Entrevista por Sebastián Sevilla Ferrari

Salvador Romero es secretario ejecutivo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral de México y ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entre 2019 y 2021. Luis Martínez-Betanzos es asesor senior electoral para la oficina regional del PNUD en América Latina y el Caribe.  

Ambos son dos de los especialistas más importantes de la región en materia electoral y panelistas de la conferencia internacional Conflictividad Electoral en América Latina y el Caribe: causas, lecciones aprendidas y medidas de prevención, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE) en Lima.  

Conversamos con ellos sobre el Estado de la democracia en la región, los riesgos que enfrentan los procesos electorales y cómo mitigarlos.  

LBM: Luis Martínez-Betanzos 

SR: Salvador Romero 

¿Qué características tiene la conflictividad electoral en América Latina?  

LMB: Definitivamente, la conflictividad electoral en la región ha regresado con más fuerza en los últimos años. Estamos viviendo los momentos más difíciles en materia electoral de los últimos 20 años.  

Vemos un aumento de la polarización y la desinformación, pero también una fuerte presencia de las economías criminales en la política, como la minería ilegal o el narcotráfico. Sin duda, se ha erosionado la confianza en las instituciones electorales y órganos de poder. Estos elementos se juntan y crean un contexto complejo en todos los países latinoamericanos.  

SR: Tenemos varios tipos de amenazas. Podemos mencionar factores externos, que ocurren cuando un gobierno busca interferir con el proceso electoral o cuando uno de los contendientes busca deslegitimar las elecciones, desconociendo los resultados o denunciando un fraude sin pruebas.  

Otro tipo de amenazas se dan cuando los propios organismos electorales no cumplen adecuadamente su función o no se rigen bajo estándares internacionales de transparencia, en estos casos se da una vulneración mayor, eso explica, por ejemplo, el deterioro democrático en países como Nicaragua o Venezuela.  

Uno de los temas que se abordaron en la conferencia es la judicialización de las elecciones, es decir, dilatar la proclamación ganadores mediante medidas judiciales, ¿qué riesgos identifica en este tipo de maniobras? 

SR: Tanto el cuestionamiento de resultados o las denuncias de fraude son recursos que utilizan quienes buscan desprestigiar a los organismos electorales. La judicialización de los comicios busca que una elección se defina por fuera de los organismos electorales, esto es algo que afecta a su autonomía y sus competencias. La democracia exige respetar los roles exclusivos de las instituciones, en este caso, la de administras justicia a nivel electoral.  

El Perú está a poco más de un año de tener elecciones generales y subnacionales, ¿Qué aspectos son claves para tener comicios justos y pacíficos? 

LMB: El Perú pasa por un momento de tensión muy grande. Desde las elecciones del 2021, la situación parece haberse vuelto más crítica. Vemos que hay una permanente confrontación entre los poderes. Que haya instituciones que afecten el trabajo de otras, en especial de las electorales, supone un riesgo grande.  

En el Perú, los organismos electorales tienen porcentajes de credibilidad bajísimos. Esto es algo muy extraño, pues se trata de instituciones competentes con legislaciones bien estructuradas y con autoridades profesionales.  

Además, las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) coinciden en que las elecciones en el Perú son justas y transparentes. 

LBM: Sí, eso quedó claro en el proceso del 2021 y en las elecciones que han venido después. Pero la percepción de la ciudadanía es muy mala y yo creo que se debe a la desinformación. En ese sentido, una conciencia crítica de la ciudadanía puede hacer la diferencia. 

La sociedad civil tiene un rol clave. 

LBM: Es un momento en el que todos los que creen en la democracia en el Perú tienen que unirse, como la sociedad civil, los medios de comunicación o la empresa privada, y trabajar conjuntamente para que los valores democráticos prevalezcan.  

SR: La sociedad civil organizada tiene un papel protagónico. En primer lugar, son electores, es decir, son quienes eligen a sus representantes. En segundo lugar, son observadores, pues pueden organizarse para hacer observación electoral y advertir irregularidades en el proceso. En tercer lugar, son responsables de no fomentar la polarización ni compartir información falsa, que puede generar serios problemas en un contexto electoral.