La República Dominicana es un país de ingreso mediano alto, pero también lo es en tamaño: es el segundo país más grande del Caribe después de Cuba, uno de los más diversos de la región, con la segunda población más vasta, de 10 millones de habitantes, y una esperanza de vida en aumento.

Aunque el desempleo que provocó la pandemia de COVID-19 en el país está disminuyendo drásticamente, el 24 % de la población en edad de trabajar sigue inactiva, y es algo que afecta de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables. La mitad de la fuerza laboral tiene empleos informales, lo que supone muchos desafíos al momento de dictar políticas. Además, las mujeres representan el 66 % de la población desempleada en edad de trabajar, lo que revela una importante disparidad de género.

La República Dominicana está enfrentando efectos del cambio climático que se manifiestan en el aumento de las temperaturas y en la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, tales como inundaciones y sequías. Dichos efectos contribuyen a una caída aguda del rendimiento agrícola y una mayor inseguridad alimentaria, a la erosión del sector turístico de la economía (que representó el 15 % de la economía dominicana en 2022), a mayores impactos sobre la salud (enfermedades de transmisión vectorial, de transmisión hídrica, cardíacas y respiratorias) y a consecuencias socioeconómicas. Estos impactos, combinados con las disparidades laborales, sin duda afectan la calidad de vida de las personas, como lo demuestra la caída de casi el 20 % que vio el país en su Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad entre 2020 y 2022.

¿Cómo podemos impulsar la transición de modo que todos puedan salir adelante?

La transición justa se define como una ecologización de la economía de modo que sea lo más equitativa e inclusiva posible para todas las personas implicadas, donde se generen oportunidades de trabajo decente y nadie quede rezagado. Un aspecto central de este concepto son los empleos verdes, que combinan la preservación del medio ambiente con los trabajos decentes. El compromiso nacional de la República Dominicana de hacer frente al cambio climático por medio de su promesa climática nacional (también llamada contribución determinada a nivel nacional o NDC, por sus siglas en inglés) apunta a generar 100.000 puestos de trabajo en la consecución de acciones climáticas.

En efecto, mitigar el cambio climático y adaptarse a su impacto, proteger ecosistemas, y promover una producción y un consumo sostenibles pueden dar lugar a nuevos empleos en todos los segmentos de la sociedad. Al impulsar la creación de empleos de calidad, estos sectores podrían propiciar el uso sostenible de recursos naturales. Por ejemplo, el empleo de mecanismos de financiación innovadores en energía eólica y solar (por medio de los bonos verdes) ya está generando un crecimiento prominente del empleo en estos sectores clave en la República Dominicana, lo que a su vez repercute sobre la oferta académica y las capacitaciones.

Para establecer puntos de partida con el fin de impulsar la transición justa en la República Dominicana y evaluar el potencial de los empleos verdes, el PNUD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con el Ministro de Trabajo, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Consejo Nacional para el Cambio Climático, elaboraron un estudio conjunto.

El estudio reveló un interesante potencial no explorado en determinados sectores, entre ellos, la agricultura, el transporte, el turismo y la gestión de residuos.

Pero estas oportunidades solo pueden materializarse si la República Dominicana y las empresas preparan a su población y su fuerza laboral. El arsenal jurídico del país es más que suficiente, pero se necesitan incentivos en cada uno de los sectores (residuos, agricultura, turismo) para implementar las políticas públicas vigentes con medidas de protección social específicas que se apliquen en todos los niveles.

A continuación exponemos nuestras ocho recomendaciones para lograr la transición de la economía dominicana y dar respuesta a los desafíos actuales de la pobreza y la desigualdad.

1. Empresas verdes para la sostenibilidad: Transformar estratégicamente las empresas agrícolas y de turismo siguiendo un plan de desarrollo sostenible a nivel nacional, y apoyarse en las asociaciones empresariales ya consolidadas. Este enfoque se aplica en algunos subsectores, como el de la producción de cacao, y es una iniciativa que vale la pena replicar.
2. Protección de los nuevos integrantes de la fuerza de trabajo: Garantizar estándares sociales para los trabajadores de los sectores agrícola, de energías renovables, de turismo sostenible y de gestión de residuos por medio del refuerzo de los derechos laborales y los planes de transición profesional verde, así como del fortalecimiento de los institutos de formación profesional que cuentan con recursos limitados.
3. Inversión en turismo verde: Velar por inversiones significativas en infraestructura de turismo resiliente al clima, y promover una desviación del modelo clásico de “sol y playa”, que consume una gran cantidad de recursos y, como se ha demostrado, solo beneficia a unas pocas comunidades locales.
4. Incorporación de la agenda de empleos verdes: Integrar la agenda de empleos verdes en los planes nacionales de empleo para velar por un crecimiento económico sostenible, como se ha hecho con la explotación de tierras y proyectos relacionados con la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD), en particular, a través de una coordinación más estrecha y prioritaria a nivel presidencial entre el Ministerio de Trabajo y sus contrapartes del ámbito medioambiental.
5. Armonización de políticas sectoriales: Acentuar la coherencia entre las diferentes políticas climáticas y enfoques sectoriales para promover la creación de empleos verdes siguiendo orientaciones ya existentes. Algunos sectores esenciales para considerar son el turismo, la gestión de los recursos hídricos y de residuos, la energía y minería, y la biodiversidad. Un ejemplo esclarecedor de esto es el trabajo actual en cuanto al acondicionamiento de aire. En un contexto donde segmentos enteros de la economía dominicana (en especial, el turismo) se ven en la necesidad de atravesar una transición para generar menos emisiones, ser más eficientes y contar con tecnologías para generar menos desechos con el fin de cumplir el Protocolo de Montreal y el Acuerdo de París, esto ha generado cientos de nuevos empleos para técnicos y certificadores.
6. Fomento del diálogo social: Favorecer el diálogo entre el público, los empleadores, los trabajadores y las partes interesadas (asociaciones empresariales, sindicatos, el ámbito académico y la sociedad civil) para suscitar el apoyo de las taxonomías y políticas laborales y ambientales con una perspectiva de género, lo que ayudará a mitigar los impactos de la transición en los diferentes sectores económicos.
7. Soluciones locales: Procurar pensar en soluciones que se adapten a las necesidades, activos y desafíos específicos de cada región, como, por ejemplo, a través de planes de desarrollo territoriales o regionales, teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático, la transformación económica y las desigualdades sociales varían considerablemente según el lugar. Resulta imposible, por ejemplo, equiparar la árida y relativamente pequeña ciudad de Pedernales, que comparte una economía transfronteriza limitada con Haití y está sujeta a una gran variedad de riesgos climáticos y de seguridad, y Punta Cana, un paraíso tropical centrado en el turismo y desarrollado meticulosamente, que enfrenta desafíos sociales, económicos y climáticos totalmente distintos.
8. Subsanar la disparidad de género: En la actualidad, la República Dominicana se encuentra en el puesto número 112, de 189 países, del índice de desigualdad de género mundial. Esta disparidad se presenta en sectores esenciales para lograr una transición justa. Según un estudio del Banco Mundial, el 72,2 % de los trabajos identificados como “empleos verdes” en la República Dominicana son desempeñados por hombres, y la situación se agrava en los sectores agrícola y energético. En este sentido, el 95,1 % de los empleados registrados en el sector de la energía son hombres.

En términos generales, este estudio sirve de guía “justa”. Pone de manifiesto que la relación entre el progreso económico, la sostenibilidad ambiental y la generación de empleos no solo es viable, sino que puede tener un efecto concreto y positivo sobre la vida de las personas. Mientras el mundo busca vías novedosas para el progreso, la República Dominicana parece estar lista para dar el paso hacia un futuro más sostenible y próspero para su ciudadanía. El PNUD está a disposición para prestar apoyo, basándose en lo logrado con la iniciativa Climate Promise, que ayudó a la República Dominicana a incluir indicadores con perspectiva de género y orientados al empleo para todas sus acciones en la actualización de su Plan de Acción, en el marco de su NDC. Asimismo, también contribuyó a iniciar una mesa interinstitucional de igualdad de género y cambio climático. Estos avances representan un paso esperanzador hacia más acciones climáticas con perspectiva de género.

Nota del editor: Si te gustó este artículo, lee nuestro artículo explicativo sobre qué significa una transición justa y cómo puede impulsar la acción climática. También puedes consultar el informe del PNUD acerca de cómo la transición justa puede ayudar a la cumplir el Acuerdo de París.