Prioridades nacionales y contexto

Las desigualdades de género en Bolivia tienen múltiples expresiones, en correspondencia a la interseccionalidad con matrices de desigualdad como la etnia, la edad, el lugar de residencia, la discapacidad y la condición económica.

De acuerdo con los análisis del PNUD, antes de la pandemia por COVID-19 Bolivia había logrado la mayor reducción de la pobreza en toda la región y ocupaba el primer lugar en materia de prosperidad compartida, pues el 40% más pobre de la población superaba el crecimiento alcanzado por el promedio total de la población (PNUD, 2018). Sin embargo, persistían las diferencias urbano rurales y las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres, pues estas únicamente alcanzaban al 70% del ingreso de los hombres.

En relación a las tareas del cuidado, estas se mantienen en la esfera de responsabilidad de las mujeres y no se redistribuyeron como resultado del confinamiento de las familias durante la pandemia. Por el contrario, las limitaciones en el funcionamiento de los servicios de salud, educación y protección social, implicaron la transferencia de estas obligaciones a los hogares, y al interior de ellos, a las mujeres de todas las edades, incluidas las niñas y las adolescentes. La magnitud de las tareas del cuidado, en términos de tiempo destinado para su desarrollo, así como de contribución a la economía nacional (cuentas satélites), no ha sido estimada por la ausencia de una encuesta nacional de uso de tiempo, aspecto que se mantiene como un desafío importante en la generación de evidencias. Respecto al impacto del cuidado en las oportunidades de las mujeres, el diagnostico nacional de la ONU (2022) ha evidenciado que estas son el 60% la Población Económicamente Inactiva (PEI), mientras que los hombres son el grupo mayoritario en la Población Económicamente Activa (PEA) lo que coincide con la persistencia de sus roles de cuidado y quehaceres domésticos.

Entre las mayores expresiones de la desigualdad, se encuentra la violencia de género. Bolivia es parte de los países de la región con la mayor tasa de feminicidio, y el principal en Sudamérica, al registrarse al menos 100 muertes de mujeres por año (CEPAL, 2021). De acuerdo con la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (EPCVcM, 2016), el 74,7% de las mujeres casadas o en unión libre, de 15 o más años de edad, sufren o han sufrido situaciones de violencia en su relación de pareja. El 88% declaró sufrir o haber sufrido violencia psicológica, el 46,6% violencia física, el 34,6% violencia sexual y el 33,9% violencia económica.

En cuanto a la participación de las mujeres, Bolivia cuenta con leyes que norman la participación igualitaria en puestos políticos de toma de decisiones (Ley N°26 del Régimen Electoral (2010) y Ley N°25 del Órgano Judicial). Su aplicación ha derivado en el incremento gradual de representantes mujeres en espacios como la Asamblea Legislativa Plurinacional donde, durante las elecciones de 2021, 47% de las diputaciones y 56% de las senadurías quedaron bajo responsabilidad de las mujeres. Sin embargo, también es importante considerar que 8 de 9 organizaciones políticas no respetaron la paridad y alternancia en las listas de candidatos a las elecciones 2019. Durante las elecciones de 2021, 5 de 8 organizaciones políticas tenían pocas o ninguna propuesta dirigida a las mujeres y la atención de las desigualdades de género y en la actual gestión de gobierno solo 4 de 17 carteras ministeriales son ocupadas por mujeres (Coordinadora de la Mujer, 2022). Además, los avances en la participación no han influido en la disminución de casos de acoso y violencia política contra las mujeres, particularmente en espacios municipales. En 2021, el Ministerio Público, registró 60 casos de acoso y violencia política que pasaron a la justicia ordinaria, mientras que otros se resolvieron en el marco de la normativa electoral (Fiscalía General del Estado, 19/12/21).

Respecto al acceso a los recursos, la Constitución Política del Estado (CPE) establece la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra (art. 402.ii). Un importante marco normativo garantiza estos derechos, pero existen condiciones socioculturales que han limitado su efectiva implementación. Las mujeres siguen teniendo un acceso restringido a la tierra, el agua, los recursos forestales y otros, porque prevalece el discurso de acceso colectivo o familiar, la representación masculina de los hogares, la idea de chacha warmi o complementariedad, el desconocimiento de los derechos de las mujeres, el hostigamiento y observación durante la participación en procesos de diálogo comunal, las limitaciones de ejercicio de la dirigencia y las restricciones de acceso a la capacitación.

En temas medio ambientales, los desafíos se concentran en garantizar a las mujeres las mismas oportunidades para tomar decisiones sobre los recursos naturales y la gestión de riesgos, así como para acceder a los beneficios de su conservación y uso. En este ámbito, la perspectiva masculina del patrimonio restringe la participación de las mujeres rurales e indígenas, pero también las oportunidades de mujeres especializadas en el tema que enfrentan los efectos de la segmentación laboral del sector y los estereotipos de género (Entrevistas, 2021).

En términos de desigualdades, son también importantes aquellas brechas que tienen que ver con el acceso a la educación (principalmente inicial y superior) y la salud sexual y reproductiva.