Como en la mayoría de los países del mundo, en Perú los casos diagnosticados de COVID-19 van en aumento. El Estado ha respondido rápida y firmemente para “aplanar la curva”, con un gran respaldo ciudadano. Sin embargo, tomando en consideración la dinámica de la enfermedad en otros territorios, incluso los que han respondido de forma más temprana, los días más difíciles están aún por venir, y no solo por razones de salud.

Aunque cerca del 80% de los casos se concentran en Lima, las capacidades del Estado para el diagnóstico y tratamiento están aún por desarrollarse en el territorio. Desde el primer día se pusieron en marcha medidas para cerrar la brecha a nivel subnacional, pero lo cierto es que esta no será tarea sencilla. Según nuestro último Índice de Densidad del Estado, al menos 107 de las 196 provincias en el país tienen menos de 10 médicos por cada 10.000 habitantes. Esta situación puede ser más complicada en territorios con una alta predominancia de población adulta mayor, como algunas zonas rurales e indígenas, ya que este grupo representa 1 de cada 6 casos diagnosticados de COVID-19.

La presión que la pandemia ejercerá sobre el sistema de salud peruano es solo parte del problema. Con el cierre de fronteras, la ralentización de los mercados bursátiles y de economías internacionales que representan aliados comerciales fundamentales para el país, el potencial impacto económico y social del COVID-19 es aún incierto. Ya ha puesto en jaque a personas que dependen de ingresos diarios para subsistir y a sectores enteros, como el de turismo, el de servicios urbanos, y a quienes dependen de la llamada “sharing economy”, que no son empleados sino usuarios de plataformas de provisión de servicios. De lo que no queda duda es de que golpeará de una manera más crítica a las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes: personas en trabajos informales o precarios, migrantes, hogares con un solo ingreso, poblaciones indígenas y rurales.

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, en 2019, cerca de 1 millón de personas en Perú estaban en riesgo de recaer en la pobreza si sus ingresos se redujeran, en promedio, un 7%. Esto las deja sumamente expuestas a shocks exógenos como una enfermedad en la familia, la pérdida del trabajo, la reducción de horas laborales, entre otras. Estas son precisamente dinámicas que se exacerbarán en el estado de pandemia en el que nos encontramos.

Desde el PNUD, hemos brindado apoyo al Perú en su exitosa lucha contra la pobreza en las últimas dos décadas. Ahora, el país tiene la oportunidad de seguir demostrando su liderazgo a nivel regional en la afronta de la COVID-19, protegiendo a las personas no solo de la enfermedad, sino también de la precarización de sus condiciones de vida. Medidas como la aprobación de un fondo de asistencia para personas en situación de pobreza y pobreza extrema es fundamental, pero debe incluir también a quienes dirigen o trabajan en las microempresas que incrementaron la resiliencia de la economía nacional ante la última crisis global, en el año 2008.

El verdadero impacto de la COVID-19 será complejo y se vivirá más allá de los promedios nacionales. Exige soluciones integrales que pongan a las personas en el centro y consideren el impacto socioeconómico en las familias y las posibles vulneraciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables. Así como en otros países ya se experimenta un incremento de la xenofobia ante personas de ascendencia asiática, el grupo de migrantes venezolanos, ampliamente empleados en el sector informal, se podría encontrar en riesgo. Una malla de políticas que complemente el estudio de los impactos socioeconómicos a nivel agregado con análisis micro sobre las economías en hogares de poblaciones vulnerables, sus ingresos, su acceso a servicios sociales, es fundamental. Del mismo modo, es clave analizar cómo en la evolución de este escenario se ven afectadas las disparidades de género. 

Este será un reto que requiere el liderazgo del Estado y el apoyo de todos los sectores sociales, particularmente del sector privado y una ciudadanía activa que ha respondido, en su gran mayoría, con solidaridad, responsabilidad y creatividad a este escenario. Las tecnologías de la información y la innovación social abren nuevas rutas a explorar que ya se sienten en el país, desde profesionales que ofrecen voluntariamente su apoyo a través de redes sociales, hasta fiestas por Google Hangouts para lidiar con los impactos en la salud mental producidos por la cuarentena. Sin ir muy lejos, a través de nuestra iniciativa Empresas que Inspiran, en el PNUD estamos brindado apoyo para desarrollar herramientas con el sector privado, a través de voluntariado corporativo, para la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas, que pueda luego expandirse territorialmente a través del Ministerio de la Producción y otros aliados.

Es un momento atípico en una población que, en su mayoría, se siente desvinculada del Estado. Debemos responder de manera adecuada para que, ante la amenaza de la COVID-19 y otras vulnerabilidades, verdaderamente nadie se quede atrás.