¿Quiénes son los responsables de la ejecución del gasto público en biodiversidad en Colombia?

Retomando la gráfica 1, se evidencia que, en el país, el gasto público es gestionado, principalmente, por las entidades del gobierno central y por los gobiernos territoriales, con una participación menor, pero importante de las corporaciones autónomas regionales.

Desde el gobierno nacional central, el gasto público en biodiversidad ha mantenido sus niveles a través de la inversión en instrumentos de gestión cada vez más especializados como los planes de acción en biodiversidad, el Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales, el manual de compensaciones, el impulso a reformas tributarias que incluyen impuestos verdes y el mantenimiento continuo del interés de la cooperación internacional.

A nivel de los entes territoriales, uno de los principales componentes que ha generado la evolución del gasto en biodiversidad ha obedecido a la asignación con destinación específica de un porcentaje de los ingresos corrientes o permanentes dentro del ciclo económico de esos entes.

En cuanto a la ejecución (gráfica 3), las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA) como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, institutos de investigación ambiental y corporaciones autónomas regionales ejecutan el 40 % del gasto en biodiversidad, mientras que otras entidades del orden nacional y entidades territoriales descentralizadas (No SINA) ejecutan el otro 60 %.

También es de resaltar que, el gasto de las entidades No SINA responde a una agenda intersectorial en biodiversidad cada vez más amplia como el sector de agricultura y desarrollo rural que, hoy, hace un gran aporte desde el presupuesto general de la nación y es relevante en la estrategia financiera de la biodiversidad por la reducción de los costos asociados a los incentivos y subsidios que generan impactos negativos.

Con respecto a las corporaciones autónomas regionales, la evolución en el gasto ha estado asociada a los instrumentos económicos y financieros administrados por estas entidades, creados por la Ley 99 de 1993 que ha priorizado la conservación, el manejo y la mitigación de la biodiversidad y el agua.

Visto por fuentes de financiación, el gobierno central es el principal aportante con 42 % del gasto público. Le siguen entes territoriales descentralizados en Colombia, departamentos y municipios con un 36 % que, según análisis preliminares sobre fuentes de financiación actuales y futuras, sería la participación con mayor potencial de crecimiento (por ingresos corrientes y Sistema General de Regalías).

Finalmente, el 22 % que corresponde a la financiación de las corporaciones autónomas regionales, proviene de las tasas de uso, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico y la sobretasa o el porcentaje ambiental sobre el impuesto predial. Aquí también vale la pena rescatar que el temprano desarrollo de instrumentos económicos en la década de los 90, administrados por las corporaciones autónomas regionales, ha venido consolidando fuentes de financiación permanentes y crecientes para la gestión de la biodiversidad. Se prevé una mayor eficiencia e innovación en fuentes como las tasas de uso, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico y la sobretasa o el porcentaje ambiental sobre el impuesto predial.