Según Global Witness, 2017 fue el año más mortífero hasta ahora para los activistas ambientales, en el que se reportó un saldo de 207 defensores ambientales asesinados por defender tierras comunitarias o recursos naturales. Más de la mitad de estos asesinatos ocurrieron en solo tres países: Brasil (23%), Colombia (18%) y Filipinas (14%), y la mayor parte fueron causados por agroindustrias, minería, tala ilegal y mafias organizadas de caza furtiva. Alrededor del 10 por ciento de las víctimas fueron mujeres, la mayoría indígenas, número que sigue creciendo cada año.

Las mujeres, en especial las mujeres indígenas, son particularmente vulnerables a la violencia relacionada con el medioambiente: casi la mitad de todas las activistas fueron asesinadas por defender la tierra comunitaria y los derechos ambientales. En 2016, el mundo condenó ampliamente el asesinato de Berta Cáceres por defender los derechos de su comunidad contra la construcción de una represa hidroeléctrica en Honduras. Sin embargo, la violencia contra muchas otras defensoras pasa en gran medida desapercibida. Tan solo el año pasado fueron asesinadas mujeres como Emilsen Manyoma de Colombia, quien defendió los derechos a la tierra de su comunidad frente a proyectos agrícolas y mineros abusivos; Leonela Tapdasan Pesadilla de Filipinas, quien defendió a su comunidad de proyectos mineros a gran escala; y Laura Leonor Vásquez Pineda, de Guatemala, quien defendió sus tierras contra intereses mineros. Cada año, un número aún mayor de mujeres defensoras del medioambiente enfrentan amenazas, intimidación, violación, tortura y/o encarcelamiento, como Patricia Gualinga Montalvo, activista indígena kichwa, quien enfrenta constantes amenazas de muerte por su defensa de los derechos de su comunidad en la Selva Amazónica.

La violencia contra las mujeres defensoras del medioambiente, incluidas las mujeres indígenas, no solo representa una tragedia para ellas, sus familias y sus comunidades, sino también apunta hacia varias tendencias preocupantes que nos afectan a todos.

• Más de la mitad de todos los actos de violencia registrados por Global Witness son perpetrados por personal de policía, militar o de seguridad, y se ha vuelto más común calificar a muchas defensoras del medioambiente como "terroristas" por el simple hecho de defender pacíficamente sus tierras y territorios. Esta tendencia representa un giro hacia el autoritarismo a nivel mundial, y las mujeres, en especial las mujeres indígenas, se ven afectadas por este abuso de autoridad.
• La violencia perpetrada por las corporaciones contra las personas más vulnerables representa uno de los diez principales riesgos mundiales identificados en el informe 2018 del Foro Económico Mundial, en el que se cita que la disminución de la capacidad de gobernanza nacional, junto con el mayor poder de las corporaciones multinacionales, representan una amenaza mundial para la paz y la estabilidad.
• Las mujeres, sobre todo las mujeres pobres urbanas y rurales, enfrentan cada vez más una forma relativamente nueva de violencia: la violencia ambiental, o cualquier actividad que contamine los recursos ambientales, en especial el suelo y el agua, a través de la producción, propagación y/o descarga de materiales tóxicos. La violencia ambiental afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que las toxinas se bioacumulan en la leche materna, lo que afecta tanto a mujeres como niños.
• Este tipo de violencia está en creciente expansión, e incluso está perjudicando a quienes apoyan a los defensores. Periodistas como Efigenia Vásquez Astudillo de Colombia, quien fue asesinada mientras informaba sobre las disputas por el derecho a la tierra en Colombia, y abogadas como Maria da Lurdes Fernandes Silva, quien impugnó legalmente las actividades ilegales en la región de Pará de Brasil, parecen estar enfrentándose progresivamente a amenazas por su activismo ambiental que ensombrecen el futuro de una prensa abierta y de un sistema legal sólido que nos proteja a todos.

Con todo, cabe la esperanza. A principios de este año, en parte en respuesta a la muerte de Berta Cáceres, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron un pacto legalmente vinculante, que expresa claramente el compromiso de proteger los derechos de los defensores del medioambiente. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para garantizar que mujeres y hombres no sean perseguidos por defender sus derechos, a la vez que no tengan que luchar por sus vidas en primer lugar.

 Algunas medidas que podemos tomar ahora para lograr este objetivo incluyen:

• responsabilizar a los gobiernos por la violencia perpetrada contra manifestantes pacíficos que defienden sus derechos. Si se pudieran recaudar más firmas para apoyar el nuevo acuerdo para la protección de los defensores del medioambiente, sobre todo en zonas de alta violencia, podría impulsar soluciones pacíficas;
• responsabilizar a las corporaciones, así como a sus accionistas e inversores, cuando se les pueda atribuir directamente la violencia y/o la contaminación ambiental;
• ampliar la cobertura de noticias a nivel mundial, que sigan de cerca las historias de los defensores ambientales, los desafíos que enfrentan y las injusticias que soportan; e
• invertir en resolver los conflictos y asegurar los derechos a la tierra y a los recursos de las comunidades indígenas, ya que estos derechos están en el centro de las disputas ambientales.

El PNUD tiene un claro papel que desempeñar para lograr estos objetivos, al fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos y otros mecanismos de supervisión independientes como piedra angular de los sistemas nacionales de derechos humanos.