Hoy más que nunca, las organizaciones internacionales desempeñamos un papel clave y estratégico en la promoción del pleno disfrute de los derechos humanos. La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a una fuerte y creciente ola de retrocesos en materia de derechos humanos, que afecta especialmente a las mujeres y a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, y pone en peligro años de progreso.

Para la comunidad LGBTIQA+, y en particular para las personas trans y no binarias, el reconocimiento de derechos humanos fundamentales como el acceso a la educación, al trabajo decente y a los servicios de salud, y a las relaciones de pareja legales como el matrimonio civil o a vivir nuestra identidad de género, se han visto o podrían verse menoscabados. Esta regresión trae consigo una legitimación constante de discursos del odio, que aumenta significativamente las violencias, las discriminaciones y la exclusión de la comunidad LGBTIQA+, que a menudo se convierte en crímenes de odio. Esto hace del rol de las organizaciones internacionales uno no sólo necesario, sino clave para hacer frente a los desafíos.

Muchos de los avances logrados en América Latina y el Caribe se han debido al apoyo brindado por la cooperación internacional a organizaciones y colectivos para la exigibilidad, reconocimiento y respeto de los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTIQA+. Esto es lo que debemos continuar haciendo, y es lo que yo denomino, el fortalecimiento del tejido social de base; son las organizaciones, colectivos y personas LGBTIQA+ ─quienes desde sus vivencias y luchas─ tienen la posibilidad y la competencia de hacer la exigibilidad de sus derechos, bajo el respaldo del derecho internacional de los derechos humanos. Nuestro papel es apoyarles para hacer frente a los desafíos actuales, y ese apoyo debe ser constante y sostenido en el tiempo.

Es clave aumentar el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas y los congresos para que aseguren la formulación e implementación de legislación y políticas públicas de protección a los derechos humanos de las personas LGBTIQA+. Particularmente para eliminar la penalización de la homosexualidad y la transexualidad, diseñar o fortalecer medidas para sancionar la discriminación en todos los ámbitos, para protegernos contra todas las formas de violencias, incluidos los crímenes de odio, promover la implementación de la Opinión Consultiva OC-24 de la Organización de Estados Americanos (OEA) ─dado que es el marco regional de protección de derechos humanos de las personas LGBTIQA+ ─ y promulgar medidas que aseguren el acceso al acceso a la educación, el trabajo digno y los servicios de salud para las personas trans y no binaries, como derechos humanos fundamentales, esto solo por mencionar algunas[1].

Sin embargo, el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas y los congresos, así como de las organizaciones LGBTIQA+ debe tener tres enfoques fundamentales: a) basarse en evidencias, c) desde un enfoque multidimensional, y c) utilizar la perspectiva interseccional como espectro de intervención. La cooperación internacional debe garantizar que nuestra contribución esté basada en la evidencia, especialmente teniendo en cuenta los limitados datos disponibles para exponer las barreras y abusos a los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ y para desarrollar acciones a medida en cada país. Un ejemplo es el Análisis sobre vulnerabilidades y violencia contra la población LGBTQ+ en 5 países de la subregión centroamericana (2023).

Nuestro papel también debe abordar las causas estructurales de la exclusión y las violencias contra la comunidad LGBTIQA+, y esto requiere un enfoque multidimensional. La visión conjunta y la intervención de todas las carteras del PNUD son necesarias para abordar la vulnerabilidad y la exclusión de la comunidad LGBTIQA+, desde el crecimiento inclusivo, la gobernanza democrática y la consolidación de la paz, hasta la igualdad de género, la salud y el VIH, y el medio ambiente. 

Por último, esta articulación y este enfoque deben basarse en la perspectiva interseccional. Las personas LGBTIQA+, especialmente las personas trans y no binarias, experimentamos mayores discriminaciones cruzadas como la misoginia, la pobreza, el racismo, la xenofobia y la exclusión por discapacidad, lo que aumenta sustantivamente la exposición a la discriminación, la exclusión y las violencias. Las mujeres y cualquier expresión cercana a lo femenino enfrentamos mayores desafíos y los impactos más fehacientes del retroceso a los derechos humanos. 

También es clave que las organizaciones internacionales, y el PNUD, aúnen esfuerzos con el sector privado. Desde las campañas de sensibilización y las mesas de diálogo hasta la inclusión de las personas LGBTIQA+ en el lugar de trabajo, las empresas desempeñan un papel fundamental. En Argentina, la iniciativa Contratá Trans pretende mejorar la integración laboral de las personas trans tanto en el sector privado como en el público, mientras que un instituto ofrece formación ocupacional Mocha Celis a la comunidad travesti, trans y no binaria.

Nuestro papel a la hora de abordar los retos actuales también consiste en actuar internamente. Es esencial que el PNUD reflexione sobre cómo garantizar que nuestro lugar de trabajo sea un entorno seguro para las personas LGBTIQA+, atraiga y busque su talento, promueva la diversidad humana y sea un lugar donde la discriminación contra la comunidad LGBTIQA+, especialmente para las personas trans y no binarias, no tenga cabida en absoluto.

“Todas las personas, 

Con todos los derechos, 

Todos los días, 

Sin discriminación, violencia o

Exclusión alguna”, Rafaella Sánchez Mora

[1] Para mayor información, revisar: Advancing the human rights and inclusion of LGBTI people: A handbooK for parliamentarians