Contexto:

Las condiciones preexistentes de desigualdad están moldeando la intensidad de los impactos ocasionados por la pandemia de la COVID-19; es decir, no todas las personas serán afectados de la misma manera, al mismo tiempo y con la misma severidad, y no todos podrán recuperarse con la misma velocidad.

En ese sentido, el informe “Desarrollo Humano y COVID-19 en México” del PNUD, plantea que la pandemia evidenció que las brechas de desigualdad presentarán retrocesos importantes en todos los niveles, pero en especial en materia de salud, educación y empleo, por lo que se requerirán estrategias específicas que permitan a las poblaciones  en condición de vulnerabilidad recuperarse. 

Ante una posible caída del 8.55% o más en el Ingreso Nacional Bruto, se sugiere que los procesos de recuperación económica prioricen la protección a las poblaciones más vulnerables ante los efectos de la pandemia.

Entre los efectos de COVID-19 se prevé que se agudizará el trabajo informal, la exacerbación de las tareas pre-asignadas del cuidado por cuestiones de rol de género y la violencia doméstica; además, en las comunidades rurales, periurbanas, indígenas y no indígenas, están enfrentando la pandemia sin acceso a agua potable, a recursos de salud pública y/o a información sobre la prevención en sus lenguas.

Los impactos socioeconómicos derivados de la pandemia de la COVID-19 son particularmente graves en las zonas rurales indígenas del centro y sureste de México, y además aumentan la vulnerabilidad de la población local, especialmente de las mujeres y jóvenes locales.

Durante el Plan de Iniciación del presente Proyecto, el PNUD condujo una evaluación de afectaciones y necesidades (EAN) a más de 250 localidades del centro y sureste de México, confirmándose que en general se han reducido las posibilidades para hacer frente a la pandemia al empeorar la alimentación de las familias, restringir el flujo de efectivo para acceder a consultas médicas y adquisición medicamentos.

También se constató que 60 de las 250 comunidades evaluadas no cuentan con acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, tanto para prevenir contagios, como para tratar a personas enfermas dentro de la comunidad.

La crisis también relentizó el ritmo de la recuperación, al perderse empleos externos (el 80% de familias participantes en el proyecto dijeron contar con uno o más integrantes que se quedaron sin trabajo) y detenerse otros ingresos económicos provenientes de medios de vida locales (turismo, artesanía y exportación de materias primas se redujeron casi a cero durante meses y su reactivación es muy lenta).

A partir de dicha evaluación participativa se identificaron cuatro principales problemáticas generadas por la pandemia COVID-19 en las zonas rurales e indígenas de atención:

1. Insuficiencia alimentaria de diferentes grados en todas las comunidades evaluadas, y riesgo de desnutrición, que reducen su resiliencia ante las fases de la pandemia aún por venir.
2. Limitado acceso y disponibilidad de fuentes de agua segura y limpia para consumo humano y para uso doméstico, para aplicar las medidas preventivas de higiene en el 26% de las comunidades evaluadas.
3. Reducción de los ingresos económicos de las familias asociadas a empresas sociales en todas las comunidades evaluadas, derivado de la ruptura de cadenas productivas o de servicios, que en orden de gravedad incluyen: turismo, artesanías, apicultura, derivados del maíz (totopos), café, cacao, aguacate y nopal.
4. Falta de coordinación y capacidades limitadas para implementar estrategias de recuperación y reactivación económica y social ante COVID-19 en gobiernos locales, sector privado y OSCs, del centro y sureste del país.

Es con estos antecedentes, que se definen los 4 temas en los que se enfoca el proyecto:

• seguridad alimentaria,
• seguridad hídrica,
• reactivación de economías locales, y
• fortalecimiento de capacidades y de coordinación entre organizaciones y redes de OSC, iniciativa privada y gobiernos locales.

Objetivo:

Contribuir a la recuperación resiliente e integral de comunidades indígenas y rurales en 8 estados del centro y sur sureste del país ante los impactos de la pandemia de la COVID-19. En específico, en 100 comunidades rurales e indígenas, a través de la reducción de sus condiciones de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la seguridad hídrica, seguridad alimentaria y reactivación de economías locales desde un enfoque de gobernanza local, sostenibilidad y derechos humanos.

Actividades:

1. Reforzar  la seguridad alimentaria de 3,000 familias de comunidades rurales de alta vulnerabilidad.
2. Fortalecer la seguridad hídrica con un enfoque de derechos y una visión de cuenca para las 60 comunidades. 
3. Reactivar las fuentes locales de ingresos y medios de vida de las familias, apoyando a organizaciones productivas locales de los sectores más comúnmente encontrados en las 100 comunidades de trabajo: turismo, miel, artesanías, café, cacao, totopos de maíz, aguacate y nopal, buscando llegar una meta de 60 organizaciones atendidas
4. Promover una mayor coordinación entre actores sociales, organizaciones de la sociedad civil (OSCs), iniciativa privada e instancias de gobierno para apoyar la recuperación post-COVID19.