Con una inversión de más de 10 millones de dólares, la Iniciativa Spotlight finalizó sus cuatro años de implementación en El Salvador. En la última reunión del Comité Directivo Ampliado que coordinó las acciones de la Iniciativa, se conoció y aprobó el informe anual 2022 y el informe final de 4 años 2019-2023.

Spotlight, un programa conjunto del Sistema de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), inició en el año 2019 con el establecimiento de un acuerdo nacional para hacer frente a la violencia feminicida y el feminicidio en El Salvador, reunió a cuatro agencias: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres.

El programa, sumó además para su ejecución, los esfuerzos de 12 instituciones de gobierno, siete entidades del sector justicia, tres municipalidades (San Salvador, San Martín y San Miguel) y de 32 organizaciones de sociedad civil, benefició en total en los cuatro años, a 643,817 personas, en su mayoría mujeres y niñas.

Mediante diversos apoyos, las instituciones nacionales mandatadas en materia de violencia contra las mujeres y las niñas mejoraron su capacidad para la prevención, atención y el acceso a la justicia, basados en los estándares internacionales del paquete de servicios esenciales; y las organizaciones de mujeres y de sociedad civil, consolidaron sus capacidades de atención y sus procesos de incidencia para impulsar la transformación de los servicios, desde la experiencia de las usuarias.

 La iniciativa trabajó en seis pilares fundamentales: (1) Marcos legales, políticos e institucionales, (2) fortalecimiento institucional, (3) prevención de la violencia a través de la transformación cultural y social, (4) fortalecimiento institucional para la prestación de servicios esenciales de calidad, (5) generación de información a través de datos disponibles y fiables y (6) fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y sociedad civil.

Desde el componente PNUD se apoyó a instituciones del sector de justicia, para fortalecer las competencias del funcionariado en materia de violencia basada en género; también a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el desarrollo de la herramienta del Sistema Integrado de Gestión de Expediente Judicial Electrónico, para la gestión digitalizada de expedientes, su seguimiento e interacción; la verificación del cumplimiento de plazos procesales, la elaboración de reportes e informes entre otros.

Asimismo, se apoyó y trabajó coordinadamente con otras instituciones del sector Justicia: Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), con ISDEMU, y con las alcaldías de los municipios priorizados de San Salvador, San Martín y San Miguel.

Así como la dotación de herramientas para análisis e investigación, mobiliario y equipo que le permita a las instituciones mejorar las condiciones para desarrollar las funciones relacionadas con la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Lea el reporte de resultados de cuatro años de implementación aquí