El Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de Junio, fue establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 15 de diciembre de 1972 en honor a la fecha de inicio de la conferencia de Estocolmo (Suecia) en ese mismo año, cuyo tema central de discusión fue el Ambiente.  Su objetivo es la sensibilización de personas, a nivel global, sobre temas asociados al cuidado y manejo del medio ambiente, aumentando su atención y aplicación de políticas públicas. Asimismo, este día permite motivar a las personas a ser la principal herramienta activa para promover un desarrollo sostenible, mediante la cooperación entre personas, comunidades, gobiernos y Estados con el fin de priorizar al medio ambiente como una base fundamental para el desarrollo social, económico y cultural.

El 5 de junio de este año, ha sido nombrado como La Hora de la Naturaleza conmemorando a la diversidad biológica. Guatemala forma parte del Grupo de Países Megadiversos que albergan alrededor del 70% de la diversidad biológica del planeta. Este Grupo basa sus compromisos en la Declaración de Cancún[1], mismos que se orientan en incorporar a la diversidad biológica en todos los sectores bajo un enfoque integral incluyendo aspectos económicos, sociales, y culturales con pleno respeto a la naturaleza y derechos humanos. Es así como nuestro país, entre sus compromisos internacionales, afronta el reto de que los tomadores de decisión política cuenten con la voluntad de abordar las prioridades nacionales incorporando la variable de biodiversidad.  

Entre algunas vinculaciones de la biodiversidad para un desarrollo sostenible, podemos mencionar: a) fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional facilitando el acceso y promoviendo un uso racional de nuestra agro-biodiversidad y conocimiento tradicional colectivo asociado (ODS 2: hambre cero); b) impulso del desarrollo energético asegurando la protección de zonas de recarga hídrica e implementando buenas prácticas sociales, económicas y ambientales para la gestión integrada del agua (ODS 7: energía asequible y no contaminante); c) promoción de economía local incentivando emprendimientos cuyas cadenas de valor integren esfuerzos agrícolas, pesqueros, turísticos (ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico y 13: Acción por el Clima); d) protección social asegurando el derecho y acceso a saneamiento y educación ambiental, como medida que garantice la salud y formación integral (ODS 3: Bienestar y Salud, 4: Educación de calidad y 6: Agua Limpia y Saneamiento); e) fortalecimiento institucional implementando planificación basada en resultados que permita asignar inversiones estratégicas para mejorar la resiliencia económica y socio-ambiental. 

Estas vinculaciones, aunadas a la situación 2020 marcada por COVID-19, incendios forestales, contaminación por desechos sólidos y líquidos en cuerpos de agua entre otros, muestran, una vez más, la relación directa que tienen nuestras acciones, de manera individual y colectiva, sobre la naturaleza. Los impactos positivos o negativos que ejerzamos sobre la naturaleza son evidentes cuando afrontamos los efectos impredecibles de su fuerza, empujándonos a preguntarnos ¿son las autoridades ambientales responsables del desarrollo sostenible? ¿estamos invirtiendo los recursos económicos existentes para promover un desarrollo socioeconómico sostenible? ¿somos parte de los tomadores de decisiones para implementar o promover políticas que incorporen la naturaleza como pilar de nuestro desarrollo sostenible?

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala mediante diferentes proyectos nacionales e iniciativas globales promueve soluciones basadas en la naturaleza mediante perspectivas asociadas a finanzas ambientales, cambio climático, biodiversidad, gestión sostenible de bosques, entre otros. Estos esfuerzos son orientados al fortalecimiento de instituciones de Gobierno central y local con el propósito de transversalizar aspectos ambientales desde una perspectiva multidimensional. Los niveles de estas intervenciones van desde una contribución en el diseño y revisión de política pública y planificación estratégica y presupuestaria hasta creación de emprendimientos sostenibles e incluyentes que mejoran la resiliencia de medios de vida locales. Para lograrlo se facilitan alianzas estratégicas con el sector privado, académico, y comunidades para que se unan a dichos esfuerzos. Finalmente, ¿en qué contribuimos cada uno de nosotros hacia un desarrollo sostenible?

[1] https://www.cbd.int/cop/cop-13/hls/cancun-declaration-final-es-1.11.2016.pdf

Escrito por: Fernando García Barrios

Doctor en Sostenibilidad Ambiental y Negocios de Carbono Forestal de la Universidad de Lincoln, Christchurch, Nueva Zelandia, Maestro en Formulación y Evaluación de Proyectos e Ingeniero Agrónomo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente desempeña el puesto de Oficial del Programa de Energía y Medio Ambiente del PNUD.