La publicación “Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. Identificar las barreras para lograr la igualdad” permite profundizar, desde la perspectiva de la igualdad de género, en las oportunidades y desafíos que enfrentan el país y la sociedad a fin de asegurar un desarrollo pleno y equitativo para todas las mexicanas y los mexicanos.

La publicación muestra el panorama de desarrollo humano de las mujeres en las 32 entidades y los 2456 municipios y delegaciones de México para el año 2012. Se presentan, también, los resultados de la primera estimación del Índice de Desigualdad de Género (IDG) para las entidades, que adapta la metodología propuesta en el Informe mundial sobre Desarrollo Humano 2010.

La información de ambos indicadores se analiza en fichas para cada entidad federativa. Además, se examinan las capacidades institucionales de las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF).

Los resultados de la publicación muestran que en México existen contrastes importantes en el nivel de desarrollo humano de las mujeres. Para identificarlos, se utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide un conjunto de capacidades relevantes de los individuos para poder elegir entre formas de vida alternativas:

• a) La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable;
• b) La capacidad de adquirir conocimientos;
• c) La oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno.

Índice de Desigualdad de Género (IDG)

El IDG permite conocer la pérdida en desarrollo humano debida a la desigualdad entre mujeres y hombres al medir la diferencia en el logro entre ambos sexos en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Cuando el IDG tiene un valor cercano a cero, el panorama de desarrollo es igualitario; cuando se aproxima a uno, las desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias.

El valor nacional del IDG fue de 0.393 en 2012. En ese año, las mujeres en México experimentaron en promedio menores desigualdades de género que las de América Latina, el Caribe y África Subsahariana, pero mayores a las de Europa y Asia Central. En 2012, Baja California Sur (0.323) mostró la menor desigualdad de género; no obstante, Aguascalientes tuvo el mayor nivel de desigualdad para las mujeres con un valor del IDG de 0.474.

Empoderamiento

El componente de empoderamiento del IDG refleja el acceso a escaños en el Congreso y a niveles secundarios y terciarios de educación. El promedio nacional fue de 0.472 en 2012. El Distrito Federal (0.559), Baja California Sur (0.558) y Baja California (0.547) son las entidades con mayor nivel de empoderamiento para las mujeres; no obstante, Chiapas (0.409), Puebla (0.434) y Guerrero (0.436) tuvieron los menores niveles.

Salud reproductiva

La dimensión de salud reproductiva del IDG –que incluye la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente- tuvo un promedio nacional de 0.527 en 2012. En ese año, Querétaro (0.547), Jalisco (0.541) y Nuevo León (0.539) tuvieron las mejores condiciones de salud reproductiva. Sin embargo, las entidades con mayores desventajas en esta dimensión fueron Guerrero (0.522), Tlaxcala (0.523) y Durango (0.524).

Mercado laboral

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo es otra dimensión del IDG. En 2012, el promedio nacional del indicador fue de 0.605. Los estados con mayor porcentaje de mujeres que participaron en el mercado laboral fueron Quintana Roo (0.678), Colima (0.671) y Yucatán (0.643). Por el contrario, Chihuahua, Querétaro y Durango presentaron los logros más bajos, con valores de 0.554, 0.555 y 0.559, respectivamente.

Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF)

En la publicación se hace notar que la situación de las mujeres puede mejorar con ayuda de instituciones que contribuyan a incorporar la perspectiva de género en las decisiones de política pública. Por ello, se presenta un análisis de las características institucionales de las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF). Al respecto, se identifica la importancia de contar con una posición dentro del aparato gubernamental estatal y atribuciones que les permitan influir efectivamente sobre las decisiones de política pública. Asimismo, se identifica la necesidad de asignar recursos públicos suficientes y adecuados para hacer frente a la magnitud de los rezagos en cada entidad.