En un artículo publicado en el Washington Post el 4 de marzo, el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteaba que “…el brote del COVID-19 es una nueva fuente de volatilidad y una amenaza para la estabilidad macroeconómica de América Latina y el Caribe”, poniendo a prueba la resiliencia de la región.

La propagación de COVID-19 es una crisis de salud, pero no es solo eso. Es también una crisis social, económica y política, una crisis de desarrollo, que dejará profundas cicatrices en las sociedades afectadas.

A la fecha, el virus se ha expandido a escala planetaria, con más de 487,648 casos confirmados y 22,030 muertes, que siguen en franco aumento. El Fondo Monetario Internacional señaló que esta crisis tendrá consecuencias económicas con choques en la oferta y la demanda diferentes a crisis pasadas, en parte explicado por el impacto del COVID-19 en el crecimiento de la economía china y los precios de los productos básicos, todo lo cual podría representar un shock para la región, siendo China el principal proveedor de insumos intermedios así como un fuerte destino de exportaciones. La CEPAL prevé impactos en niveles de empleo, que podrían ocasionar un aumento del 6% en la pobreza (185 a 220 millones de personas).

Ya en Bolivia se registra una caída en las importaciones (15% en enero 2020 comparado con enero 2019). La reducción del precio del petróleo (de 51,37 USD a 26,53 USD) influirá en el precio de exportación del gas boliviano, afectando los ingresos de varios sectores y niveles de gobierno, universidades, así como también la inversión y el gasto público. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares –que representa un 67% del PIB— experimentará una reducción que podría influir en el crecimiento.  Por el lado de la oferta, varios sectores están siendo afectados por las restricciones, como el transporte público, el comercio (al por mayor y minorista, formal e informal), y la actividad turística, que en su conjunto representan aproximadamente 25% del PIB.

Ante este preocupante contexto, es preciso adoptar un enfoque integral para implementar respuestas decididas a la propagación del COVID-19 para enfrentar este desafío más allá del sector salud, tanto para limitar la propagación del virus como para mitigar el impacto potencialmente devastador en poblaciones y economías vulnerables, así como en sistemas de gobernanza e institucionalidad frágiles.

Este enfoque abarca tres grandes áreas. En primer lugar, es preciso fortalecer los sistemas de salud, incluyendo la adquisición de productos de salud y suministros médicos, apoyando rápidamente el fortalecimiento de la infraestructura de salud, la gestión de residuos sanitarios, así como asesoría técnica especializada a los Ministerios de Salud, incluyendo incentivos salariales para trabajadores del sector.

Luego, es necesario establecer respuestas integradas, que reúnan a todos los niveles de gobierno, sociedad civil, academia y sector privado, alrededor de un diálogo y acciones mancomunados. Esto incluye actores de sectores que no necesariamente operan en el sector salud, como por ejemplo de las áreas de educación, transporte, servicios públicos y protección social.

Por último, es preciso trabajar en estrategias de resiliencia integrales que aborden impactos sociales, económicos, ambientales y de derechos humanos del COVID-19, definiendo agendas de mediano y largo plazo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que también aborden la discriminación creciente efecto de la pandemia y la violencia de género, con especial foco en poblaciones vulnerables.  

Ya en Bolivia se están dando pasos adelante para ayudar a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse de los impactos generados por el COVID-19, impulsados desde una mesa de coordinación estratégica al más alto nivel. Será vital articular desde este espacio acciones centradas en los grupos más vulnerables y con mirada de futuro.