Entrevista por Daniella Toce Salcedo, PNUD Perú

La pobreza es un fenómeno que va más allá de la falta de ingresos. Impacta las vidas de las personas en múltiples dimensiones, y se ve influenciada además por distintas características de contexto social, político, medio ambiental, que tendrán un impacto directo en las formas en las que las persona experimentan la pobreza. Así, las mujeres en el mundo viven la pobreza de manera diferenciada, con las brechas de desigualdad de género que enfrentan, agudizando su incidencia.  

Al 2019, la CEPAL indicaba que, en el mundo, por cada 100 hombres en condición de pobreza, había 113 mujeres en la misma condición. Para entender las relaciones entre género y pobreza, e identificar algunos caminos que se pueden transitar para solucionarla, conversamos con Guillermina Martin, líder del equipo de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe

¿Cuál es la relación entre género y pobreza? 

En primer lugar, es importante considerar el contexto de la región y los desafíos particulares que encontramos para abordar la injusta organización social del cuidado. 

América Latina y el Caribe (LAC) ha sido una de las regiones con mayor impacto de las crisis multidimensionales y superpuestas; 11 de los 30 países que han visto caer su Desarrollo Humano en el mundo, están en nuestra región.  

¿Y esto por qué sucede?  

Porque una deuda histórica en su modelo de desarrollo, mercados laborales informales, baja productividad, falencias en los sistemas de protección social y cuidados, alta fragilidad y polarización política, una injusta organización de los cuidados, impactos desproporcionados por la emergencia climática y arraigadas desigualdades de género, étnico-raciales, territoriales y por edad, marcan la realidad de la mayoría de los países de la región.  

 La excesiva carga de cuidados no remunerados está completamente invisibilizada en nuestras sociedades y economías, y es un elemento central de la feminización de la pobreza. Esta repercute en las trayectorias laborales y de vida de las mujeres de los primeros quintiles de ingreso. 

Por ejemplo, la baja participación de las mujeres en el mercado laboral de LAC pone en evidencia los roles de género y las barreras sociales, culturales y económicas para el acceso al mercado laboral.  Los datos señalan que cuando las mujeres tienen hijos e hijas menores de seis años y, además, pertenecen a los primeros quintiles de ingreso, esta brecha se amplía. Por tanto, son las mujeres en mayor situación de pobreza con hijas e hijos pequeños quienes no tienen ingresos porque no acceden al mercado laboral o cuentan con un empleo informal.  

Ante esta situación, varios estudios indican que la inversión en políticas de cuidado que permitan reducir a la mitad el costo de la no participación en el mercado laboral de madres con hijos menores de 5 años, produciría un aumento de la participación laboral de las mujeres de aproximadamente un 9%, que se traduciría en un aumento del PBI per cápita equivalente al 5% del PBI (Bustelo et al, 2019A). Esto permitiría reducir significativamente la pobreza y la desigualdad socioeconómica (Marchionni et al, 2019).  

Según nuestro Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) con Foco en Mujeres, publicado en 2023, el 27.4% de las mujeres de los 10 países seleccionados para el análisis son pobres multidimensionales. La intensidad de la pobreza, entendida como la proporción media de privación entre las mujeres pobres, es del 48%. Esto significa que, en promedio, las mujeres pobres experimentan privaciones en casi cinco de los diez indicadores que componen el IPM. 

La incidencia de la pobreza en las mujeres varía en función de su ubicación en el territorio: en los 10 países analizados el 19% de las mujeres urbanas son pobres multidimensionales, siendo este porcentaje casi tres veces mayor para las mujeres rurales (58%). Además, existen diferencias importantes entre los países de la región: en Uruguay, República Dominicana, Bolivia, El Salvador y Honduras la incidencia rural casi duplica la urbana, y en Costa Rica, México y Panamá la triplica. Chile y Colombia tienen la mayor brecha urbano/rural: la proporción de mujeres rurales que son pobres multidimensionales es 4 veces superior a la de mujeres urbanas.  

Las principales privaciones que enfrentan las mujeres pobres multidimensionales se relacionan con una “Condición de actividad desfavorable” (El indicador se relaciona a la mujer fuera del mercado laboral debido al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, informal o asalariada que no alcanza el salario mínimo) y “Falta de acceso a Internet” con privaciones para el 66,3% y 50,6% de las mujeres adultas, respectivamente. 

La proporción de mujeres adultas que enfrentan privación por no ser perceptoras de ingreso es de 29.8% en el nivel agregado para los 10 países del estudio. 

De 10 países que forman parte del análisis de pobreza multidimensional que se presenta en este documento, en 5 países la feminización de la pobreza multidimensional es mayor que la feminización de la pobreza por ingresos. 

¿De qué forma los estereotipos y normas sociales de género influyen en la feminización de la pobreza?   

 Las normas sociales abarcan los valores, creencias, actitudes y prácticas que afirman la dinámica de poderentre los individuos e instituciones. En términos más generales, las normas se operacionalizan a través de creencias, actitudes y prácticas. Las expectativas de las personas sobre los roles de los individuos en los hogares, las comunidades, los lugares de trabajo y las sociedades pueden determinar el funcionamiento de un grupo.  

Por ejemplo, las mujeres a menudo enfrentan fuertes expectativas sociales convencionales para ser cuidadoras y amas de casa; y en cambio se espera que los hombres ganen el sustento familiar. Incrustados en estas normas sociales existen patrones de exclusión, de larga data, respecto a la toma de decisiones en las familias, en las comunidades, en la política y en la sociedad en su conjunto que limitan las oportunidades y opciones de las mujeres. Estas normas dan forma al acceso (a menudo desigual) de mujeres y hombres a los recursos y libertades, afectando así su voz, poder y sentido de sí mismos. Las normas de género están arraigadas en las instituciones formales e informales, y en las propias mentes. Se producen y reproducen a través de interacciones cotidianas, y se internalizan y aprenden temprano en la vida. En general, son normas que sostienen una jerarquía de poder que favorece a los hombres por sobre las mujeres, reforzando una desigualdad sistémica que viola los derechos y oportunidades de las mujeres y niñas (UNFPA 2022, UNICEF 2020; Cislaghi and Heise 2019, Muñoz Boudet 2013). Y al mismo tiempo, estas normas sociales de género se interrelacionan con otras como las étnicos-raciales o de edad, profundizando sistemas de exclusión.   

De esta forma, la desigualdad de género se asocia con normas sociales discriminatorias persistentes, que prescriben roles y relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad y repercuten en el desarrollo humano de los países. 

En ese contexto, las normas sociales de género juegan un papel importante en la creación y perpetuación de las desigualdades basadas en el género, por lo que es necesario distinguir específicamente cuales son las razones que explican la permanencia de estas brechas, pero a la vez, la urgencia de abordarlas operativamente. 

¿Por qué es importante contar con indicadores género-específicos para analizar la pobreza? 

La propuesta de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) con foco en mujeres (datos 2019) busca llamar la atención sobre la necesidad de contar con información y análisis específicos que permitan medir la pobreza con enfoque de género. 

La «versión ideal» del IPM con enfoque en mujeres se estructura en torno a cinco dimensiones: Salud y violencia, Educación y acceso a las TIC, Trabajo y Cuidados, Vivienda y Acceso a Servicios Básicos, y Derechos económicos y participación. Esta propuesta de IPM tiene 21 indicadores y asume que toda la información necesaria para medir los diferentes aspectos de la pobreza femenina a través de los indicadores propuestos está disponible en la misma fuente de datos.   

 Pero la medición solo estamos presentando lo disponible en la Versión Factible del indicador con las Encuesta de Hogares que hoy tienen los países, las cuáles no incluyen indicadores centrales como: uso del tiempo, la prevalencia de la violencia, o salud sexual y reproductiva. Estos temas son centrales en la reproducción intergeneracional de la pobreza, por ejemplo; sabemos el impacto del embarazo adolescente o el impacto enorme de la pobreza de tiempo en las mujeres.  

Los indicadores que más aportan al IPM con foco en mujeres son la condición de actividad desfavorable (mercado laboral, trabajo doméstico no remunerado, sin acceso a internet y sin servicios de vivienda). Aunque una medición post pandemia demostró un aumento del acceso a internet, persisten las brechas por género y por áreas geográficas, siendo las mujeres rurales las más afectadas.  La incidencia de pobreza multidimensional en mujeres es mayor en las zonas rurales y, además, las mujeres rurales experimentan una mayor intensidad de la pobreza. En particular, la composición de la población de mujeres rurales en los países mencionados es indígena y afrodescendiente en gran medida. 

 En América Latina y el Caribe, en promedio, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta injusta organización social del cuidado, que desde hace décadas el movimiento de mujeres y feminista vienen denunciando, tiene un impacto central en la reproducción de la feminización de la pobreza. Si bien el trabajo de cuidados se ha visto visibilizado y reconocido socialmente por amplios sectores en el contexto de la crisis del Covid-19, el vínculo entre la economía productiva y la economía de los cuidados, y su repercusión en el aumento de la pobreza y en la transmisión intergeneracional de la pobreza, se ha hecho más evidente que nunca.  

¿De qué forma el desarrollo de los sistemas integrales de cuidados pueden aportar al cierre de brechas de pobreza? 

Invertir en cuidados es central porque es un derecho y además es un camino para el desarrollo sostenible y la generación de sociedades más igualitarias y justas.  

Para ello, es necesario avanzar en la construcción de sistemas integrales de cuidados nacionales y locales. En este marco, es importante tener claridad sobre lo que consideramos como políticas de cuidados.  

Una política de cuidados no es sólo una política para personas con discapacidad, no es una política de protección de la primera infancia ni una política de adultos mayores. La mirada que se propone recupera la importancia de distinguir entre programas, políticas y sistemas de cuidado, para una mejor comprensión del alcance y del carácter sistémico, integral y nacional que requiere el despliegue de un sistema, con énfasis en que: “la construcción de sistemas no apela únicamente a la implementación de servicios para satisfacer necesidades, sino que hay otros componentes que son los que define la posibilidad de caminar hacia una nueva organización social de los cuidados, donde la corresponsabilidad de género debe ser un elemento fundante.” (ONU Mujeres/CEPAL, 2022: 8).  Y esto es lo más disruptivo de crear una política de cuidados, porque deben tener también un foco en la igualdad de género y en mejorar las condiciones laborales de las personas que brindan cuidados, que en nuestra región y a nivel mundial mayormente son mujeres.  

Estas políticas deben contribuir a liberar tiempo de las mujeres para su autonomía e independencia. La importancia del vínculo entre género y cuidado se evidencia en uno de los efectos esperados de la creación de un sistema de cuidados, vinculado a la autonomía de las mujeres y a liberar tiempo para su propio autocuidado, para educarse y trabajar por un ingreso, para su participación en política y espacios comunitarios y de la sociedad civil, entre otras.  

 Pero, sobre todo, es importante destacar el carácter polisémico de los cuidados. Es decir, los cuidados son un conjunto diverso y muchas veces complejo de acciones y prácticas, muchas de las cuales se realizan de manera diaria, imprescindibles para reproducir la vida presente y futura. Desde la Economía Feminista se subraya el carácter sistémico del trabajo de cuidados, especialmente aquel que se realiza de manera no remunerada, y su importancia para el sostenimiento de una economía de mercado, centrada en la producción de bienes y servicios. En nuestra región, el PNUD calculo que es el 21% del PIB.  

No existen recetas únicas para los distintos países de la región, pero en términos generales se requieren soluciones multidimensionales, multiniveles y multiactor basadas en la evidencia. Estas soluciones se traducen en políticas de tercera generación que, a través de una adecuada institucionalidad y su gobernanza desde una coordinación interinstitucional, encauce a los diversos actores involucrados en la definición e implementación del Sistema Nacional de Cuidados, con una coordinación del sistema; con poder y competencias específicas para la construcción de interfases entre las instituciones involucradas, para asegurar la coherencia de la implementación, que traduzca los derechos en soluciones entregables; superando solapamientos, rivalidades presupuestarias e intereses sectoriales, y promoviendo la coherencia intersectorial. 

¿Cómo está trabajando el PNUD en el camino para alcanzar la igualdad de género y la eliminación de la pobreza en mujeres? 

En el PNUD contamos con una Estrategia Regional de Igualdad de Género para el período 2023- 2025, que apuesta por una agenda ambiciosa, estratégica y transformadora en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad. Las bases se encuentran en el marco normativo internacional y regional que garantiza los derechos humanos de las mujeres, así como en la Agenda Regional de Género y la hoja de ruta que constituye la Agenda 2030, que pone la igualdad de género en el centro del desarrollo sostenible. A nivel corporativo, tres documentos claves inspiran esta estrategia y enmarcan su contenido: el Plan Estratégico del PNUD 2022-2025; el Programa Regional 2022-2025 y la Estrategia Global de Igualdad de Género del PNUD 2022-2025. 

 La hoja de ruta del PNUD en materia de igualdad de género en ALC se estructura en torno a 4 grandes resultados que son: promover economías inclusivas y el empoderamiento económico de las mujeres; contribuir a la creación de sociedades más inclusivas e igualitarias; generar un desarrollo basado en la naturaleza género transformadora e informado en los riesgos; y fomentar una gobernanza democrática con participación y liderazgo de las mujeres. Los enfoques que adopta el PNUD y que atraviesan esos resultados, conocidos como soluciones emblemáticas, son la igualdad de género, los derechos humanos, la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque de ciclo de vida.  

Además, resulta fundamental incorporar un abordaje sistémico que promueva un entendimiento de las interconexiones entre los distintos desafíos del desarrollo y sus impactos en las mujeres en toda su diversidad, de forma que se transite de un trabajo en silos a un enfoque de portafolio.