La Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) puso en primer plano, una vez más, la vieja cuestión de si el activismo -y el compromiso cívico en general- socava o impulsa la vida democrática. “El enfoque radical de Greta Thunberg está reñido con la democracia”, dijo Christopher Caldwell en The New York Times. "No", objetó India Bourke en The New Statesman; “necesitamos a Greta Thunberg más que nunca”. Al enfrentarnos a muchas cuestiones difíciles sobre el futuro de la democracia, es importante que nos tomemos el tiempo necesario para examinar detenidamente esta cuestión, así como sus repercusiones para la política y la práctica de la gobernanza en todo el mundo.

El estado de los asuntos mundiales y las opiniones de los ciudadanos, documentadas en múltiples encuestas de opinión en distintos países, no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que las instituciones y los procesos democráticos están mostrando signos de tensión frente a retos enormemente complejos. Tampoco cabe duda de que garantizar una esfera pública inclusiva que permita a todos los ciudadanos opinar sobre los asuntos que afectan a sus vidas será esencial para que dichas instituciones y procesos se adapten a la realidad del mundo actual. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué queremos decir exactamente cuando hablamos de una “esfera pública inclusiva”?

Durante gran parte del último decenio, hemos observado un escepticismo creciente hacia la democracia como forma de gobierno, un aumento significativo de los movimientos de protesta y, en muchos países, una desconexión cada vez mayor entre los ciudadanos y el Estado. Se trata de fenómenos complejos que con frecuencia dependen del contexto y no pueden reducirse a un único conjunto de causas. Sin embargo, en su diversidad, todos apuntan en la misma dirección: lo “público” en la “esfera pública” no puede limitarse a los salones (o pasillos) de las instituciones estatales.

De hecho, hay pruebas convincentes de que, si queremos alcanzar el ideal de la Agenda 2030 de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, necesitamos una esfera pública mucho más amplia, una esfera pública que llegue a las comunidades y facilite ámbitos significativos, además de las formas tradicionales de representación política, donde las personas puedan reunirse libremente, expresar sus opiniones y organizarse para la acción colectiva. En otras palabras, necesitamos espacios cívicos propicios.

Que no quede duda: las elecciones libres y limpias (y las instituciones conexas, como los partidos políticos y los parlamentos) son el fundamento de la democracia. Revisten importancia vital y deben valorarse y protegerse. Sin embargo, el voto también es un método muy imperfecto para garantizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Las elecciones enfrentan a los ciudadanos a opciones muy contundentes -esta o aquella persona, este o aquel partido- y necesariamente se celebran solo a intervalos muy dilatados. Por esta razón, el compromiso cívico, en sus diferentes formas, es fundamental para garantizar que las voces de los ciudadanos sean plenamente escuchadas y tenidas en cuenta.

No obstante, la importancia del compromiso cívico va más allá.

La participación activa de los ciudadanos es necesaria para fomentar la rendición de cuentas de las instituciones públicas y la evidencia demuestra que, en las circunstancias adecuadas, puede contribuir a reducir la corrupción. La acción colectiva ha desempeñado históricamente un papel importante como complemento de la prestación de servicios por parte del estado y del mercado para garantizar la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Y la movilización ciudadana puede tener un impacto significativo en la transformación de las actitudes y los comportamientos de manera que favorezcan la paz y el desarrollo sostenible.

A veces se afirma que las restricciones al espacio cívico son necesarias para mantener la estabilidad social y política, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, negar a las personas un espacio para la participación pacífica, legal y constructiva no hace desaparecer sus sentimientos de ira y descontento. Por el contrario, puede llevar estos sentimientos a la clandestinidad, donde se movilizan más fácilmente hacia la violencia. En este sentido, una inversión en espacio cívico es una inversión en resiliencia.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada tras la Segunda Guerra Mundial como hoja de ruta hacia "la libertad, la justicia y la paz en el mundo", reconoce inequívocamente que las personas tienen derecho a participar activamente en la dirección de los asuntos públicos de múltiples maneras, incluso -como aclara el Comité de Derechos Humanos- "ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse". 

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de un menoscabo generalizado de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica que, combinado con el acoso a activistas, personal de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, está dando lugar a una importante reducción del espacio cívico en todo el mundo. Por esta razón, en su llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, el Secretario General de las Naciones Unidas invita a todos los agentes a esforzarse más por fomentar el espacio cívico como un bien público esencial y a defenderlo cuando se vea amenazado. 

Basándose en la visión del Plan Estratégico, el PNUD se compromete a trabajar con sus asociados de todo el mundo para garantizar que las expectativas de los ciudadanos en cuanto a voz y participación se vean satisfechas por espacios cívicos abiertos, seguros e inclusivos. Este compromiso se materializa en diversas iniciativas: desde el fomento de la responsabilidad social en Liberia (en inglés) hasta el apoyo a un proceso constitucional más inclusivo en Chile; desde la promoción de la gobernanza participativa a nivel local en Bangladesh (en inglés) hasta la exploración de modalidades innovadoras de financiación para las organizaciones de la sociedad civil en los Balcanes Occidentales (en inglés), por mencionar sólo algunas.

Además, el PNUD se ha comprometido a trabajar estrechamente con las autoridades estatales y los agentes de la sociedad civil para promover marcos normativos que estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes para el espacio cívico. Nos complace enormemente haber colaborado con el International Center for Not-for-Profit Law (en inglés) en la elaboración de la publicación "Marcos jurídicos que regulan el espacio cívico – Guía básica", y esperamos utilizar este recurso en nuestra labor con los socios a nivel nacional, regional y mundial.

Volviendo a nuestro punto de partida, los sucesos ocurridos en Glasgow reconfirmaron que responder adecuadamente a la emergencia climática requerirá nada menos que una transformación radical de nuestras formas de vida en muchos planos, en particular, en patrones de producción y consumo profundamente arraigados. También está claro que esta transformación solo será posible mediante un enfoque de toda la sociedad basado en una amplia participación y movilización de los ciudadanos. Una vez más, se nos recuerda que los desafíos del desarrollo son también desafíos de la gobernanza y que necesitamos urgentemente un ámbito público adecuado para el mundo de hoy.