La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades criminales constituyen una de las principales amenazas para el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática y el crecimiento económico sostenible en América Latina y el Caribe. Los tomadores de decisión se enfrentan hoy al desafío de construir políticas de seguridad y justicia que hagan frente a y al mismo tiempo prevengan las múltiples formas de violencia existentes. Sus profundas y complejas causas no pueden ser abordadas a través de intervenciones fragmentadas; estas requieren de un enfoque integral de seguridad ciudadana que establezca, fortalezca y proteja el orden civil democrático, elimine las amenazas de violencia en la población y permita una coexistencia segura y pacífica.

La seguridad ciudadana no es un fin en sí misma. Pero la manera como se aborda y se le da respuesta a esta problemática repercute en el tipo de desarrollo y la forma de gobierno que avanzamos. El trabajo conjunto y sostenido con instituciones nacionales, locales, académicas y de la sociedad civil deja al menos cuatro lecciones que se abordan en este documento: 

(i) la calidad de la información y los datos desagregados son fundamentales para tomar decisiones de política pública acertadas y abordar la violencia de manera efectiva. Estos datos deben ser transparentes y accesibles a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas innovadoras; 

(ii) soluciones populares y efectistas pueden mitigar síntomas, pero no resuelven problemas sociales complejos y pueden poner en riesgo la institucionalidad, la calidad democrática, las libertades y el desarrollo humano; 

(iii) la reducción sostenida de la incidencia delictiva se ha logrado principalmente mediante la implementación de políticas integrales de prevención, con un enfoque territorial y de derechos, y fortalecimiento institucional (pero esto no ha sido suficiente), y 

(iv) aunque el aumento de sanciones penales no es una solución efectiva para reducir la violencia, es importante promover la certeza de que los delitos reciben un castigo justo y proporcional respetando los derechos humanos y las leyes. 

Las soluciones a la seguridad ciudadana deben estar centradas en las personas y en políticas públicas que aborden las desigualdades sociales, el desempleo y mejoren la educación. La inversión social y prevención son fundamentales para contar con sociedades más justas, pacíficas y cohesionadas.

Desde el Sistema Iberoamericano, esta visión de la seguridad ciudadana como elemento fundamental del desarrollo permite aprovechar la cooperación internacional, incluyendo la cooperación Sur-Sur y triangular, para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambos lados del Atlántico3 y abrir nuevas oportunidades para que los Estados diseñen políticas de seguridad más efectivas y adaptadas a las realidades locales.

La Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado representa un momento único para dialogar sobre estrategias integrales que refuercen la seguridad, la sostenibilidad y la equidad, a la vez que fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones. En este marco, PNUD, Fundación Carolina, IDEA Internacional y SEGIB se unen para compartir buenas prácticas que contribuyan a la construcción de una agenda renovada que ponga a las personas al centro de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.