La Argentina posee una legislación laboral y de seguridad social que no ha sufrido significativos cambios durante los últimos 30 años, más allá de las recurrentes y erráticas modificaciones del régimen de jubilaciones y pensiones. En paralelo, el mercado de trabajos ha cambiado radicalmente debido al aumento sostenido de la informalidad laboral, que, si bien se reduce parcialmente cuando la econom a crece, ha tendido a incrementarse en las últimas décadas, tendencia que no parece revertirse. El gasto social para proteger a la población en condiciones de pobreza —en general niños, niñas y población adulta semiformal e informal— ha aumentado sistemáticamente desde 2001, y se ha canalizado principalmente a través de programas de transferencias monetarias, como en la mayor a de los países de la región, a los que se suman programas de menor tamaño como las becas estudiantiles y los programas activos del mercado laboral. Además, la Argentina ha desarrollado un conjunto de programas para los trabajadores informales —aun si sus ingresos los colocan por encima de la l nea de pobreza—, particularmente en materia de salud y de acceso a pensiones, bajo condiciones muy favorables.

En la actualidad la legislación laboral se encuentra desconectada de la dinámica del mercado laboral, y sostener ese esquema de cara al futuro será cada vez más costoso en términos de la creación de empleos formales.