuentran en ALC. Mientras que la OMS clasifica más de 10 homicidios por 100,000 personas como una epidemia, el promedio regional de homicidios en ALC fue de 24 en el 2016, y se redujo marginalmente a 21.6 en el 2018.*

Como se muestra en la figura de abajo, las tasas de homicidios en la región y en particular para algunos países en Centroamérica y el Caribe, son mucho más altas que aquellas en países con niveles similares en el PIB per cápita. Por ejemplo, Honduras y Congo tienen tasas similares de PIB per cápita, sin embargo, Honduras sufre 56.6 homicidios por cada 100,000 habitantes mientras que Congo sufre 9.3 De igual manera, mientras que México sufre cerca de 20 homicidios, Montenegro, con un PIB per capital equivalente, sufre 4.5. En Brasil la tasa de homicidios alcanza los 30, mientras que en Líbano es de 4. ¿Qué explica estas altas tasas de delitos violentos en ALC?

Villalta, Castillo y Torres ofrecen un panorama de las teorías existentes para responder a esta pregunta en la región. La óptica económica sostiene que los individuos sopesan los costos (de los posibles castigos) y los beneficios para decidir si se involucran en la delincuencia o no. La perspectiva socio-estructural considera que las fluctuaciones en la delincuencia y la violencia son el resultado de cambios en las estructuras sociales, culturales e institucionales; esta teoría respalda la idea de que los aumentos en las tendencias delictivas son una consecuencia de cambios en las condiciones del mercado laboral, marginación y crisis económicas. La perspectiva política sostiene que el reciente progreso en los países ALC, tales como las transiciones hacia la democracia, cambios en las agendas políticas o incluso la “Guerra Contra las Drogas”, han debilitado el control gubernamental y ha dejado a gobiernos locales ineficientes a cargo de la protección civil. Finalmente, la teoría de la desorganización social sostiene que los comportamientos delictivos y antisociales son aprendidos mediante procesos de socialización del mismo modo que el lenguaje, roles y expectativas sociales. Según este enfoque, las áreas que están dentro de ciudades caracterizadas por bajos niveles de ingresos, diversidad racial e inestabilidad residencial, son más propensas a experimentar desorganización social. Dependiendo del contexto del país, una combinación de estas teorías ayuda a explicar el crimen en ALC.

Investigaciones empíricas respaldan las diferentes teorías: la sensación de impunidad en algunos países alienta a los infractores de la ley a participar en actividades delictivas; la falta de confianza en la policía y los sistemas de justicia en ocasiones impide que las víctimas reporten los crímenes (además, no es inusual que policías corruptos colaboren con el crimen organizado en algunos países por dinero o miedo); el apoyo a la violencia extralegal es considerablemente más alto en sociedades donde los sistemas políticos existentes reciben poco apoyo; y la falta de oportunidades económicas tienen un rol puesto que se ha detectado que existe una correlación fuerte entre la delincuencia y el desempleo juvenil. La evidencia también demuestra el impacto que tiene la desigualdad en el crimen (el caso de México es estudiado por Enamorado et al, 2016).

Como ya he mencionado, el pavimento del desarrollo en ALC requiere de una gobernanza efectiva como precondición para mejorar la productividad, inclusión y resiliencia. La gobernanza efectiva consiste en crear oportunidades socioeconómicas, en el fortalecimiento de instituciones y fomento de la seguridad ciudadana. Estas son tareas desafiantes según lo indican estas figuras. Iniciativas basadas en evidencia tales como INFOSEGURA, la cual apunta a promover y mejorar la calidad de la información sobre seguridad ciudadana en la región, son instrumentos de política pública esenciales para abordar este desafío.

*La tasa de homicidios será expresada por cada 100,000 habitantes en este artículo.