La transparencia es un elemento crítico para hacer que la gobernabilidad sea más efectiva. Al hacer que la información esté disponible, crea una base para una mayor rendición de cuentas a los ciudadanos. En las últimas décadas, la transparencia ha aumentado en América Latina y el Caribe. De acuerdo con los datos del Índice Global de Derecho a la Información, 23 países de ALC tienen leyes que garantizan el derecho de acceso a los ciudadanos a la información. Colombia fue el primer país en la región en aprobar una ley de este tipo en 1985, y Saint Kitts y Nevis fue el último en hacerlo en 2018.

Si bien la transparencia es una condición necesaria para promover la rendición de cuentas, no es una condición suficiente. Podemos pensar en la transparencia como un primer paso. Si la transparencia hace que la información esté disponible, también en necesario la publicidad para que la información sea accesible, y mecanismos de rendición de cuentas (conocidos en su conjunto como “Accountability”) para que la información sea procesable. La información,en sí misma, no es nada sin publicidad y rendición de cuentas, y si no llega a las audiencias interesadas, su efecto es insignificante. De igual manera, incluso cuando la información llega al público, si no conlleva consecuencias, su efecto no solo es insignificante sino también potencialmente dañino. Por ejemplo, hemos visto lamentablemente muchos casos en nuestra región donde las personas pueden acceder a información detallada sobre casos de corrupción, pero no les pasa nada a los responsables. Esto lleva a la frustración y destruye la confianza.

Podemos pensar en esta progresión de la transparencia a la rendición de cuentas como la "cadena de valor de la información". Recientemente, una forma en la que se ha roto la cadena de valor de la información en América Latina y el Caribe es la creación intencional y la difusión de información falsa (lo que se sabe como “desinformación”). En muchos casos, los pseudoinformes se crean con fines políticos y se dirigen a audiencias específicas, con la intención de inducir ciertos resultados (por ejemplo, al influir en el comportamiento de la votación). Este sistema se ha denominadocomo la industria de las "noticias falsas" o “fake news”—un término ampliamente utilizado por los políticos en los últimos tiempos. Es importante tener en cuenta que la información falsa también se puede difundir involuntariamente (lo que se conoce como "información errónea").

El aumento de la desinformación y la información errónea se ha visto facilitado por el avance   tecnológico. La tecnología—en particular el aumento de penetración de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería—ha reducido el costo de la difusión de información a audiencias masivas. Esto ha hecho que la industria de la "publicidad" sea más competitiva y ha creado una nueva dinámica social en la que las personas a menudo tienen acceso a la información como equivalente al conocimiento. Si bien el conocimiento es difícil de construir y actualizar constantemente, la información se ha vuelto fácil de obtener, y los debates públicos se basan cada vez más en información falsa—y con frecuencia deliberadamente falsa. De hecho, un estudio reciente realizado por académicos en el MIT encontró que las noticias falsas se difunden mucho más rápidamente que las verdaderas noticias, y este efecto es particularmente importante para las noticias políticas falsas (en comparación con las noticias falsas sobre temas como el terrorismo, los desastres naturales, la ciencia y las leyendas urbanas o información financiera).

Según el Informe digital del Instituto Reuters de 2018, los ciudadanos de los países de ALC se enfrentan a una gran exposición a información falsa, y están muy preocupados por las noticias reales y las noticias falsas en Internet. En cada uno de los cuatro países de ALC incluidos en el estudio (Brasil, Chile, México y Argentina), más del 35% de los encuestados declararon que habían estado expuestos a noticias completamente inventadas en la última semana, alcanzando el 43% de los encuestadosde la muestra en México. Además, más del 60% de los encuestados manifestaron que están muy o extremadamente preocupados por lo que es real y lo que es falso en Internet cuando se trata de noticias—llegando a alcanzar el 85% de la muestra en Brasil. Este alto nivel de preocupación es consistente con las experiencias recientes de desinformación política en la región, por ejemplo, mediante el uso de bots automatizados para influir en la opinión pública en Brasil, Argentina y Venezuela. Este problema conlleva la preocupación por consecuencias potenciales más amplias, como la profundización de la polarización política o la erosión de la confianza en los medios de comunicación. De hecho, en las últimas décadas, la difusión de información falsa por parte de los partidos políticos y los niveles de polarización político-social han aumentado en tándem en ALC. Esto representa un desafío no solo en ALC, sino en muchas regiones del mundo reflejándose en el tema elegido para el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año—que se centró en el periodismo y las elecciones en tiempos de desinformación.

Varios países de América Latina celebran elecciones presidenciales a fines de este año: Argentina, Bolivia, Guatemala y Uruguay. Existe una preocupación en la región acerca de cómo las campañas de desinformación, combinadas con el envío de mensajes políticos focalizados y la publicidad sofisticada a través de las redes sociales y las plataformas en línea, podrían afectar el resultado de las elecciones. Hay mucho que podemos hacer en esta área para proteger la cadena de valor de la información y la calidad de las elecciones— como los acuerdos de "campaña limpia" entre los partidos políticos, la creación de servicios independientes de verificación de datos, una mayor aplicación por parte de las compañías de medios sociales y la promoción de la alfabetización informacional entre los ciudadanos. En América Latina, estas iniciativas aún son incipientes, pero están creciendo. Sin embargo, es importante reconocer que combatir el desafío de las campañas de desinformación requerirá la acción coordinada de múltiples partes interesadas, como los tribunales electorales, los medios de comunicación, la sociedad civil, el mundo académico y las empresas de tecnología (como Facebook, Google, WhatsApp y Twitter). Sin una coalición fuerte de actores, será difícil reparar con éxito la cadena de valor de la información e inducir una rendición de cuentas efectiva.