La protesta social ―cuando se realiza a través de medios no violentos― es una manifestación clave de derechos humanos reconocidos y protegidos por el derecho internacional, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la libertad de asociación. Al mismo tiempo, la posibilidad de formar parte de movimientos de protesta es esencial para la realización del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. 

La movilización social – en sus diferentes manifestaciones, incluso la protesta – permite a las personas ejercer su autonomía mediante un vínculo de solidaridad con los demás. Por esta razón, las protestas juegan un papel clave en la solución inclusiva, participativa y pacífica de las diferencias. Así, una gestión de los movimientos de protesta basada en los derechos humanos y la promoción del diálogo es fundamental para la consolidación de sociedades democráticas.

No obstante, en la práctica a menudo se confunden las causas con los síntomas y se pretende impedir las protestas en lugar de abordar las tensiones que las han generado. Como observa el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el documento “La aspiración más elevada. Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos”: 

La sociedad es más fuerte y resiliente cuando las mujeres y los hombres pueden participar activamente en la vida política, económica y social, […] sobre todo cuando tienen la posibilidad de acceder a la información, dialogar, expresar su desacuerdo y unirse para expresar sus opiniones […]. Sin embargo, en demasiados lugares, el espacio destinado a esta participación se está reduciendo.

Frente al aumento y reagudización de varios focos de demandas de la ciudadanía, en América Latina y el Caribe se han observado respuestas altamente problemáticas a las protestas sociales. En particular, en varios lugares el uso indebido de la fuerza pública ha provocado un escalamiento de la violencia con graves consecuencias, y en algunos casos incluso ha causado la pérdida de vidas humanas. 

La región subió de 18,531 protestas en 2019 hasta 24,371 protestas en 2023 (un incremento de 31.5%), con un pico de 25,589 protestas en 2022, según ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project). Este incremento implica que los derechos de libertad de expresión están siendo ejercitados cada vez más, pero también destaca la preparación de los Estados para manejar de forma positiva y constructiva las protestas sociales

Dado este contexto, urge elaborar nuevos abordajes para la gestión de los movimientos de protestas a partir de un entendimiento de la protesta como expresión de la libertad y dignidad de las personas y no solo como problema de orden público. Es esencial, en particular, que estos abordajes sean genuinamente basados en la protección de los derechos humanos, y al mismo tiempo fuertemente orientados a la mediación y transformación pacífica de los conflictos. 

Es esencial, en otras palabras, ir más allá de un enfoque restrictivo, de “mando y control” – hacia modelos de facilitación colaborativa y generación de consensos. 

En el documento “Protestas, derechos humanos y prevención de conflictos. Propuestas para repensar los modelos de respuesta estatal a la movilización social” publicado bajo la Serie de Documentos de Política Pública del PNUD en América Latina y el Caribe, ofrecemos una serie de posibles direcciones de reforma, estructuradas en los siguientes ejes:

• Promover marcos normativos para la gestión de la protesta social sobre la base de los derechos humanos
• Promover modalidades de gestión de las protestas basadas en el principio de facilitación colaborativa e innovación digital.  
• Robustecer conocimientos, capacidades y habilidades de las instituciones y sus funcionarios para la transformación institucional
• Redoblar los esfuerzos de actualización de conocimientos y capacidades de las instituciones del sector de seguridad y justicia, con enfoque de derechos humanos y sensibles al género
• Fortalecer los mecanismos de contrapeso para la capacitación y la rendición de cuentas de actores estatales relevantes
• Potenciar los espacios regionales y nacionales de la agenda temática. 

A través de las recomendaciones ofrecidas, se espera contribuir al desarrollo de nuevos modelos de gestión de la respuesta institucional frente a la movilización social, basados en el reconocimiento de la protesta como mecanismo legítimo para la expresión de demandas ciudadanas y en la consolidación de mecanismos horizontales de rendición de cuentas. 

En el marco de su trabajo en el área de gobernabilidad y paz, y a partir de los ideales de desarrollo humano a la base de su mandato, el PNUD renueva su compromiso para trabajar con todos actores relevantes en la construcción de estos modelos.