Las Naciones Unidas comenzaron en 2015 una nueva etapa de trabajo articulada en torno al concepto de desarrollo sostenible, entendido como la articulación virtuosa entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. La Agenda 2030 se organiza en torno dicho concepto y a la necesidad de "no dejar a nadie atrás" como una condición indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible.

Hay un creciente consenso a nivel mundial en torno a que los incentivos que se derivan de las políticas económicas y financieras -impuestos y subsidios, precios relativos, regulaciones y estándares- no están correctamente alineados para motorizar la inversión pública y privada de largo plazo necesaria para el desarrollo sostenible. 

No es la carencia de recursos lo que impide el desarrollo sostenible, sino la falta de incentivos correctos para canalizarlos. El stock de activos financieros globales se estima en 300 billones de dólares, buena parte del cual se orienta a inversiones de corto plazo. Y 115 billones están en manos de inversores institucionales, que solamente canalizan una ínfima porción hacia infraestructura o hacia países en desarrollo. Estas son cuestiones relevantes para todos los países, incluyendo la Argentina.

La Argentina ha alternado ciclos de muy alto crecimiento económico con caídas abruptas y prolongadas, que redundaron en un magro crecimiento promedio, un deterioro tendencial de la inclusión social y riesgos crecientes para la sostenibilidad ambiental. Este desempeño no fue ajeno a la prevalencia de incentivos cortoplacistas y no pocas veces irracionales, que desalentaron la inversión productiva, desvalorizaron la inversión social y propendieron a la depredación de los recursos naturales y ambientales. En contraposición a lo anterior, el país no ha carecido de los recursos necesarios para sostener una gran acumulación de activos en el exterior de argentinos que a fines de 2015 superaba los 232 mil millones de dólares. 

INCENTIVOS RACIONALES

Es necesario formular e implementar políticas que se articulen en torno a incentivos racionales y de largo plazo, y que articulen virtuosamente las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. En este contexto, el PNUD, en colaboración con un grupo de destacados economistas argentinos, ha lanzado un proyecto de investigación intitulado "Incentivos para el Desarrollo Sostenible. La Dimensión Económica de la Agenda 2030 en Argentina". Los resultados de este estudio, que se irán haciendo públicos a lo largo del corriente año, aspiran a contribuir al debate nacional e incidir en políticas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible de Argentina.