Escriben Diana Bueno Mercado y Sebastián Sevilla Ferrari

En todo el mundo, ejercer el periodismo implica enfrentarse a grandes desafíos. En el caso de América Latina y El Caribe, supone incluso asumir grandes riesgos. De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras, la mayoría de los países de la región experimentan un deterioro de la libertad de prensa debido a campañas de desinformación, acciones judiciales abusivas y a la creciente violencia contra los y las periodistas. Solo en Perú, en lo que va del año, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha registrado un total de 119 ataques a estos profesionales y medios de comunicación. 

A propósito del Encuentro por la Libertad de Prensa en Perú, conversamos con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes fueron dos de los panelistas internacionales invitados para dialogar sobre los desafíos que enfrentan los hombres y mujeres de prensa al ejercer el periodismo en Perú y en la región. 

Este encuentro es producto de un trabajo conjunto entre tres organizaciones del Sistema de Naciones Unidas en el Perú: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); junto a las principales organizaciones nacionales que representan al gremio periodístico: el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); y el apoyo de las Embajadas del Reino Unido y Canadá. 

Carlos Jornet: CJ 

Pedro Vaca: PV 

¿Qué es la libertad de prensa? 

CJ: La libertad de prensa es un derecho fundamental, hija de la libertad de expresión. Es la llave para el ejercicio pleno de otros derechos y libertades. Sin libertad de prensa no hay libertades personales, ni tampoco hay posibilidad de una democracia plena, efectiva, que permita el ejercicio de los derechos a la ciudadanía. 

¿Por qué la libertad de prensa también es un derecho humano? 

PV: La libertad de prensa es un derecho humano porque nos permite acceder a otros derechos. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la salud. En un contexto como el de la pandemia, que hemos enfrentado recientemente, la libertad de prensa nos ha permitido acceder a información precisa y verificada sobre cómo protegernos, desmentir las noticias falsas y conocer sobre los beneficios de las vacunas. Lo mismo ocurre con el derecho a la vida o a la educación, si no aseguramos la libertad del trabajo de las y los periodistas no podríamos conocer si estos derechos están siendo vulnerados.   

¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta la prensa? 

PV: Quien está llamado a garantizar el derecho a la libertad de prensa es el Estado, que además tiene el deber de no intervenir en su trabajo. Lamentablemente, vemos en muchos países de la región que la prensa enfrenta desafíos como la violencia y la estigmatización que no son atendidos oportunamente y que no generan sanciones efectivas hacia los agresores.  

En esa línea, podemos afirmar que una de las amenazas más importantes es la estigmatización por parte de los funcionarios públicos y autoridades hacia la prensa, lo cual genera un ambiente mucho más permisivo para que exista violencia contra las y los periodistas por parte de otros actores de la sociedad, generando un clima de impunidad. 

CJ: Las estigmatizaciones derivan en amenazas, acoso, hostigamiento, cibervigilancia, violencia física, verbal e, incluso sexual, en el caso de las mujeres periodistas. Entre los casos más extremos, tenemos a quienes tienen que exiliarse o son deportados de algunos países, y también a periodistas que, lamentablemente, son asesinados. 

En la región, desde el año 1987 hasta ahora, se han registrado el asesinato de más de 700 periodistas. Esto habla de la grave situación que vive el periodismo por el avance del crimen organizado, el narcotráfico y el ataque de los gobiernos. 

¿Cuáles son los riesgos para nuestros países si se pierde o se debilita la libertad de prensa? 

PV: Una democracia sin prensa libre está llamada a ser errática, está destinada a convertirse en un régimen dominado por la propaganda y la desinformación. Sin libertad de prensa, lo que crece es el miedo y la angustia, nada de esto permite que exista vida en comunidad. El trabajo de una prensa libre permite encontrar puntos de referencia, permite que la sociedad sea más consciente de su entorno.  

Sin esta libertad, corremos el riesgo de no orientar nuestras decisiones, pues sin información vamos por la vida con una venda en los ojos.  

¿En los últimos años, existe un aumento de ataques contra periodistas en la región? 

CJ: Sí, hay un aumento. En las redes sociales hay una estigmatización potenciada. Podríamos llamarla estigmatización 2.0, porque lo que se busca es destruir la credibilidad de una persona rápidamente, a través de mensajes de alta carga confrontativa y totalmente falseados.  

Sin ninguna prueba, se busca instalar la idea de que el o la periodista es delincuente o corrupto(a) y, rápidamente, se le saca del escenario porque tiene que defenderse de esas acusaciones, mientras que los reales delincuentes siguen circulando libremente. A esto se suma que muchos periodistas no cuentan con recursos económicos suficientes para costear una defensa legal o no conocen los mecanismos para ejercer su legítima defensa. 

¿Existen amenazas que afecten especialmente a las mujeres periodistas? 

PV: En los últimos años, desde los mecanismos multilaterales, hablamos del concepto de interseccionalidad. Esto quiere decir que cuando hablamos de liberad de prensa, hablamos también de que hay vulnerabilidades acentuadas en el caso de las mujeres. En toda la región, vemos que hay marginación contra ellas en los medios de comunicación y dificultades para escalar laboralmente. Esto se da en el campo del periodismo, pero también en todos los demás ámbitos profesionales, pues se trata de una tara que afecta a toda la sociedad.  

Por ello, cuando hablamos de violencia contra mujeres periodistas, tenemos que tomar en consideración que existen componentes claros de violencia de género, pues estas agresiones tienen que ver con el acoso sexual; los insultos que buscan agraviarlas tienen que ver con su aspecto físico o con determinados roles de género.  

Las voces de las mujeres históricamente han estado subrepresentadas, por lo que las agresiones que sufren deben llamar la atención de los Estados, que son los llamados a salvaguardar sus derechos y a reducir su vulnerabilidad.  

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ¿qué acciones están impulsando para promover la libertad de prensa? 

CJ: La Comisión de Libertad de Prensa e Información trabaja con misiones presenciales en los países que atraviesan situaciones conflictivas y preocupantes; emitimos comunicados; hacemos llegar los casos a los organismos correspondientes del país que están atacando a los y las periodistas o permitiendo el ataque, para así instarlos a la acción. 

Cuando no hay una respuesta inmediata lo que hacemos es generar alianzas, por ejemplo, con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para actuar en conjunto, así como con organizaciones de periodistas de cada país. También hacemos visitas a los propios funcionarios judiciales que están, por ejemplo, iniciando un proceso legal contra periodistas.  

Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ¿cómo atienden estos casos? 

PV: Tenemos diferentes mecanismos que impulsamos desde la Comisión y desde la Relatoría. Recibimos cerca de 80 solicitudes de medidas cautelares al año en temas relacionados con la libertad de expresión. Realizamos visitas a diferentes países de la región para supervisar el estado de este derecho. De hecho, el Perú ha sido visitado en varias oportunidades, tanto por la Comisión como por la Relatoría y se han formulado recomendaciones tras un profundo diagnóstico.  

Nuestra principal misión es que los Estados puedan seguir estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Tenemos audiencias públicas temáticas por país que permiten ampliar la discusión sobre este tema. De esta manera, buscamos que todos los actores se comprometan a defender la libertad de prensa.  

En el caso del Perú, la Relatoría ha visitado el país en diferentes ocasiones en los últimos años, ¿cómo ve el estado de la libertad de expresión y de prensa? 

PV: Tanto la Comisión como la Relatoría han venido al Perú en varias oportunidades en los últimos años. Recuerdo con claridad nuestras visitas durante las protestas de los años 2020, 2022 y 2023, que tuvieron una repercusión muy grande. En estos contextos, se presentaron muchas denuncias relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y de asociación pacífica.  

En esos viajes conocimos la situación de la prensa en Lima y las regiones. Identificamos que, al igual que en muchos países de la región, existe un hostigamiento judicial contra periodistas y un aumento en la tensión entre los actores políticos, tanto Ejecutivo como Legislativo y el Judicial. Además, identificamos un incremento en la violencia de los actores estatales contra periodistas en el marco de la cobertura de protestas sociales, las cuales en general presentaron índices muy altos de violencia y la prensa no fue ajena a sus consecuencias.  

Las recomendaciones que dimos van en la línea de que el Estado peruano fortalezca sus acciones para la prevención de violencia contra la prensa. Todas las recomendaciones se dan de buena fe y esperando que el Estado las cumpla, para ello se les proporciona todo el apoyo necesario.