Las y los Ministros responsables de las áreas sociales, económicas y ambientales de los países de América Latina y el Caribe se reunieron en Bridgetown, Barbados, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2024, en el marco del XVI Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocado bajo el tema “Resiliencia en acción: políticas sociales para navegar la incertidumbre”, organizado conjuntamente por el Gobierno de Barbados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Reunidos con el propósito de compartir experiencias, fomentar la colaboración y discutir estrategias para fortalecer las políticas sociales, económicas y ambientales, reafirmamos nuestro compromiso de promover el desarrollo inclusivo y sostenible en toda la región, particularmente a la luz de los desafíos actuales que plantean la inestabilidad económica, el cambio climático y la desigualdad social.

Reconociendo lo siguiente:

• Los importantes desafíos socioeconómicos y ambientales que enfrenta nuestra región, caracterizada por la persistencia de desigualdades y la alta vulnerabilidad de amplios segmentos de la población, han puesto de manifiesto las limitaciones de nuestros sistemas de protección social y han puesto de relieve la urgente necesidad de contar con marcos integrales que puedan resistir diversas crisis.
• Que la región se ve gravemente afectada por la crisis climática, que está obstaculizando los avances en materia de desarrollo social y reforzando así la necesidad de integrar el enfoque de resiliencia en los sistemas de protección social.
• Las actuales tensiones geopolíticas y la inestabilidad económica amenazan la estabilidad de nuestras naciones, exacerban las vulnerabilidades existentes y ponen a prueba nuestros esfuerzos colectivos para lograr el desarrollo sostenible.
• El uso de medidas unilaterales en los ámbitos económicos, financieros y comerciales obstaculiza y limita el desarrollo e interrelación de nuestros países, e impacta negativamente en el bienestar de nuestras poblaciones. 
• La necesidad de alinear nuestras políticas públicas con las prioridades de desarrollo, enfatizando el compromiso de “no dejar a nadie atrás” mientras avanzamos hacia un futuro más equitativo. Esto requiere no solo políticas sociales sólidas sino también mecanismos financieros innovadores que puedan apoyar el crecimiento inclusivo.
• El reconocimiento de que la recuperación económica de la región debe ser inclusiva, sostenible y transformadora, centrándose en mejorar la productividad, promover oportunidades de trabajo decente, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, y reducir la pobreza en todas sus dimensiones. Necesitamos fomentar un entorno que fomente la resiliencia económica, especialmente para los más vulnerables.
• El imperativo de potenciar la inclusión digital y la innovación como herramientas para el progreso social y económico. El acceso a la tecnología y a los servicios digitales debe ser equitativo y justo, garantizando que las comunidades marginadas puedan beneficiarse de los avances y las oportunidades que ofrece la economía digital.
• La diversidad cultural de nuestra región, como un bien valorado, promovido y protegido, y pilar del desarrollo humano sostenible y una oportunidad que permite establecer relaciones armónicas y de respeto entre las comunidades, siendo un potencial para enfrentar la exclusión y la discriminación.

En materia de protección social

1. Reconocemos la necesidad crítica de mejorar los sistemas de protección social adaptables que puedan responder eficazmente a las vulnerabilidades que enfrentan nuestras poblaciones, en particular a la luz de los desafíos exacerbados por la pandemia de COVID-19, las crisis climáticas en curso, los cambios demográficos, un estancamiento del crecimiento y los conflictos geopolíticos. Nuestro compromiso es desarrollar marcos de protección social inclusivos que no solo brinden asistencia inmediata durante las emergencias, sino que también promuevan la resiliencia y el empoderamiento a largo plazo de la población.
2. Reconocemos que los sistemas de protección social deben diseñarse de manera que sean inclusivos y accesibles para todos los segmentos de la sociedad, en particular para las y los trabajadores informales, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos Indígenas, las personas en situación de calle, las personas migrantes y refugiados, y otros grupos vulnerables que a menudo enfrentan barreras sistémicas. La importancia de integrar enfoques sensibles al género en nuestras políticas de protección social es primordial, garantizando así que las mujeres tengan acceso igualitario a los recursos y al apoyo. Exploraremos estrategias para desmantelar las barreras, donde existan, que impiden que los grupos vulnerables se beneficien plenamente de los beneficios de los programas de protección social.
3. Reconocemos que la lucha contra el hambre es esencial para erradicar eficazmente la desigualdad social. Al abordar la pobreza, es imperativo que la alimentación sea central en nuestras políticas, ya que la falta de acceso a alimentos nutritivos perpetúa ciclos de pobreza y exclusión. Entendemos que la protección social debe promover la seguridad alimentaria y nutricional de la población, elementos esenciales para alcanzar el bienestar integral. Promover la equidad social también implica asegurar que cada individuo cuente con los recursos necesarios para satisfacer su necesidad básica de alimentación. Un compromiso con la inclusión socioeconómica es necesario para erradicar el hambre y alcanzar la justicia social, donde todos tengan la oportunidad de prosperar y vivir con dignidad.
4. Nos comprometemos a implementar prácticas presupuestarias con enfoque de género y que aborden las necesidades específicas de las mujeres y promuevan su autonomía y empoderamiento económico. Esto incluye promover políticas y sistemas nacionales de Apoyos y Cuidados, así como garantizar que las redes de seguridad social estén diseñadas para apoyar el papel de las mujeres como cuidadoras y que reciban los recursos adecuados para mejorar sus medios de vida y su bienestar. Al priorizar la igualdad de género en nuestras políticas sociales, pretendemos reducir las disparidades que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres y fomentar una sociedad más equitativa.
5. Destacamos la necesidad de integrar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los sistemas de protección social. Esto implica crear mecanismos e instrumentos que no sólo proporcionen alivio inmediato durante las crisis, sino que también empoderen a las comunidades para adaptarse a los cambios ambientales a largo plazo. Promoveremos iniciativas que vinculen la protección social con la reducción del riesgo de desastres y las medidas de resiliencia climática, asegurando que las poblaciones más vulnerables estén preparadas para resistir futuras crisis.
6. Reconocemos que el éxito de los sistemas de protección social depende de la participación activa de todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos locales, la sociedad civil, organizaciones religiosas, y el sector privado. Fomentaremos enfoques colaborativos que alienten la apropiación comunitaria de las iniciativas de protección social, garantizando que los programas respondan a las necesidades y contextos específicos de las poblaciones a las que sirven.
7. Exploraremos el uso de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los programas de protección social. La implementación de sistemas de identificación digital y plataformas móviles puede mejorar la focalización y la prestación de servicios, asegurando que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.
8. Fomentamos el desarrollo de una cultura de investigación y desarrollo de políticas basadas en evidencia al mismo tiempo en que luchamos contra la cultura de la desinformación que es también un reflejo de la desigualdad.

9. Somos conscientes que los países de la región se están convirtiendo en sociedades envejecidas, con las implicaciones de mayores cargas sobre las familias y el presupuesto estatal y la necesidad de desarrollar políticas para abordar este fenómeno. Destacamos el potencial de la creación de Políticas y Sistemas Nacionales de Apoyos y Cuidados para promover el bienestar social, así como para impulsar el desarrollo económico y social de nuestras naciones en un contexto global de envejecimiento y crisis de los cuidados.

Sobre el uso de la innovación y la tecnología

10. Reconocemos el potencial transformador de la innovación y la tecnología digital como herramientas fundamentales para mejorar la resiliencia y la inclusión en nuestra región. Al reconocer que la transición digital presenta tanto oportunidades como desafíos, nos comprometemos a aprovechar la tecnología para fortalecer las políticas sociales, mejorar la prestación de servicios y fomentar el crecimiento económico, sin dejar de lado el respeto a las culturas y valores de las diferentes sociedades, especialmente las Indígenas y tradicionales.
11. Destacamos la importancia de garantizar que la transformación digital sea inclusiva por diseño, con el objetivo de cerrar la brecha digital que existe entre los diversos grupos socioeconómicos. Daremos prioridad a los esfuerzos para mejorar el acceso a las tecnologías digitales para las comunidades marginadas, incluidas las poblaciones rurales y los hogares de bajos ingresos. Esto incluye invertir en la infraestructura necesaria y en programas de capacitación que capaciten a las personas con las habilidades necesarias para participar plenamente en la economía digital.
12. Nos comprometemos a aprovechar las tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia y la eficacia de la prestación de servicios públicos. Mediante la adopción de soluciones digitales, como plataformas de gobierno electrónico, aplicaciones móviles y análisis de datos, pretendemos agilizar los procesos, mejorar la transparencia y la eficiencia y mejorar la participación ciudadana. Estas iniciativas ayudarán a garantizar que los servicios sociales respondan mejor a las necesidades de la población, en particular en tiempos de crisis.
13. Reconocemos que fomentar una cultura de innovación requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Fomentaremos las alianzas entre gobiernos, laboratorios de innovación, actores del sector privado, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para promover la investigación, el desarrollo y la difusión de soluciones innovadoras. Al trabajar juntos, podemos identificar e implementar las mejores prácticas que aprovechen la tecnología para abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales más urgentes.
14. A medida que adoptamos los avances tecnológicos, también debemos priorizar la protección de los datos y la privacidad de las personas. Trabajaremos para establecer marcos regulatorios sólidos que aseguren la gestión responsable de los datos y la ciberseguridad, al tiempo que fomentamos un entorno que fomente la innovación. Salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos en el espacio digital es esencial para generar confianza en las iniciativas impulsadas por la tecnología.
15. Exploraremos el papel de la tecnología en la mejora de la resiliencia climática en toda la región. Al aprovechar los enfoques basados ​​en datos y las herramientas digitales, podemos predecir y responder mejor a los eventos relacionados con el clima, minimizando en última instancia su impacto en las comunidades vulnerables. Iniciativas como la agricultura climáticamente inteligente y los sistemas de monitoreo digital pueden empoderar a las comunidades para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes. Recordamos que los cambios climáticos afectan no solamente la productividad, sino también la supervivencia de los pequeños productores rurales, por lo que deben ser considerados entre los grupos prioritarios en ese proceso de inclusión y de desarrollo tecnológico. 

Sobre el financiamiento para el desarrollo

16. Reconocemos que el financiamiento sostenible es crucial para alcanzar los objetivos de desarrollo delineados en la Agenda 2030, en particular en el contexto de los desafíos económicos que enfrenta nuestra región. En nuestro esfuerzo por generar resiliencia ante futuras crisis, nos comprometemos a explorar mecanismos de financiamiento innovadores e inclusivos que estén en consonancia con las prioridades nacionales de desarrollo.
17. Apoyamos el llamado a que se destinen mayores recursos financieros a la acción climática, resiliencia y protección social adaptativa, tomando en cuenta que la región se ve afectada por choques mayores y más profundos. Reiteramos la importancia de una combinación de políticas que consista en mecanismos fiscales, de mercado y regulatorios, y que podría incluir, según corresponda, el uso de mecanismos de fijación de precios y no fijación de precios del carbono e incentivos hacia la neutralidad de carbono y el cero neto.
18. Hacemos hincapié en la necesidad de reestructurar nuestras políticas fiscales para garantizar que respalden el desarrollo sostenible. Esto incluye alinear los sistemas tributarios con las prioridades nacionales de desarrollo y fortalecer los esfuerzos nacionales para implementar eficazmente la tributación progresiva. Las asignaciones presupuestarias deben estar alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo, priorizando las inversiones en salud, educación, cuidados y sostenibilidad ambiental. Al crear marcos fiscales que respondan tanto a las necesidades inmediatas como a los objetivos de desarrollo a largo plazo, podemos mejorar nuestra capacidad para sortear las incertidumbres.
19. Nos comprometemos a reforzar la movilización de recursos internos como base para el financiamiento del desarrollo sostenible. Esto implica aumentar la eficiencia de la recaudación de impuestos, ampliar la base impositiva e implementar reformas fiscales progresivas que aborden las desigualdades, promoviendo la distribución del ingreso y la riqueza. Reconocemos la importancia de abordar la evasión y la elusión fiscales, de todos los contribuyentes. Para lograr este propósito, reconocemos que es importante avanzar hacia la cooperación fiscal internacional en materia de tributación progresiva.
20. Buscaremos activamente fortalecer las alianzas público-privadas como medio para generar oportunidades de empleo e ingreso, así como movilizar inversiones destinadas a infraestructuras y servicios sociales críticos. Al crear entornos propicios para la participación del sector privado, podemos aprovechar el capital privado para apoyar iniciativas de desarrollo que aborden los desafíos económicos, sociales y ambientales más urgentes.
21. Nos comprometemos a explorar el uso de instrumentos financieros innovadores, como bonos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad e instrumentos de deuda contingente al Estado. Estas herramientas pueden brindar opciones de financiamiento flexibles que se alineen con los objetivos de resiliencia climática y equidad social. Al diversificar nuestras fuentes de financiamiento, podemos mejorar nuestra capacidad de responder a emergencias e invertir en el desarrollo a largo plazo.
22. Reconocemos que el financiamiento para el desarrollo también debe dar prioridad a la igualdad de género y la inclusión social. Trabajaremos para implementar prácticas presupuestarias que tengan en cuenta las cuestiones de género y que garanticen que se asignen recursos adecuados para reconocer y garantizar autonomía a las mujeres y a las comunidades marginadas. Al abordar las necesidades específicas de estos grupos, podemos mejorar la cohesión social y la resiliencia económica en general.
23. Reconocemos la importancia de la cooperación regional para movilizar financiamiento y conocimiento para el desarrollo. Al compartir las mejores prácticas y colaborar en la elaboración de estrategias de financiamiento, podemos abordar colectivamente los desafíos comunes y maximizar el impacto de nuestras inversiones. Esto incluye fomentar las alianzas con instituciones financieras internacionales para que, sin discriminación de países, se obtenga apoyo a las iniciativas de desarrollo.

Cierre

24. Reconocemos los aportes sustantivos del PNUD y la CEPAL, que contribuyeron al exitoso desarrollo de los trabajos del Foro e instamos a ambas organizaciones a continuar fortaleciendo el Foro como un espacio de intercambio, buenas prácticas y construcción colectiva en el área social para el logro de la Agenda 2030 y sus ODS en la región.
25. Subrayamos la necesidad de promover mayores iniciativas de cooperación regional entre los diferentes actores del desarrollo, así como recursos para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
26. Instamos al PNUD a que siga apoyando activamente a los países para promover sus prioridades de desarrollo, dentro de su mandato, en coordinación con las autoridades nacionales competentes y con la participación de los actores relevantes.
27. Agradecemos al Gobierno de la República Federativa de Brasil, por aceptar el mandato de realizar la VI Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL y el XVII Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina y el Caribe en 2025.

Por último, quisiéramos agradecer al Gobierno de Barbados por su generosa hospitalidad y sus esfuerzos en la coordinación y preparación del Foro, y al PNUD y a la CEPAL por su invaluable contribución al albergar este evento.

Suscrito por los Ministerios encargados de las áreas sociales, económicas y ambientales de América Latina y el Caribe, en Bridgetown, Barbados, el 1 de noviembre de 2024.

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