La participación de las mujeres en la administración pública y en los cargos de toma de decisiones está correlacionada positivamente con el desarrollo económico y la igualdad de género en la sociedad y, únicamente nivelando las condiciones socio estructurales del Estado se puede llegar a una gobernabilidad democrática, donde se rompan las bases androcéntricas del Estado y donde las mujeres puedan negociar demandas con otros actores y participar de la definición de la agenda pública.

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