La relación entre las políticas de control de drogas y el desarrollo humano es compleja y multifacética; si bien ambos esfuerzos comparten un objetivo común de reducir los daños relacionados con el uso de drogas, las políticas dirigidas a prohibir y castigar el cultivo, venta y uso de ciertas drogas han desempeñado un rol desproporcionado en la conformación del enfoque internacional para el control de drogas y las respuestas de los países, sin tomar en cuenta los objetivos nacionales de desarrollo. Las políticas de control de drogas se han justificado por los daños reales y potenciales asociados con el uso y los mercados de drogas ilícitas, tales como las amenazas a la seguridad personal y pública, los problemas de salud pública, delito, disminución de la productividad, desempleo y pobreza.

No obstante, la evidencia muestra que, en muchos países, las políticas de control de drogas y las actividades relacionadas con su aplicación enfocadas a reducir la oferta y la demanda han tenido poco efecto en la erradicación de la producción o el uso problemático de drogas. Varias organizaciones de las NU han descrito igualmente las consecuencias colaterales dañinas de estos esfuerzos: creación de un mercado negro criminal; impulso a la corrupción, violencia e inestabilidad; debilitamiento de la salud pública y la seguridad; generación de abusos a gran escala contra los derechos humanos, incluyendo penas abusivas e inhumanas; y la discriminación y marginación de las personas que usan drogas, los pueblos indígenas, las mujeres y jóvenes4.. La evidencia muestra que, en muchas partes del mundo, las respuestas de la aplicación de la ley respecto a los delitos relacionados con las drogas han generado o exacerbado la pobreza, han impedido el desarrollo sostenible y afectado negativamente la salud pública y socavado los derechos humanos de las personas más marginadas.