La Agenda 2030, el Acuerdo de París y otras convenciones internacionales han marcado el camino para que los países y todos los sectores de la sociedad realicen los cambios y transformaciones necesarios y urgentes para cuidar el planeta.
Y más aún, la pandemia por COVID-19, unida a la actual crisis energética mundial, ha hecho aún más evidente que la sostenibilidad, ese ansiado equilibrio entre lo social, ambiental y económico, es la respuesta.
Para lograr estos cambios, el acceso a financiamiento, no solo para los gobiernos, sino también en especial para las empresas, es fundamental. Por ello, durante los últimos años han surgido cada vez y con más presencia, diferentes instrumentos financieros que permitan convertir en realidad proyectos e iniciativas sostenibles.
Así, desde los Estados hasta las entidades financieras públicas y privadas, han aparecido en el mercado diferentes modalidades como la emisión de bonos verdes y diversos incentivos, que sin embargo, en algunas regiones como América Latina y el Caribe, aún tienen presencia, acción y repercusión limitadas.
No obstante, en este contexto regional, Ecuador está dando pasos firmes para aprovechar las nuevas líneas de financiamiento verde, y prueba de ello son los 108 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a los que ha accedido la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), y que se están colocando a través de 47 organizaciones del sector cooperativo.
Considerando que el sector cooperativo representa 1/3 del sector financiero en el Ecuador, esta acción tiene un efecto multiplicador sustancial en la economía y para las finanzas verdes. De hecho, este monto es parte de los más de 473 millones de dólares que la CONAFIPS ha gestionado en el marco de la responsabilidad social en el periodo enero 2021 a abril 2022.
¿Cómo ha llegado hasta aquí el Ecuador y qué representa esto para el país?
Por un lado, Ecuador no es ajeno a la corriente mundial de cambio en normas sociales y valores respecto al ambiente.
Aunque existen algunos sectores de la población más concientizados que otros sobre la importancia de incorporar una mirada ambiental en sus actividades, vemos cómo con mayor frecuencia este interés se traslada al emprendimiento, la generación y puesta en marcha de negocios, el sector agropecuario y por supuesto a modelos energéticos de movilidad y en general de consumo sostenibles.
Por otra parte, el liderazgo de instituciones públicas, organismos internacionales y banca multilateral, entre otros esfuerzos, está creando las condiciones y mecanismos para que el país avance en su senda hacia un desarrollo sostenible.
Así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con su Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), brindó asistencia técnica y capacitación a CONAFIPS, como banca de segundo piso (la cual no trata directamente con usuarios de los créditos, sino que coloca los mismos a través de otras instituciones financieras), ha podido realizar importantes avances para impulsar un financiamiento verde en el sector cooperativo, la llamada ‘Economía Popular y Solidaria’.
En concreto, el PNUD ha promovido la adopción de modelos de negocios sostenibles, con enfoque de género, en la economía popular y solidaria; ha generado condiciones para reducir la brecha digital, y en particular, ha diseñado un Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), el cual permite identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos socioambientales así como incentivar la demanda de productos y negocios verdes
En total, 76 Cooperativas con la participación de más de 1500 personas fueron capacitadas en créditos verdes y SARAS, y actualmente 20 cooperativas están en un proyecto piloto para implementar también estos sistemas en sus organizaciones.
Asimismo, 70 cooperativas recibieron del PNUD la metodología #EnMarchaDigital, un paquete de respuesta, que, a través de guías, videos y herramientas didácticas disponibles en línea, orienta a pequeñas empresas y comercios locales y acelera su transformación digital promoviendo también una producción más verde.
Si bien son muchos los retos aún pendientes en Ecuador y a pesar de que existen importantes brechas de financiamiento para poder cumplir la Agenda 2030, cuyo horizonte está apenas a 9 años, podemos afirmar que hay pasos importantes que pueden ser transformadores y tener un efecto dominó en la economía y la sociedad que ayuden a recorrer lo que nos falta para llegar a las metas.
Desde el PNUD, agradecemos la confianza de CONAFIPS y nos complace que gracias a esta alianza y al trabajo conjunto con diferentes actores, en particular con los de la economía popular y solidaria, estemos brindando oportunidades y herramientas para crear riqueza en el país y cuidar el ambiente, el cual sustenta la vida.