El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con la Conferencia Episcopal de Colombia, organizaciones de víctimas y 82 gobiernos locales, viene apoyando y acompañando al Ministerio del Interior en la creación de una Política Pública de Intervención en Cementerios para encontrar personas dadas por desaparecidas. Esta iniciativa busca preservar los sitios donde se sospecha podrían encontrarse cuerpos de víctimas de desaparición forzada, mediante medidas cautelares emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y basadas en información proporcionada por organizaciones de víctimas. Lo anterior, considerando la orden emitida por esta jurisdicción en 2023, en la cual instó al Ministerio del Interior a convocar una mesa interinstitucional para diseñar una política pública que regule la intervención en cementerios del país, teniendo en cuenta el caso especial de ‘Cementerio de los Pobres’ de Aguachica, Cesar. 

Como parte de la formulación de esta política pública, representantes de estas entidades se reunieron en la segunda y tercera semana de abril para completar un plan de acción integral de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con miras a la reparación a las víctimas. Esto, teniendo en cuenta que en Colombia hay más de 100.000 personas desaparecidas debido al conflicto armado, según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).   

Juan Manuel Riascos, líder social y defensor de derechos humanos, quien participó en las sesiones del 15 y 16 de abril, afirmó que “este tema de una política pública de cementerios es algo trascendental en la lucha de la comunidad víctima del conflicto armado, especialmente a las que son víctimas de la desaparición forzada”. 

Ambas sesiones contaron, además, con jornadas de diálogo junto con líderes sociales, víctimas y la comunidad religiosa, en las cuales participaron el Ministerio del Interior y el PNUD. 

"Es de gran importancia para nosotros, los líderes sociales y buscadores de este país, empezar a articular con el Ministerio del Interior una política pública sobre cementerios, lo que nos permitirá encontrar verdad, reconstruir historia y honrar la memoria", dijo Adriana Patricia Pérez, líder social y defensora de derechos humanos. 

El Ministerio del Interior trazó una hoja de ruta para la construcción de esta política pública, en la que el PNUD estará presente en las dos primeras fases: las mesas interinstitucionales de diálogo participativo, y el diagnóstico nacional de cementerios. La tercera fase consistirá en la redacción de un plan de acción, seguido por la elaboración e implementación de instrumentos de adopción los cuales se realizarán en una cuarta fase. El objetivo final es la articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y el Estado en torno a la intervención integral de los cementerios del país, mejorando así las condiciones para la búsqueda y protección de derechos de las víctimas.